29 de agosto de 2026
El Gobierno libertario impulsa una agenda «antiterrorista» al compás de su alineamiento incondicional con Estados Unidos. Antecedentes y claves de una ofensiva que reactualiza viejas lógicas represivas. Palabras de especialistas.
Sintonía. Milei junto a Flavio Bolsonaro, hijo del condenado expresidente de Brasil, en un encuentro en junio de este año.
Foto: NA
Javier Milei se la rebusca en los últimos tiempos para hablar del terrorismo en cada oportunidad que tiene. Le propuso a Flavio Bolsonaro, candidato a presidente en las trascendentales elecciones de Brasil, combatirlo juntos. Afirmó, en una entrevista televisiva, que había terroristas «disfrazados» de estudiantes, docentes y periodistas. Denunció haber padecido actos terroristas en las calles y, en su discurso por el aniversario de la muerte del libertador José de San Martín, llamó a luchar contra «todas las formas del terrorismo». La agenda antiterrorista del presidente se mueve al son de su alineamiento internacional con Estados Unidos, pero también tiene rémoras dictatoriales.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostiene que la retórica antiterrorista del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) es parte central de su política internacional. Explica, en gran parte, la alianza con Estados Unidos e Israel. De hecho, cuando distintos medios –desde La Nación hasta la revista Crisis– filtraron parte del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), se pudo saber que entre los principales objetivos que debía perseguir el sistema estaba mantener incólume ese alineamiento.
A mediados de julio pasado, Marco Rubio convocó a una cumbre en el Departamento de Estado de Washington en la que explicó que la administración de Donald Trump estaba adoptando ciertos cambios en su política antiterrorista. Durante el último cuarto de siglo, la atención de la Casa Blanca había estado centrada en lo que podría denominarse como terrorismo islámico. Pero, al entender de Rubio, esa estrategia había dejado zonas sin iluminar: sin demasiados datos que sustentaran su posición, el titular del Departamento de Estado diagnosticó el resurgimiento del terrorismo político. Para que quedara claro, habló de extremismos de izquierda y los comparó con lo sucedido en los años 70 en la región. Uno de los ejemplos que mencionó fue el de Montoneros, la organización político-militar argentina.
Milei envió a dos emisarios de alto rango a la cumbre en Washington: su canciller Pablo Quirno y José Lago Rodríguez, número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). A pesar de los pedidos de informes, Quirno sigue sin responder a qué se comprometió la Argentina durante esa conferencia. Lago Rodríguez, por su parte, se jactó de que el país había sido uno de los únicos cinco elegidos para exponer.
Washington. El canciller Pablo Quirno presente en la cumbre convocada por el secretario de Estado de EE.UU, a mediados de julio.
Foto: redes sociales
Un recurso nada novedoso
El rol de mejor alumno de Washington en la región es algo que la administración Milei busca presumir. Desde la SIDE señalan que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) eligió a la Argentina para montar un Centro Nacional Antiterrorismo (CNA). El ente, que en la práctica depende del organismo que lidera Cristian Auguadra, se conformó en octubre del año pasado. Sus oficinas fueron visitadas después de la cumbre en el Departamento de Estado por Andrew Bailey, número dos del FBI, quien también se reunió con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La apelación al terrorismo en clave política no es nueva. La dictadura pasó del concepto de subversivo para referirse al enemigo interno –propio de la Doctrina de Seguridad Nacional– al de terrorista para situar su «pelea» en una clave que pudiera entenderse en todo el mundo. De hecho, meses atrás, la propia SIDE desclasificó archivos que mostraban que ese mismo organismo había escrito en 1978 un libro llamado La Argentina y sus derechos humanos, en el que se hablaba de la «agresión del terrorismo contra la Argentina». Era una estrategia para hablar de una supuesta campaña contra el país. En ese mismo momento, un grupo de secuestrados de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue obligado a escribir y a editar una publicación similar que llevaba por título Argentina-Europa: ¿Un mismo terrorismo?
Más allá de las diferencias que los separan, otra protagonista del elenco oficialista lleva décadas refiriéndose al terrorismo en esa clave. Es Victoria Villarruel, que hace 20 años es la cara visible del Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv).
La administración Milei hace tiempo que espera que se aplique la legislación antiterrorista –adoptada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)– contra quienes salen a las calles a manifestarse contra las medidas promovidas por el Gobierno. Fue la estrategia que se empleó contra los 33 detenidos por protestar contra la Ley Bases en junio de 2024. Se repitió también más recientemente en una denuncia que presentaron dos funcionarios que dependen de Monteoliva para que se investigara y detuviera a quienes se movilizaron contra la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En su presentación, pedían que se aplique el artículo 41 quinquies del Código Penal, que duplica las penas por actividades terroristas. La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), explica que el fiscal Carlos Stornelli promueve la misma figura contra los detenidos por oponerse a la reforma laboral.
Una categoría maleable
Desde el sistema de justicia, Milei consiguió acompañamiento. Horas después de que el presidente hablara en un reportaje con Luis Majul de terroristas disfrazados en los medios de comunicación y en las universidades, el procurador interino Eduardo Casal firmó una resolución para que el Ministerio Público Fiscal (MPF) se sumara al CNA. Según surge de esa misma resolución, la invitación había sido cursada hacía diez meses, pero evidentemente los tiempos se aceleraron. Diez días después, Casal aprobó una guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque.
La inclusión del MPF en el CNA fue celebrada en redes sociales por las huestes celestiales que se alinean detrás del asesor Santiago Caputo. Según el último registro público del MPF –que data de 2022–, las causas por terrorismo no eran un tema especialmente relevante para la Justicia argentina: se contaban únicamente 33 expedientes.
«Hay una retórica antiterrorista y otra de lucha contra el narcotráfico, pero también una combinación de ambas. Es una política global que lleva a cabo Estados Unidos. A medida que Milei se va metiendo en toda la agenda estadounidense, muestra que está abierto al modo que Estados Unidos pretende gobernar la región. La apelación al narcoterrorismo, que no es una categoría que haya impactado en la Argentina, es una forma de intromisión en los esquemas de seguridad regional», le dice a Acción Sabina Frederic, antropóloga y exministra de Seguridad.
El presidente envió a su ministro de Defensa, Carlos Presti, a la cumbre que lideró Estados Unidos en Panamá del llamado «Escudo de las Américas». Se trata de una coalición militar liderada por Washington para combatir supuestamente el narcoterrorismo. Si el Gobierno se apegara a la normativa vigente, sabría que las Fuerzas Armadas argentinas no están facultadas a combatir contra el narco.
Estados Unidos suele hablar de «narcoterrorismo» para referirse a organizaciones criminales como el Comando Vermelho o el Primer Comando de la Capital, que operan en Brasil. Su interés se acrecienta a medida que se acercan las elecciones en ese país y la posibilidad de que Luiz Inácio Lula da Silva permanezca en el Gobierno.
Del 18 al 20 de agosto, Monteoliva fungió como coanfitriona de una cumbre que la agencia antidrogas estadounidense (DEA) organizó en Buenos Aires. En un mano a mano con Clarín, la ministra no descartó sumarse a la persecución de los grupos que Estados Unidos tiene apuntados en Brasil.
En su primera presentación ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, negó que manejaran una hipótesis de terrorismo político, como la que aparece en la política de Rubio, en los discursos de Milei o en las denuncias que se impulsan desde el Poder Ejecutivo.
El terrorismo es como una categoría maleable que funciona de acuerdo a los intereses geopolíticos y que se alimenta de la batalla cultural que tanto entusiasma al presidente.
