24 de febrero de 2024
El Tribunal Oral Federal de San Juan dispuso la detención provisoria del condenado exmilitar Gustavo Ramón De Marchi en prisión domiciliaria, luego de que trascendiera su participación el 3 de febrero en el festejo de las bodas de oro del represor Jorge Antonio Olivera, informó este viernes el Ministerio Público Fiscal.
En diciembre de 2022, De Marchi estaba afrontando su tercer juicio por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, ya que está acusado de homicidio, tormentos y privación ilegal de la libertad como parte del grupo paramilitar denominado Concertación Nacional Universitaria (CNU), según describe el Centro de Información Judicial. La fiscalía había pedido que lo condenaran a perpetua. Sin embargo, el TOF de San Juan suspendió el trámite del proceso contra De Marchi y ordenó su inmediata libertad.
En ese momento, el TOF de San Juan se basó en lo que había dicho el Cuerpo Médico Forense (CMF): que tenía patologías múltiples y no estaba en condiciones de comprender una acusación en su contra y de defenderse. En julio del año pasado, la Sala III de Casación –con los votos de Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky– anuló la resolución del TOF de San Juan y ordenó dictar una nueva sentencia. Los dos camaristas decían que De Marchi podría ser separado de un proceso por incapacidad pero que eso no puede significar el fin de la sanción.
Luego de haber sido visto en la fiesta de Olivera, el fiscal de San Juan Francisco Maldonado le pidió al TOF que haga cumplir el fallo de Casación y disponga la detención del represor, ya que después de siete meses del fallo de Gemignani y de Borinsky, no había noticias, detalla Página12.
La noticia fue la detención de De Marchi, accionar con el cual el juez subrogante Raúl Alberto Fourcade hizo lugar al pedido del fiscal general Maldonado.
A partir de ahora el exmilitar deberá residir en un domicilio fijado en el expediente sin trasponer los límites catastrales y solicitar autorización para cualquier salida. Además se ordenó el control de la vivienda mediante rondines policiales y contactos telefónicos.
