3 de septiembre de 2026
Llegó a una maternidad de Tucumán con una emergencia obstétrica y salió como una delincuente. Un caso emblemático que expone lo que puede suceder cuando una mujer vulnerable recurre al sistema de salud en busca de ayuda.
En marcha. Manifestación del movimiento de mujeres frente al Congreso Nacional.
Foto: Facundo Nívolo
En enero de 2012, María Magdalena ‒una mujer de 26 años, de condición humilde y madre de tres hijos‒ llegó de urgencia a la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, de la capital tucumana, con fuertes dolores abdominales y una hemorragia. No sabía que estaba embarazada. En lugar de encontrar atención médica acorde a su cuadro clínico, terminó enfrentando una denuncia policial por un supuesto aborto provocado. Incluso, contó, le hicieron un legrado sin anestesia.
Se trata de un caso emblemático. No solo porque antes que Belén –cuya historia llevó a la pantalla Dolores Fonzi, como directora y actriz protagónica, en una película multipremiada–, María Magdalena instaló en la agenda judicial el derecho a la confidencialidad de la consulta en la atención de un aborto; sino también porque la médica que la maltrató y denunció llegó a juicio. Pero, paradójicamente, María Magdalena todavía no encontró justicia porque la médica –se llama Claudia Alejandra Callejas– terminó absuelta.
Sin embargo, podría tener que volver a sentarse en el banquillo de los acusados: Edmundo Jesús Jiménez, ministro Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, acaba de pedir la anulación de la absolución y que se haga un nuevo juicio.
El caso de Belén y el de María Magdalena –es un nombre ficticio para proteger su identidad– tienen mucho en común: no solo porque ocurren en un hospital público de Tucumán, y las afectadas son pobres, sino porque la abogada que alza la voz de ambas mujeres, que parecen invisibles para el sistema de salud y para la Justicia, es la misma: Soledad Deza, de la Fundación Mujeres por Mujeres.
La historia de Belén es más reciente y también, más conocida. La de María Magdalena, no.
Y es difícil de creer incluso después de 14 años.
Sin anestesia
María Magdalena llegó a una maternidad pública atravesando una emergencia obstétrica. Según declaró en el juicio, fue llevada a la sala de partos, sometida a un procedimiento ginecológico que, según su relato, se realizó sin anestesia y luego recibió la visita de efectivos policiales que le tomaron sus datos mientras se encontraba en la sala. También contó que fue maltratada y que la acusaban de ser «asesina» y «criminal».
Una profesional de la Unidad de Salud Mental de la maternidad describió una escena que hoy resulta especialmente brutal: encontró a María Magdalena semidesnuda, cubierta con sábanas, mientras policías le tomaban declaración dentro de la sala de partos.
María Magdalena terminó imputada por aborto provocado, pero fue sobreseída en 2015.
Sin embargo, mientras la causa contra ella avanzaba, el sistema judicial tucumano se resistía a investigar a quienes habían intervenido en la denuncia. La paradoja: la paciente fue investigada, el personal médico, no.
La denuncia de María Magdalena contra Callejas por violación del secreto profesional y violencia institucional fue rápidamente archivada. La investigación recién pudo reabrirse después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara en 2020 revisar el cierre de la causa a partir de una presentación de la querella, liderada por la abogada Deza. El máximo tribunal había hecho suyos los argumentos de la Procuración General que señalaban la existencia de violencia de género en el caso.
Este año se hizo finalmente el juicio contra Callejas; pero el 15 de mayo, el Juzgado Correccional Conclusional, a cargo del juez Guillermo Puig, la absolvió por el beneficio de la duda. Ahora el Ministerio Público Fiscal sostiene que esa decisión debe ser anulada. Y es la Corte provincial la que tiene la última palabra.
Uno de los puntos centrales del dictamen de Jiménez es la historia clínica de María Magdalena. En ella aparece una anotación manuscrita que dice:
«Se realiza denuncia por aborto provocado por lo evidente en el examen físico…». A continuación figura «Dra. Calleja», junto con el sello y la rúbrica de una médica residente, Alejandra Berenguer.
El Ministerio Público Fiscal cuestiona que el tribunal haya utilizado esa misma historia clínica de manera contradictoria: la consideró válida para descartar que el procedimiento se hubiera realizado sin anestesia, pero puso en duda su autenticidad cuando esa documentación resultaba relevante para otros planteos de la querella.
Pero hay otro elemento todavía más contundente. Durante la investigación, la propia Claudia Callejas reconoció que habían decidido realizar la denuncia policial. Según consta en el dictamen, la médica declaró: «Decidimos realizar la denuncia» y explicó que, en ese momento, había seguido «las instrucciones de la institución». Sin embargo, durante el juicio negó haber efectuado la denuncia.
Para el Ministerio Público Fiscal, esa contradicción fue omitida por el tribunal al analizar la prueba.
¿Quién denunció a María Magdalena?
El tribunal absolvió a Callejas porque consideró que no estaba probado que ella hubiera realizado la denuncia policial. Se apoyó, entre otros argumentos, en que en el expediente por aborto figuraba como denunciante un empleado de seguridad privada de la maternidad, Ángel Roberto Brito; pero el Ministerio Público considera que esa conclusión resulta «reñida con la lógica». ¿Por qué? Porque el empleado de seguridad no era quien había atendido a María Magdalena ni quien había tomado conocimiento de su situación médica como parte de la atención profesional. El dictamen señala que la sentencia no explicó cómo ese empleado pudo conocer los detalles del supuesto aborto, a quién respondía ni si tenía autorización para efectuar una denuncia de ese tipo.
Además, varios profesionales de la maternidad declararon que la denuncia había partido de la guardia y vincularon el episodio con las médicas que habían atendido a María Magdalena.
14 años para que una mujer sea escuchada
El caso de María Magdalena no es solamente la historia de una denuncia ocurrida en 2012. Es la historia de lo que puede suceder cuando una mujer llega a un hospital público en una situación de extrema vulnerabilidad y, en lugar de encontrar un espacio seguro y confidencial, se encuentra con la policía. Es también la historia de una Justicia que fue mucho más rápida para investigar a una mujer por un supuesto aborto que para investigar la posible violación del secreto profesional cometida durante su atención médica. Y es la historia de una causa que lleva 14 años buscando una respuesta.
