3 de agosto de 2026

El Gobierno Nacional reorganizó el sistema de control alimentario del país, disolviendo al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) por decreto y redistribuyendo sus funciones entre dos organismos, según su especialidad: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Ministerio de Salud, mientras que también se modificó el Código Alimentario Nacional, estableciendo por primera vez un plazo máximo para su actualización. El Senasa absorbe las funciones de registro, control y fiscalización de alimentos, mientras que la cartera sanitaria concentra su rectoría en la definición de política alimentaria, con foco inicial en la eliminación de colorantes y saborizantes de los alimentos procesados. Esta distribución no es azarosa, ya que, el Senasa ya cuenta con la infraestructura territorial de control alimentario más grande del país −laboratorios, cuerpo de inspectores y despliegue en todo el territorio nacional para producción primaria e industrial−, algo que el INAL nunca tuvo desplegado con esa escala. Se trata de una cuestión de capacidad operativa instalada, no de jerarquía institucional.