28 de julio de 2026
Foto: Jorge Aloy
El presidente de la Nación informó que transmitiría por cadena nacional las características y razones de su propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la normativa que fija los objetivos, deberes y obligaciones de la autoridad monetaria. Un cambio que debe ser aprobado por Ley del Congreso de la Nación.
Suele decirse que este tipo de comunicados son «para la tribuna», en cuanto a que el Gobierno quiere informar de manera amplia, una decisión de política económica que considera muy importante, y que tiene por objeto impresionar o ganar la aprobación del electorado.
Pero tratándose de un tema tan técnico como la Carta Orgánica del Banco Central, ¿a cuánta gente «de la tribuna» o a cuántos votantes llegará efectivamente este mensaje emitido por cadena nacional? Pareciera que a muy pocos.
Cabe preguntarse entonces a quiénes iría dirigido el mensaje. Es dable pensar que a los integrantes del denominado «círculo rojo», es decir, las empresas e inversionistas locales de mayor envergadura, con gran capacidad de lobby (por ejemplo, y no se agota en ellos, quienes cenaron a puertas cerradas con Kristalina Georgieva, titular del FMI, en el Palacio Duhau). También hacia los representantes internacionales como embajadores de los Gobiernos hacia los cuales la administración argentina siente gran afinidad, los grandes inversores financieros y agencias de calificación a nivel mundial, y varios integrantes de organismos internacionales de crédito.
Para ir entrando en tema, uno de los artículos más criticado por el liberalismo de la normativa actual es el 3º: «El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social». Y muchas veces, al citarlo, o analizarlo, se suele olvidar la frase «en la medida de sus facultades», esencial para comprender la intención del mismo. Y estas definiciones son importantes para que el accionar de la autoridad monetaria sea compatible con las políticas de los distintos Gobiernos electos.
Los cambios propuestos
El vocero presidencial identificó cinco puntos para demostrar la necesidad de cambio de la normativa. El principal de ellos es volver a la redacción de los años 90, que rezaba: «Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda», leyenda que estaba escrita con grandes letras de bronce en la entrada del edificio del BCRA. El primer mandatario ha recalcado que resulta esencial que el Central tenga una sola misión: controlar la inflación.
Proponer este único objetivo implica pensar que el aumento generalizado de precios es un fenómeno exclusivamente monetario, cuando se ha comprobado a nivel mundial que no es así (y la reciente escalada de los precios del petróleo, que arrastran a la inflación en la mayoría de los países, es una evidencia importante).
Por ejemplo, la Reserva Federal (el banco central de Estados Unidos) tiene un «doble mandato»: mantener la inflación por debajo del 2% anual, y promover el máximo empleo. Es decir, objetivos económicos y sociales aunados. También podría citarse el ejemplo de Uruguay, para cuyo banco central la estabilidad de precios es el eje, pero que a su vez debe contribuir con los objetivos de crecimiento y empleo dictados por la política económica general. Un país que desde el inicio de este siglo tiene inflación anual de un dígito, y recientemente registró la más baja en 70 años.
Otro de los objetivos de la gestión libertaria es eliminar la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional, para eventualmente compensar algún gasto extraordinario, como la atención de catástrofes o el fuerte aumento del precio del petróleo en la actualidad. El argumento es que esta operatoria podría generar una inundación de pesos en la economía y fomentar la inflación. Pero en la actualidad, el BCRA puede financiar al Tesoro con determinados límites, y el Tesoro debe cancelar estas obligaciones antes de un año, normativa que no permite «inundar de pesos la economía».
Además, resulta importante recordar que a inicios de la década del 90 se tomó esta decisión de eliminar de cuajo el financiamiento del BCRA al Tesoro, pero que complicó significativamente la gestión económica. Incluso, fue una cláusula que no impidió el derrumbe de la Convertibilidad en 2001.
Esta limitación significa imponer un freno al accionar del Estado. De hecho, con la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos generó una gran expansión monetaria comprando una importante cantidad de «bonos basura», para evitar el malfuncionamiento del sistema financiero nacional, e internacional. Y muchos países que tomaron similares medidas terminaron teniendo deflación, dada la fuerte crisis que atravesó la economía mundial por el frenazo financiero. Sin duda, la falta de una autoridad económica con capacidad para tomar estas decisiones, hubiera generado mucha más incertidumbre y profundizado la crisis, poniendo en juego la estabilidad financiera internacional.
Sanciones
Otro de los objetivos que propone el Gobierno es: «Endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria». Parece de difícil implementación, y puede tener altas probabilidades de debilitar el mandato constitucional que tiene el Congreso Nacional. En efecto, la Constitución le encarga al Parlamento las cuestiones inherentes a la política monetaria, entre ellas reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, pero, además, fijar su valor y también el de las extranjeras.
Si recurrimos a la experiencia, con la actual redacción de la Carta Orgánica, durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central en la presidencia de Mauricio Macri, se estableció que, como está primero en la enunciación, la misión fundamental es la estabilidad monetaria, y a ello se dedicaría exclusivamente dicha administración: un objetivo que no se logró. En el mismo sentido, la actual gestión manejó la liquidez del sistema financiero (y el nivel de tasas de interés), a través del BCRA, según lo fue dictando su visión ideológica y su pragmatismo.
Dado que la Carta Orgánica actual permite la aplicación de políticas monetarias diversas, puede pensarse que la urgencia de su modificación se orienta a condicionar a las eventuales gestiones de otro signo que pudieran acceder al Gobierno en el futuro.
Luego de lo comentado, la extrema importancia que se le otorga a las modificaciones en las funciones del BCRA permite pensar que el Gobierno quiere demostrar iniciativa en momentos en que, según varias encuestas, su aprobación en la sociedad está en descenso.
En definitiva, es un enfoque y actitud típicos de las administraciones neoliberales, cuyos efectos sobre la economía y la sociedad en nuestro país, y las crisis generadas por estos, conocemos largamente.
