16 de octubre de 2026
Entre gases y balas de goma, la comunidad universitaria volvió a movilizarse por la Ley de Financiamiento. La confluencia con otros reclamos y la respuesta violenta de un Gobierno que vulnera el derecho a la educación y desoye los fallos judiciales.
Antes de la tormenta. La Quinta Marcha Federal Universitaria convocó a cientos de miles de personas «por la educación, la soberanía y la democracia».
Foto: NA
Entre la primera y la quinta Marcha Federal Universitaria realizadas durante el Gobierno de Javier Milei pasaron 30 meses. En el medio se sancionó la Ley de Financiamiento, el mandatario la vetó, el Congreso la defendió, se judicializó por el incumplimiento del Ejecutivo y se incumplió también la cautelar que ordenaba actualizar salarios docentes y becas estudiantiles. En las últimas horas, la vorágine se potenció: la Justicia multó al jefe de Gabinete por este incumplimiento, el Gobierno presentó una queja y la multa se suspendió a 24 horas de haber sido emitida. Todo esto, mientras una multitud se movilizaba frente al Congreso y la gestión libertaria respondía como suele hacer: con represión.
Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), tuvo que cerrar el acto a las apuradas porque los gases lacrimógenos complicaban la respiración de los oradores. Así y todo se pudo leer el documento firmado por el Consejo Interuniversitario Argentino (CIN), la FUA y las principales federaciones gremiales. «El incumplimiento por parte del Gobierno nacional de la ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano», se gritó ante la multitud. «Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social», remarcó el mensaje.
Como saldo de la protesta, las imágenes aéreas de la masividad circularon tanto como las de cuerpos con balazos de goma, sobre todo de reporteros gráficos. «¿Qué les pasa? Somos pibes que queremos estudiar en la universidad, en un acto con rectores, con pibes que quieren recibirse. ¿Qué carajo le pasa a este Gobierno, en qué país vivimos?», dijo ante las cámaras Valentina, militante de la agrupación La Mella, con los ojos irritados por los gases. Hubo más de 30 detenidos, entre ellos dos menores de edad. «Los mismos violentos de siempre», acusó el Gobierno tras una marcha que tuvo réplicas en todo el país, en la que convivieron reclamos de personas con discapacidad, de familias endeudadas y agrupaciones en defensa de la soberanía.
Gases y balas de goma. Tras la represión, hubo más de 30 detenidos, entre ellos dos menores de edad.
Foto: NA
Sentada, multa y suspensión
Unos días antes de la movilización, la fuerza del reclamo había escalado con una sentada en el Palacio Pizzurno. La sede que hasta esta gestión supo albergar al Ministerio de Educación, rebajado por el gobierno de Milei a secretaría dependiente de Capital Humano. Esa protesta fue gestada por estudiantes y logró una reunión con el silente secretario de Educación, Carlos Torrendell. El logro fue efímero: la ministra Sandra Pettovello lo llamó a los gritos para reprocharle haber recibido a los estudiantes, quienes escucharon los retos desde el otro lado del teléfono.
«Hace dos años y medio que los estudiantes venimos participando de todas las instancias habidas y por haber. Clases públicas, concentraciones, movilizaciones varias, cuatro marchas masivas y otras pequeñas. La sentada fue para apelar a otro método. No porque lo viejo no funcione sino, al contrario, porque se vienen haciendo un montón de cosas para sostener un conflicto durante dos años y medio porque hay personas que en nombre del Estado nacional deciden incumplir una ley que además está atravesada por un fallo judicial», resumió Agostina Ytzcovich, estudiante de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y secretaria de Bienestar Estudiantil de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).
Sobre el impacto de la nueva movilización, sostuvo: «Hubo algunas manifestaciones que clausuraron la algidez del conflicto, como la de abril de 2024, la primera. Pero hubo otras de apertura. Esta me parece que es de apertura, con el antecedente en Pizzurno, que caló: hizo moverse el avispero».
Además del reclamo, los últimos movimientos se dieron en el plano judicial. El 22 de septiembre el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick había dado un plazo de cinco días al Gobierno para que aplicara de manera efectiva la ley bajo apercibimiento de astreintes, es decir, con la advertencia de que, si no cumplía, se le impondrían multas diarias hasta que acatara la orden. El miércoles impuso una multa de 100 mil pesos por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el «incumplimiento verificado» de la medida cautelar que ordenó actualizar salarios universitarios. Pero la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitió la queja presentada por Capital Humano y suspendió la multa provisoriamente.
Cinco marchas después
«Le hicimos cinco marchas a este Gobierno en 30 meses. ¿Y cómo estamos? Me paro en abril del 24, que fue la primera, y ahora estamos peor. Tenemos muchas más preocupaciones en torno a lo salarial, al futuro de la universidad, el Gobierno se volvió más hostil con el pueblo. Con la universidad y el sistema científico tecnológico tiene una animadversión especial», describió Sergio Zaninelli, secretario de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur.
«Veo muy crítica la situación y el problema es qué vamos a hacer después de mañana. Si se cumpliera la cautelar, solucionaría en parte nuestra crisis salarial y de becas. Pero hay un problema más grave: la discusión del Presupuesto 2027. Creo que no lo estamos tomando con la debida seriedad. En relación a la proyección de los rectores –que es conservadora–, el proyecto del Gobierno es 50% menor. Eso implica una crisis muy grande para el año que viene para el funcionamiento de la universidad. El ahogo presupuestario es cada vez más grande», advirtió.
El Presupuesto 2027 comenzó a debatirse días atrás en Diputados. El texto oficial presentado por el Gobierno proyecta para el año que viene una partida de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades, mientras que los rectores exigen un financiamiento de $11 billones. La discusión se da sobre un ajuste que lleva casi tres años. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre los presupuestos de 2023 y 2026 se registró una reducción acumulada del 33,8%.
Pese a la contundencia de las cifras, a la masividad de las marchas y a la reiteración de las órdenes judiciales, el Gobierno de Milei sigue sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
