29 de julio de 2026
A 142 años de la sanción de la norma que estableció a la educación como un derecho fundamental, el Gobierno de Javier Milei propone un modelo que erosiona esos principios. Una trinchera colectiva contra la manipulación.
Tucumán. Clase de geografía en la Escuela Pedagógica Sarmiento, en las primeras décadas del siglo XX.
Foto: Archivo General de la Nación
Hubo un tiempo en que la Argentina decidió que la escuela debía ser el punto de partida de su proyecto de país. No fue una decisión menor ni pacífica; a fines del siglo XIX, cuando la Ley 1420 fue aprobada, el territorio nacional aún se encontraba en un proceso de transformación profunda y convulsa. Entre oleadas de inmigrantes que llegaban a los puertos y un Estado que consolidaba su dominio territorial a costa de los pueblos originarios, las élites gobernantes buscaron en la educación primaria gratuita, obligatoria y laica la herramienta definitiva para moldear una identidad común en un país que todavía no sabía bien quién era.
La Argentina de 1880 era un país que crecía de manera vertiginosa pero desigual. El aluvión inmigratorio prometía dinamismo económico, pero también despertaba temores sobre la fragmentación social: ¿cómo integrar a quienes llegaban con lenguas, costumbres y religiones tan diversas? El censo escolar de 1883 revelaba una realidad alarmante: de 500.000 niños en edad escolar, más de 124.000 eran analfabetos. Las escuelas eran pocas, los maestros estaban mal formados y los edificios eran inadecuados, lo que agravaba la deserción escolar en un contexto en el que los niños comenzaban a trabajar a los diez años.
Ante este dilema, la escuela apareció como la herramienta capaz de unificar y transmitir un idioma y valores comunes que permitieran imaginar una ciudadanía compartida. Bajo la presidencia de Julio A. Roca, y con figuras centrales como Domingo Faustino Sarmiento en la Superintendencia de Escuelas, se sentaron las bases de un sistema que planteaba la educación no solo como una necesidad de modernización económica, sino como un derecho fundamental.
Sin religión obligatoria
La sanción de la ley el 8 de julio de 1884 no estuvo exenta de conflictos feroces, especialmente en torno a la laicidad. Para las élites liberales, el progreso requería una población alfabetizada y un Estado autónomo frente a la influencia de la Iglesia católica. La Ley 1420 fue un acto de soberanía estatal: la escuela pública debía ser un espacio donde ninguna doctrina religiosa se impusiera sobre otra.
El punto de mayor fricción fue el artículo 8°, que establecía que la enseñanza religiosa solo podía impartirse antes o después de las horas de clase. Esta medida provocó una ruptura diplomática con el Vaticano que duró 16 años, tras la expulsión del nuncio apostólico Luis Mattera por su intromisión en los asuntos educativos nacionales. Defensores del laicismo como Eduardo Wilde ‒ministro de Instrucción Pública, ateo y masón‒ enfrentaron las duras críticas de sectores católicos que tildaban de «herejes» a quienes promovían una escuela sin religión obligatoria.
Los efectos de la ley fueron contundentes y transformaron la fisonomía social de la Argentina. En pocas décadas, la alfabetización creció de manera sostenida: el índice de analfabetismo descendió al 35% en 1914. La escuela pública se convirtió en el mecanismo de ascenso social por excelencia, un espacio de encuentro entre hijos de inmigrantes y criollos, entre sectores pobres y medios.
La Ley 1420 no solo enseñaba a leer y escribir, buscaba construir ciudadanía y otorgar herramientas para que los habitantes pudieran acceder a los adelantos del progreso industrial y agrícola. Se establecieron materias obligatorias que iban desde Lectura y Aritmética hasta nociones de Higiene, Ciencias Naturales y Constitución Nacional. Este sistema situó a la enseñanza primaria argentina entre las mejores del mundo, consolidando la idea de que la igualdad empieza por la puerta de una escuela abierta para todos.
Por eso es sorprendente que hoy ese consenso histórico que sostuvo a la educación pública como un bien incuestionable se encuentre bajo un ataque sin precedentes. Mientras que la Generación del 80, aun con sus matices conservadores, entendió que el Estado debía ser el garante del derecho a aprender, el actual gobierno de Javier Milei propone un modelo que erosiona estas bases.
A diferencia del proyecto de 1884, que buscaba fortalecer al Estado como motor de desarrollo, las políticas actuales promueven modelos basados en vouchers y privatizaciones encubiertas, trasladando la responsabilidad educativa del Estado a las familias y al mercado. El actual Gobierno ha implementado un ajuste severo sobre el sistema científico y universitario, congelando presupuestos en un contexto de inflación, lo que pone en riesgo la investigación y la formación académica de excelencia que históricamente ha distinguido a la Argentina.
El ataque al CONICET y a las universidades nacionales representa una ruptura con la tradición de la Ley 1420, que veía en el conocimiento una herramienta de soberanía y progreso nacional. Si en el siglo XIX el desafío era integrar a los inmigrantes, hoy el riesgo es la fragmentación social inducida por el desfinanciamiento y la estigmatización de la educación pública. Cuando se cuestiona el rol del Estado como garante y se trata a la escuela como un servicio sujeto a las reglas del mercado, se rompe el pacto de movilidad social que permitió a generaciones de argentinos prosperar.
Un pacto roto
La historia de la Ley 1420 demuestra que la educación nunca fue un terreno neutral, sino un campo de disputa sobre el país que queremos ser. El deterioro actual ‒expresado en infraestructura insuficiente y salarios docentes degradados‒ se ve agravado por un discurso político que ya no ve en lo público un valor a defender, sino un gasto a recortar.
Defender la escuela pública, el sistema científico y la universidad nacional no es simplemente una defensa del pasado, sino la comprensión de que los logros alcanzados ‒la alfabetización masiva y la construcción de un espacio común‒ no están garantizados para siempre. La pregunta que la sociedad argentina debe responder hoy es urgente: ¿volveremos a un sistema fragmentado donde la educación sea un privilegio de mercado, o sostendremos el legado igualador que nos fundó como nación? La respuesta determinará si la Argentina sigue siendo una tierra de oportunidades o si se resigna a la pérdida de su activo más preciado: el espíritu crítico y la cultura de su pueblo construidos en las aulas.
Por eso el ataque de Milei a la educación pública no es un simple recorte presupuestario: es una ofensiva cultural contra la posibilidad misma de pensar de manera autónoma. En un tiempo en el que los algoritmos dictan lo que se ve, se cree y se comparte, la escuela sigue siendo un bastión para enseñar a dudar, contrastar fuentes, argumentar y construir criterio propio. La aplanadora de las redes uniforma el pensamiento, premia la inmediatez y castiga la complejidad. Por contraste, la Ley 1420 no solo alfabetizó: sembró las bases de un espíritu crítico que hoy resulta incómodo para quienes prefieren ciudadanos reactivos antes que pensadores libres. Desfinanciar la educación es, en ese sentido, desarmar una trinchera colectiva contra la manipulación. Sin escuela pública que forme cabezas capaces de decir «no» a la posverdad y al pensamiento único de mercado, el legado igualador de 1884 se diluye no por abandono, sino por decisión política. Defenderla es, entonces, defender la potencia de pensar distinto.
