9 de mayo de 2024

Victoria Aranda

Según la antropóloga, la ausencia del Estado y de una política de promoción de acceso a la vivienda están provocando un pico en materia de déficit habitacional. El problema de los alquileres.

La desigualdad encuentra en la degradación del hábitat y las dificultades de acceso a una vivienda una de sus expresiones más gráficas y acabadas. La antropóloga e investigadora del Conicet María Cristina Cravino concluye que la actual ausencia del Estado en la materia, junto con una inexistente política de ingresos y la idolatría del mercado, solo puede derivar en choques y disputas, nada menos, que por un lugar donde vivir.
Entre sus primeras declaraciones y menos de 24 horas después de ganar el balotaje del 19 de noviembre, Javier Milei instó, en nombre de la libertad, a la derogación de la Ley de Alquileres (27551). Fue más que una expresión de deseos: ratificó su idea con el DNU 70/2023 –al cierre de esta edición aún vigente–, a partir del cual, con buena suerte, alquilar una vivienda en la Argentina es por seis meses, en dólares y a valores impensados.
Pero, además de representar un mercado formal –alterado, también, por el negocio de las plataformas y la renta turística–, el alquiler es una forma de acceso a la vivienda cada vez más frecuente entre los sectores más vulnerables de la ciudad. De acuerdo con un informe elaborado para la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), en 2021 se estimaba que en los barrios populares porteños el porcentaje de viviendas alquiladas se ubicaba en torno al 18%. Aunque las cifras pueden haber quedado viejas.

«Con los nuevos pobres de Milei, hay cada vez más gente que pregunta cómo se hace para ir a vivir a la villa.»

En uno u otro ámbito, disociados de los salarios y la capacidad de pago de los inquilinos, los alquileres solo representan la punta del iceberg del problema del hábitat que atraviesa el país y que además de manifestarse en el explosivo aumento de personas en situación de calle, incluye la falta de acceso a tierra con servicios, cooptada por empresarios inmobiliarios a efectos de desarrollar barrios privados, y la consolidación de los inmuebles como nuevos activos financieros.
Estas son algunas de las conclusiones de la antropóloga Cristina Cravino, investigadora y autora de lo libros Las villas de la ciudad (2006), Vivir en la villa (2008), Detrás de los conflictos (2017) y La ciudad (re)negada (2018), entre otros, en donde analiza e interpreta el presente en materia de tierra y vivienda, advierte sobre la ausencia del Estado y sus consecuencias y plantea cómo los Gobiernos locales pueden encarar esta situación.
–¿Cuál es la foto actual de la situación habitacional en la Argentina, donde la desigualdad urbana tiende a incrementarse?
–No hay una sola variable urbana que haya mejorado desde el año pasado. Al contrario, todo empeoró: los alquileres son en dólares, por cortos períodos, y los requisitos para ingresar son cada vez más imposibles de cumplir, excluyendo, por ejemplo, a las familias con hijos. En el resto del país, se mueven al ritmo de las temporadas: en la Patagonia, por caso, se ofrecen departamentos de abril a diciembre, y cuando comienza el verano, se enfocan en la demanda turística. En este marco, las clases medias bajas son expulsadas y, así, aumenta la presión por vivir en los barrios populares. Dicho de otro modo, con los nuevos pobres de Milei, hay cada vez más gente que pregunta cómo se hace para ir a vivir a la villa. Y, por otro lado, se agudiza la situación de las personas en situación de calle con todos los problemas asociados a la falta de localización, reproduciendo las desigualdades que surgen de no tener arraigo, un lugar para citar en el trabajo o en la escuela, impactando en la salud y afectando a todas las dimensiones de la vida.

–En enero asistimos a la toma de tierras en González Catán, que terminó con un tiroteo y cinco muertos y heridos de gravedad. ¿Cómo se conjuga con esta problemática?
–Antes había una disponibilidad de tierras que hoy son aprovechadas por empresarios, para el desarrollo de countries y barrios privados. Esta actual falta de tierras es, a la vez, explotada por oportunistas, que organizan loteos fraudulentos, incluso con inmobiliarias y escribanos, y creando situaciones con perfil extorsivo, como lo que pasó en González Catán. Entonces, entre los alquileres inaccesibles, por un lado, y la falta de tierras con servicios y de un loteo formal por el otro, se provoca una situación como de pinzas, en la que es inevitable que aparezca la conflictividad en torno al suelo.
–En este contexto, y como ya se expresó, no está prevista ninguna acción estatal. ¿Qué puede esperarse entonces?
–En los gobiernos locales reina la incertidumbre, ya sea en torno a los cambios de Infraestructura, que ahora está en Economía, y que antes ofrecía soluciones de espacio público, o bien en lo que hace a programas como Mi Pieza, enfocado en el mejoramiento del hábitat de la vida cotidiana, con el objetivo de romper el hacinamiento. También hay incertidumbre con respecto a la Secretaría de Inclusión Socio Urbana. Lo que queda claro es que, para el ideario libertario, no hay Estado, solo hay mercado, por lo que no se puede esperar ninguna regulación en relación con un elemento muy costoso como es el suelo. El problema adicional es la habilitación de barrios cerrados, que aumentan la escasez. Tierras anegables que antes eran ocupadas por sectores populares, a través de rellenos o de la polderización, se convierten en terrenos para countries. De hecho, puede verse que las tomas de terrenos se producen en sectores cada vez más lejanos de las zonas urbanas.
–Tampoco hay una política de ingresos que de alguna manera pudiera, sino equilibrar, al menos repercutir en el acceso a la vivienda.
–En un escenario totalmente desregulado y con la ausencia del Estado, el cuadro se completa con ingresos a la baja e inestabilidad laboral y, de la mano de estas variables, la aparición de un nuevo miedo: el de perder la vivienda. Como dije, con ese marco, todo parece indicar que la conflictividad por el acceso a la tierra y la vivienda continuará y se incrementará.
–¿Creés que hay una alianza entre el Gobierno y protagonistas del sector inmobiliario, que aparecen explícitamente junto al presidente Milei y como sus principales sponsors?
–El Estado no solo está en retirada, sino que deja en manos de los desarrolladores los organismos e instituciones vinculados con la tierra. Ya sucedió en la Ciudad, con tierra pública que ha pasado a los desarrolladores a precios irrisorios.

«Puerto Madero, que está vacío, es un ejemplo de que una inversión no significa ni más oferta ni más vivienda, ya que los inmuebles obedecen a la dinámica financiera.»

–En el llamado mercado inmobiliario reina el optimismo frente al Gobierno de LLA, optimismo que, afirman, redundará en una mayor oferta de proyectos. Aun cuando, efectivamente, haya más iniciativas, ¿pensás que tendrá algún impacto positivo en el acceso a una vivienda?
–La respuesta está en el anunciado blanqueo, que permite que esos capitales que se blanquean conviertan a un departamento en un activo financiero. Ese inmueble es una inversión especulativa que incluso puede pertenecer a grandes fondos de inversión y que hasta puede encadenarse con el regreso de las jubilaciones privadas. Puerto Madero, que está vacío, es un ejemplo de que una inversión no significa ni más oferta ni más vivienda, ya que los inmuebles obedecen a la dinámica financiera.
–Hablaste de los Gobiernos locales, ¿qué pueden hacer?
–Para no ser catastrófica, digamos que pueden acompañar los procesos de autogestión de vivienda, las cooperativas, ampliar y diversificar la oferta; disponer de lotes servidos, con servicios. No recuerdo qué autor decía que, sobre todo en la periferia, la política de transporte es una política de vivienda, por lo que ahí también hay mucho para hacer. Y mejorar.