Opinión

El FMI y el Banco Mundial insisten en recomendar un ajuste fiscal más acentuado y el achicamiento del Estado, mientras justifican el alto costo social con promesas de un despegue económico que no llega.

Los relatos optimistas del Gobierno libertario en foros locales y del exterior se ubican cada vez a mayor distancia de los efectos concretos que padecen la mayor parte de las empresas y familias.

El paso de Milei por Nueva York incluyó promesas y anuncios, mientras en Buenos Aires se difundían nuevos datos sobre el deterioro de la situación social y económica.

El proyecto de Presupuesto de la administración pública para 2027 ratifica la continuidad del ajuste y contiene previsiones de mejoras macroeconómicas con escasas chances de concreción.

Mientras se agudiza el deterioro de sectores como la industria y la construcción, con el consiguiente impacto en los ingresos y el empleo, la oposición frena proyectos regresivos en el Congreso.

Mientras el Gobierno reafirma que se cumplirán las metas pautadas con el FMI y destaca el apoyo estadounidense, los datos macroeconómicos preanuncian dificultades que se intentarán sortear con un mayor ajuste.

La reforma propuesta a la Carta Orgánica del BCRA procura la continuidad de la política monetaria más allá del actual período presidencial.

Aunque admiten los pobres resultados y altos costos sociales del modelo, funcionarios y empresarios instan a la sociedad a continuar con los sacrificios.

Las alzas de precios no se detienen, mientras el Gobierno exhibe un supuesto superávit fiscal a partir del desvío de recursos con fines específicos, como es el caso de las obras viales. Intromisión de EE.UU. en decisiones soberanas.

La estabilidad monetaria alentada por el Gobierno como única función del BCRA no será el resultado de una ley, sino de la solidez de la economía, la producción y el empleo.