10 de septiembre de 2013
Entre todas las barbaridades que se dijeron sobre el caso Ángeles, muchas de las cuales no dejan de sorprenderme por lo delirantes, hubo una que particularmente los otros días me indignó. Después de que el cuerpo de la pobre chica tuvo que ser sometido a un nuevo examen, porque al parecer la primera autopsia no estaba hecha como corresponde, uno de los peritos participantes por la defensa no tuvo mejor idea que levantar sospechas sobre la vida privada de la víctima. Víctima que, no hay que olvidar, contaba con apenas 16 años en el momento de ser muerta como consecuencia, según todo lo indica, de un ataque sexual frustrado.
Este señor, que luego se vio obligado a renunciar al cuerpo de la defensa, participó de la junta médica del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación que revisó la autopsia de Ángeles. La ginecóloga de la junta llegó a la conclusión de que las heridas de la chica eran compatibles con las provocadas por alguien de mayor fuerza durante un ataque sexual, el resto de los especialistas, nueve, estuvieron de acuerdo con esta conclusión, salvo, el que había puesto la defensa, el psiquiatra Adolfo Méndez, que dijo que esas mismas lesiones podían estar vinculadas con prácticas sadomasoquistas, y según su particular punto de vista, consentidas por la víctima. Por supuesto muchos salieron al cruce de esta barbaridad, especialmente el abogado del padre de la chica.
Lo que me pregunto es hasta qué punto algunos profesionales, sean abogados o de otras áreas, están dispuestos a abandonar la más mínima ética sólo por satisfacer (y en este caso salvar de la cárcel) a un cliente. ¿No hay un límite? ¿A tales extremos puede llevar el dinero, pues no se trata de otra cosa? Creo que no alcanza con que haya renunciado, debería pedir disculpas, por lo menos, a los padres de la víctima y en buena medida al resto de la sociedad.
Matías J. Sánchez
Ciudad de Buenos Aires
