28 de octubre de 2022

El Senado de la Nación aprobó la reforma a la Ley de integración socio-urbana de barrios populares, que prorroga por diez años la suspensión de los desalojos, promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos y propone ampliar el alcance de la norma declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios. La iniciativa fue respaldada por 64 votos a favor y uno en contra, de la senadora del PRO de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero. Lucia Corpacci, del FdT, resaltó la importancia de la ley: «Una de las modificaciones más importantes al proyecto presentado inicialmente en el año 2018 es la extensión del plazo que tienen los barrios populares para impedir los desalojos, se amplía de 4 a 10 años», expresó. Por su parte, el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, hizo hincapié en que hay cinco millones de personas «que viven en vulnerabilidad extrema» y que eso demuestra «lo lejos que se está de alcanzar un piso mínimo de dignidad».