29 de junio de 2024
Fernando Sabag Montiel se hace cargo, en solitario, del intento de magnicidio contra la expresidenta para despegar a Revolución Federal y sus vínculos políticos ocultos.
Acusado. Sabag Montiel admite haber intentado matar a Cristina Fernández.
Foto: NA
Habían pasado apenas 18 días del intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando, antes de que se supiera el resultado de las investigaciones judiciales, Mauricio Macri tomó la posta para caratular el hecho en sus medios amigables: «Es algo individual de un grupo de loquitos». El exmandatario se sumó al coro antiK que lejos de condenar el atentado, «le hace desconfiar de hasta algo que yo creo que existió, más allá de la mala reacción de la custodia y todas estas cosas que llevan a la confusión».
A casi dos años de aquel 1 de setiembre que pudo cambiar trágicamente la historia argentina, el principal imputado, Fernando Sabag Montiel, reconoció ante el Tribunal Oral Federal 6 que efectivamente su intención era asesinar a la dos veces presidenta de los argentinos. No solo eso, durante su exposición mostró en todo momento que estaba ubicado en tiempo y lugar y que comprendía perfectamente las consecuencias de sus actos. Que sabía que de haber salido el disparo se habría generado «desestabilización, guerra civil, enojo grande de la sociedad». Es decir, no se trata de un loquito.
En todo caso, se podrá argumentar que Sabag Montiel fue guiado por un odio que no puede explicar a cometer un hecho que gracias a que se trabó el arma no se convirtió en el inicio de una espiral de violencia impredecible. «Es corrupta, roba, hace daño a la sociedad y demás cuestiones que ya son sabidas. No es necesario que sean aclaradas por mí porque cualquier persona siente lo mismo que yo», dijo ante una pregunta de la fiscalía. Si bien por un lado Sabag Montiel señaló que la situación económica del país era desastrosa, reconoció ser propietario de una casa, cinco autos y de tener dinero, pero luego dijo que había tenido que salir a vender copitos de algodón para subsistir. «En lo personal me sentí humillado», afirmó.
En todo momento el joven se atribuyó la responsabilidad en el magnicidio que no fue y despegó de cualquier intención a los otros imputados, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo. También dijo que nunca había pertenecido al grupo Revolución Federal (RF), que en ese momento tenía gran exposición mediática por sus expresiones viscerales contra Cristina Fernández.
Los abogados de la querella intentaron desde el primer momento incluir a RF en la investigación. La agrupación, que encabezan Leonardo Sosa y Jonathan Morel, tenía extraños vínculos comerciales a través de un contrato para fabricar muebles con una firma ligada a la familia del actual ministro de Economía Luis Caputo. El que fuera interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, presentó en su momento una denuncia para que se investigasen posteos en Twitter de RF que incitaban a matar a la vicepresidenta. Pero nunca se unieron las dos causas, que fueron por cuerda separada, una en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti (la de Sabag Montiel) y la otra en el despacho de Marcelo Martínez de Giorgi. Tampoco hubo apuro en investigar la relación con el atentado del diputado Gerardo Milman, exnúmero 2 de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante la gestión Macri, y las sospechosas borratinas en los celulares de personas ligadas a su entorno en el marco de una denuncia en su contra.
1º de Septiembre. Una imagen que estremeció al país.
Foto: NA
Distinta vara
Habría que ver qué sustancia tienen todas las imputaciones, pero contrasta esa demora en unir todos los cabos del 1-S de 2022 con la velocidad que el fiscal Carlos Stornelli imprime a sus denuncias contra los detenidos durante la manifestación contra la aprobación de la Ley Bases en el Senado del 12 de junio pasado. El exministro de Seguridad bonaerense con Daniel Scioli y miembro de la Comisión de Seguridad de Boca Juniors durante el período de Macri en el club de la ribera, obediente a la calificación también veloz de Javier Milei y de Bullrich, acusó a todos los imputados –entre los que había vendedores de choripán y ciudadanos que circulaban por ahí– de «acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática». Es decir, intento de golpe de Estado y actos de terrorismo.
Llama la atención la diferencia de criterios en relación con la intentona golpista de un grupo de altos jefes militares bolivianos contra el Gobierno constitucional del presidente Luis Arce del pasado miércoles. Las condenas surgieron de todos los jefes de Estado del mundo, de todos los colores políticos, y los primeros en salir al ruedo fueron los latinoamericanos. De la Casa Rosada solo hubo un reposteo a un mensaje en su cuenta de X de la canciller Diana Mondino a las 6:47 de la tarde del 26 de junio que de tan genérico puede servir tanto para un barrido como para un fregado.
Habían pasado tres horas del tuit del mandatario boliviano alertando sobre la movida militar que generó preocupación y despertó el respaldo de la mayor parte de la dirigencia política y sindical local y de todo el mundo.
Arce agradece luego por esa misma red social a cada uno de los líderes mundiales que le habían expresado su solidaridad. Milei se perdió la ocasión de mostrarse como un fenómeno mundial. Quizás porque en su ADN y en el de la alianza con el PRO que lo sustenta, un golpe en Bolivia contra un Gobierno popular no está tan mal visto.
Se recordará que en 2019 los que tomaron el poder tras forzar la renuncia de Evo Morales tuvieron la absoluta anuencia del oficialismo argentino de entonces. Incluso el expresidente Mauricio Macri; su jefe de Gabinete Marcos Peña; y sus exministros Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad; junto con el exembajador Normando Álvarez y titular de Gendarmería, Gerardo Otero, fueron acusados en julio de 2022 de haber enviado armamento y munición para que los golpistas reprimieran las protestas. Pero para poner en marcha esa causa por contrabando agravado que impulsó el expresidente Alberto Fernández, y tomó a su cargo el fiscal Claudio Navas Rial, se ve que tampoco hay mucho apuro.
