25 de septiembre de 2026
Beneficiados. Sturzenegger y Caputo sin responsabilidad penal por el endeudamiento con el FMI.
Foto: redes sociales
Funcionarios públicos, periodistas, «opineitors» de redes sociales y canales de streaming conformaron esta semana un coro. La canción que entonó ese coro tenía como estribillo una catarata de insultos dirigidos a la jueza de primera instancia en lo Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas, Laura Beatriz de Marinis.
El motivo del linchamiento virtual: un fallo con el que sobreseyó a un adolescente de 14 años denunciado por un intento de robo y la no aplicación de la baja de edad de imputabilidad dispuesta por el nuevo régimen penal juvenil, recientemente sancionado, al que declaró inconstitucional para este caso.
Algo parecido había sucedido semanas atrás con la jueza bonaerense Marta Elba Pascual, quien tuvo la osadía de suspender durante 60 días la aplicación de dicha ley en el ámbito de la provincia.
La renovada cacería mediática y en redes sociales fue demoledora. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló de «una sentencia manchada de sangre». El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció que pediría juicio político contra la jueza. A la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva –consecuente continuadora de la política represiva frente a las manifestaciones de protesta que aplicara su antecesora, Patricia Bullrich–, el fallo de la jueza porteña le pareció «tremendo».
Insultos en pantalla
Los epítetos más descalificantes estuvieron a cargo de comunicadores y periodistas, entre otros, Eduardo Feinmann, Jonatahn Viale, Débora Plager, Esteban Trebucq, Pablo Rossi y Luis Novaresio. «Imbécil», «inútil», «soberbia», «amiga de los delincuentes», «mala persona», «defensora de “chorros”», entre otras lindezas se dirigieron contra la funcionaria judicial, acompañados por la publicación de su foto y, en algunos casos, hasta de datos personales.
La «indignación» de periodistas que suelen acordar con las políticas del oficialismo, enfocada en un pibe de 14 años, y el consecuente linchamiento mediático de la magistrada –cuyo fallo fue revocado en pocos días por la Justicia porteña– tiene también un efecto disciplinador hacia la propia Cámara que se pronunció casi inmediatamente y hacia otros jueces y juezas que tengan que decidir acerca de casos similares.
La demagogia punitivista reina en los medios hegemónicos, tanto como la anuencia hacia jueces que, por ejemplo, realizan fastuosos viajes recreativos pagados por grupos empresarios. No despierta la indignación de estos periodistas –mayormente ubicados en el 5% que el presidente evita llamar «mierdas humanas»– la catarata de fallos favorables a funcionarios del Gobierno que se produjo días después de las designaciones de jueces aprobadas por el Congreso y convalidadas por el Ejecutivo, como el archivo de la causa abierta por el ingreso sin controles aduaneros de diez bultos en un avión privado del empresario Leonardo Scatturice, hombre ligado a los servicios de inteligencia y al trumpismo, y el apartamiento de los estafados por la criptoestafa $Libra de la causa respectiva.
A dos voces. Rossi y Feinmann formaron parte del coro de condena contra la jueza De Marinis.
Blindaje judicial para todos
En esos días también se confirmó el cierre del expediente por el préstamo de 57.000 millones de dólares que otorgó el FMI a la Argentina en 2018, salvando la responsabilidad penal de Luis Caputo y el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Las buenas noticias judiciales para Caputo no terminaron allí. También «zafó» de la causa por el recordado bono a 100 años emitido durante el macrismo y que en parte adquirió una firma con la que habría tenido vínculos.
La catarata vertiginosa cerró con el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri, el exjefe de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en una denuncia por espionaje ilegal a políticos, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad en la previa a la cumbre del G20 de noviembre de 2018 en Buenos Aires.
Todo en pocos días y sin que se escandalice ninguno de estos comunicadores que atacó a una jueza de menores tras el sobreseimiento de un pibe de 14 años que intentó robar un celular, sin éxito, en medio de una situación espantosa de carencias y penurias. En cambio, los responsables del endeudamiento que perjudica a millones de argentinos y argentinas de varias generaciones son intocables para los periodistas indignados.
La abogada y magister en Criminología, Claudia Cesaroni, entrevistada en el canal Floreal del CCC, expresó: «No discuten argumentos. Cuando hablamos de transgresiones no graves, en términos de afectación de la vida, de la integridad física, del uso de violencia, es mucho más lógico – no por una cuestión de caridad, sino de efectividad en la aplicación de políticas públicas– trabajar con ese pibe en concreto desde las áreas de Gobierno que podrían intervenir en lugar de someterlo a una condena penal».
En este contexto, además, se conoció la noticia de la rebaja de condena para los responsables del asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi. El periodista Sebastián Lacunza destacó las dos caras del tratamiento para los jóvenes y sus victimarios. Este medida judicial no generó, obviamente, la indignación de los comunicadores indignados selectivamente.
Como sostiene Cesaroni, ni siquiera hace falta ser empático con el sufrimiento de un pibe –es mucho pedir para algunos–, sino simplemente pensar en la eficacia y contribuir concretamente a prevenir delitos para pensar que para un niño con problemas de todo tipo, como el adolescente del fallo de la jueza de Marinis, es mejor llegar con el sistema de protección de derechos y no con el sistema penal.
