6 de febrero de 2024

El juez federal Sebastián Casanello se declaró ayer competente en la causa en la que se pide la «inconstitucionalidad» del protocolo antipiquetes del ministerio de Seguridad e instó a su titular, Patricia Bullrich, a que presente «en las próximas 72 horas» un informe que detalle los «fundamentos jurídicos» de su aplicación y «si fueron consultadas” la secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales. La decisión del juez es respuesta a la acción presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro el 18 de diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas «amenaza derechos políticos».   «Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad’», dijo la legisladora en un comunicado. Además, el magistrado solicitó al ministerio de Bullrich que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo «se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia».