22 de mayo de 2025
Es martes por la tarde. Dejó de llover y el sol empieza a calentar. Pocas personas caminan por el predio en el que funcionó el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde hubo 5.000 personas secuestradas durante la última dictadura. El espacio de memoria ya no es lo que era. Hay edificios cerrados y menos trabajadores, por decisión del Gobierno de Javier Milei. Una nueva presencia marca un cambio de clima: cuatro uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA) charlan divertidos en lo que fue, durante los años del terrorismo de Estado, la Plaza de Armas y que, desde hace más de diez años, es la Plaza de los Derechos Humanos.
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti está cerrado. El 31 de diciembre, sus trabajadores recibieron un mensaje de WhatsApp desde la Secretaría de Derechos Humanos –que maneja el exjuez Alberto Baños– avisándoles que habían sido licenciados hasta nuevo aviso. Solo pudieron ingresar para retirar algunas de sus pertenencias. Quedan obras, libros, manuscritos que no pudieron rescatar. El próximo 25 de mayo se cumplirán 100 años del nacimiento de Haroldo Conti. El 5 de mayo pasado se cumplieron 49 años de su secuestro en manos de los grupos de tareas de la dictadura. Ninguno de estos dos aniversarios podrán ser abordados desde el centro cultural que lleva su nombre en homenaje a su compromiso y militancia. «El Conti es un espacio más de difusión y promoción de los derechos humanos que este Gobierno clausura. Que esté cerrado tiene un impacto grande en la afluencia del público al predio», dice Matías Cerezo, excoordinador del centro cultural y mano derecha de Eduardo Jozami, su fundador. «Con el cierre intentan borrarnos, pero el olvido no se decreta», añade.
En la ex-ESMA conviven distintas iniciativas vinculadas a los derechos humanos: las que dependen del Estado nacional –como el Conti, el museo que funciona en el lugar donde estaban alojados los prisioneros, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Museo Malvinas–, las que dependen de los organismos de derechos humanos –como el Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi) de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la Casa Nuestros Hijos de la Madres Línea Fundadora, Casa por la Identidad de Abuelas o la Casa de la Militancia de H.I.J.O.S– y los que se referencian en organismos internacionales, como el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur.
Administración y sedes
Un ente conformado por el Gobierno nacional, el Gobierno de la Ciudad y el directorio de organismos de derechos humanos administra el predio, del que dependen trabajadores que se ocupan de la seguridad, el mantenimiento, la promoción de actividades y las visitas guiadas. Dos días después de la marcha del 24 de marzo pasado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decidió suspender las transferencias para pagar los sueldos. Lo hizo con una campaña en la que afirmaba que había «cortado» otra «caja millonaria en derechos humanos». El 30 de abril, el directorio de organismos denunció que la ex-ESMA está en emergencia ante lo que aparece como una decisión del Gobierno de ir vaciando el lugar.
«El espacio memoria y derechos humanos (ex-ESMA) se pensó para la convergencia de distintas instituciones. Eso hace que hoy siga teniendo actividad. Sin embargo, la falta de presupuesto y la política nacional que va en contra de la memoria, la verdad y la justicia lo afectan tremendamente. La situación es crítica por la reducción de presupuesto y porque el Gobierno está constantemente agrediendo a los organismos», dice la antropóloga Valeria Barbuto, que integra el directorio de organismos en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Desde 2015, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) tiene su sede principal en la ex ESMA. El ministro Cúneo Libarona celebra en redes sociales que despidió a 405 trabajadores del organismo, lo que representa una merma del 44 por ciento de la planta. El 22 de mayo, el Gobierno fue más allá: degradó la SDH a subsecretaría.
Por los despidos de sus guías y de otros trabajadores, el Museo Sitio de Memoria ESMA abre dos días menos. Declarado en 2023 Patrimonio de la Humanidad por la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el 22 de mayo se cumplen 10 años de su apertura. El Gobierno decidió celebrar la fecha a su modo: modificó su estructura y lo puso bajo la órbita del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que, por el momento está acéfalo, y todo indica que pasaría a ser conducido por Ana Belén Mármora, una abogada cuya militancia está centrada en la lucha contra los derechos reproductivos de las mujeres.
El Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que pasará a depender del CIPDH, también se vio afectado por el despido de personal. Allí se resguarda, entre otros, el fondo producido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). A diferencia de otros tiempos, ahora no se puede recorrer el ANM sin más. La gestión libertaria contrató seguridad privada y, ante la posibilidad de ingresar, convocan a Natalia Oriolo, su nueva titular. Ella –que, en redes sociales, se define como abogada y libertaria– entró a la gestión durante el gobierno kirchnerista. No tuvo empacho para que en marzo ingresara Santiago Oría, documentalista personal de Javier Milei, para registrar imágenes para el video que se filmó por los 49 años del golpe. Agustín Laje, intelectual orgánico de La Libertad Avanza (LLA), grabó su exposición desde la biblioteca del Conti, cerrado para el público general y para sus trabajadores.
En enero de 1998, Carlos Menem anunció que iba a trasladar la ESMA a Puerto Belgrano y que iba a demoler los edificios para emplazar un parque para la reconciliación. La destrucción se frenó por un amparo que presentaron Laura Bonaparte, Madre de Plaza de Mayo, y Graciela Lois, esposa de Ricardo Lois, un detenido-desaparecido que había estado secuestrado en ese campo de concentración. «Los organismos quisimos preservar el lugar por la memoria y porque teníamos la intención de que sirviera como prueba para los juicios, que todavía no se habían reabierto. Con los años, vimos que paulatinamente ese espacio, con mucho trabajo y compromiso, se fue transformando en un lugar de tristeza y dolor en un lugar de trabajo y educación», dice Lois, referente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. «Nuestro rol como organismos y como directorio es hacer todo lo posible para que ese lugar siga funcionando a pesar de las políticas de los distintos Gobiernos. En este momento nos quieren ganar por cansancio o por abandono. Ya han despedido gente de la Secretaría, lo que da la impresión para afuera de que se quiere desmantelar el lugar. Pero la presencia nuestra, que tenemos edificios allí, hace que las actividades continúen y que mantengamos viva la memoria de lo que allí pasó. Nuestro compromiso sigue estando y será hasta el último aliento de cada uno», remarca.
El futuro
Sin apoyo del Estado, los organismos de derechos humanos abren las puertas de sus edificios. Días atrás, H.I.J.O.S organizó una feria en la ex-ESMA. Hay actividades en la Casa por la Identidad, Casa Nuestros Hijos, el Ecunhi, entre otros. Algunos edificios se usan como oficinas: tal es el caso del de Familiares, donde tiene su sede Memoria Abierta –la ONG que preserva los archivos de los organismos de derechos humanos−. También tiene su sede el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En algún momento, Cúneo Libarona anunció que iba a mudar la sede del Ministerio de Justicia a la ex-ESMA. Durante el Gobierno de Mauricio Macri, se inauguró un edificio, que nunca tuvo final de obra y hoy su estado es de abandono. Lleva el nombre de Raúl Alfonsín, denostado por el actual presidente. No se sabe si Cúneo aún conserva esos planes. El Gobierno no termina de mostrar cuáles son sus cartas para el espacio memoria y derechos humanos.
Desde febrero, cuando censuró un recital del artista juvenil Milo J, quedó en claro que el Gobierno iba a disputar lo que sucede en los espacios de memoria. Ese mismo día ordenó retirar una gigantografía en la que se veía a Néstor Kirchner ordenando bajar los cuadros de los dictadores del Colegio Militar de la Nación. El 24 de marzo pasado, H.I.J.O.S, con la presencia de Máximo Kirchner, decidió reponerla en su edificio. Baños no escondió su ofuscación y hay quienes dicen que la suspensión de transferencias para pagar los salarios fue una represalia por ese acto. «El interrogante es qué va a hacer la Justicia para proteger un espacio que, además de ser sitio de memoria, es patrimonio de la humanidad. El ministro de Justicia y el secretario de Derechos Humanos avanzaron con una denuncia falsa de supuesta malversación para justificar una auditoría y, de esa forma, suspender el pago de los salarios de los trabajadores del ente, que, en definitiva, son quienes sostienen el sitio. ¿Qué van a hacer los señores jueces frente a semejante ataque?», se pregunta Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como distintas relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya recibieron notificaciones sobre el vaciamiento de la ex-ESMA. La pregunta, como decía Montenegro, es quién pondrá un límite.
