Cerca de 300 líderes campesinos fueron asesinados en Colombia desde 2016, denunció la Defensoría del Pueblo de ese país. El ombudsman, Carlos Negret, decribió la situación como «aterradora» y detalló que «muchos líderes sociales han caído asesinados porque promueven la implementación del proceso de paz» con las FARC, la guerrilla convertida en partido político. El pacto entre el gobierno y los líderes guerrilleros incluyó el desarme de unos 7.000 combatientes. Sin embargo, no hubo en la práctica una medida equivalente por parte del Estado, y se produjeron nuevas matanzas, mientras negocia acuerdos  similares con el ELN, la última guerrilla colombiana. Por falta de garantías, FARC renunció a presentar candidatura a presidente en las próximas elecciones.