24 de octubre de 2026
Todas las semanas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emprende desalojos de viviendas y deja en la calle a cientos de familias, en su gran mayoría del segmento de menores ingresos. Los procedimientos se llevan adelante con el argumento de riesgo por derrumbe. En consecuencia, son de carácter administrativo sin mediar orden judicial y con la necesaria urgencia de un supuesto inminente colapso. Montados como operativos sorpresivos, hacen uso desmedido de la fuerza pública, y en horas de la madrugada, sin importar el frío o la lluvia, despojan a las personas de su techo y de sus bienes. También de su historia. Algunas personas cuentan con allegados que pueden guardarles pertenencias, otros únicamente dependen de la escasa ayuda que brinda el Estado: un lugar en algún conventillo, un par de billetes en forma de subsidio y un espacio guarda de objetos, con dudoso final. Este tipo de expulsiones administrativas explican, en lo que va de 2026, el 58% de los desalojos. En los últimos meses se comenzó a organizar la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda donde en asambleas se delinea un plan de lucha en contra de la violencia estatal, porque hoy y como siempre nadie se salva solo.
