14 de octubre de 2026
Bajo el argumento de defender la soberanía, el Gobierno propone un nuevo Consejo de Seguridad Nacional inspirado en Estados Unidos y amplía las facultades de Inteligencia y Defensa. La oposición y la prensa en la mira.
Escudo de las Américas. Milei y Trump en la reunión de presentación de la iniciativa estadounidense para la región.
Foto: Getty Images
Javier Milei hizo flamear la bandera de la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas para, detrás de ese viento, esconder una iniciativa que poco tiene de nacionalista. En sintonía con las políticas que impulsa Estados Unidos, Milei busca instalar una nueva doctrina de la seguridad nacional que le servirá para concentrar mayor poder y darles renovadas potestades a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
La Cámara de Diputados discute, por estos días, el llamado proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que fue anunciado por cadena nacional por el presidente el 3 de septiembre pasado. La propuesta que giró el Ejecutivo comienza con el agravamiento de sanciones a quienes busquen explotar los recursos naturales en el Atlántico Sur, para rápidamente adentrarse en lo que le interesaba a la administración de La Libertad Avanza (LLA): dejar atrás el consenso democrático de la separación entre Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia.
La propuesta oficial consolida el concepto de seguridad nacional –que remite a la doctrina que después de mediados del siglo XX impulsó Estados Unidos para justificar la persecución contra los enemigos internos–. La seguridad nacional, tal como aparece definida en el proyecto, parece una superposición de las ideas de seguridad interior, defensa nacional y seguridad internacional. Este último componente es muy importante porque establece que debe ser asegurada junto a «socios y aliados», de acuerdo a los compromisos asumidos.
El aliado del patio trasero
Desde que se filtró el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), quedó en claro que las prioridades de la administración Milei eran su relación con Estados Unidos e Israel. No solo esto aparecía en los gestos del presidente, sino que estaba escrito en documentos muy sensibles. Para el diputado Juan Marino (Unión por la Patria), la apelación a socios y aliados es un «eufemismo para decir que van a cumplir con el Escudo de las Américas», que es una coalición militar supuestamente conformada para el combate del narcoterrorismo, pero que, en realidad, funciona como un ejército de reserva para intervenir en territorios díscolos.
Marino viene hace tiempo estudiando cómo los compromisos de la gestión libertaria con Washington se cristalizan en proyectos de ley o en estructuras dentro del Estado, como puede ser la reciente creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA). El legislador convocó a una audiencia en la que distintos expositores analizaron estos temas, bajo el título «¿Soberanía o patio trasero?».
En ese encuentro, la abogada Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó que la idea de seguridad nacional viene siendo utilizada por países como Estados Unidos, El Salvador y Ecuador para sustraer determinados temas de la agenda pública. «La seguridad nacional opera como marco político y estratégico para justificar una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo y la posibilidad de desplegar medidas de excepción», advirtió la referente del organismo de derechos humanos.
Comisiones. Reunión de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores para tratar el proyecto del Ejecutivo.
Foto: @DiputadosAR
Infraestructura crítica
La diputada Myriam Bregman (FIT-U) coincide con la caracterización. «La clave es que refuerza el Estado autoritario. Es un proyecto que no fue pensado para defender la soberanía de Malvinas, sino que está armado bajo el Escudo de las Américas para proteger la infraestructura crítica, es decir, los proyectos que Estados Unidos y los tecnomagnates traigan a la Argentina», le dice a Acción.
En el proyecto se introduce una nueva arquitectura: el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), que es el órgano rector del sistema de seguridad nacional. En la práctica, hay quienes lo definen como una jefatura de gabinete ampliada o un superministerio.
El CSN toma su nombre del National Security Council, conformado en Washington en 1947. Si el Departamento de Estado debía dedicarse a la diplomacia, el National Security Council debía abocarse a las necesidades de la guerra para un país que funcionaba como el gendarme del mundo.
En la versión vernácula, el consejo no asesorará al presidente, sino que será él quien lo presida. Tendrá miembros permanentes: el jefe de gabinete, el canciller, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, el titular de la SIDE y de la Secretaría de Legal y Técnica. La ingeniería obedece a las internas de LLA: no está la ministra de Seguridad y Santiago Caputo se aseguró una silla para su persona de mayor confianza en el Gabinete, María Ibarzábal Murphy.
El CSN tiene distintas facultades. Una de ellas es investigar «amenazas» contra la seguridad nacional. Se trata de investigaciones administrativas que pueden permanecer en secreto –es decir, se difiere su comunicación a las personas o entidades que están bajo pesquisa y se puede clasificar la información–. El diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) advierte que posiblemente estas indagaciones queden en manos de la SIDE y que no habrá control ni del Congreso –que no tiene una silla en el CSN– o del Poder Judicial. Una vez que la pesquisa termina e incluso después de que el Poder Ejecutivo toma medidas –como puede ser el congelamiento de bienes–, la decisión puede ser revisada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo.
Desde el CELS alertan también que este nuevo proyecto de ley debe ser leído a la luz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, con el que Milei, en diciembre pasado, hizo que todas las áreas del Estado sean parte de la estructura de contrainteligencia. En criollo, la contrainteligencia se ocupa de buscar agentes desleales. O sea, enemigos internos.
Militarización
El CSN también tiene bajo su órbita el control de la llamada infraestructura crítica, que en el proyecto es definida como toda aquella que garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales. Ya en 2024, Milei había modificado por decreto la misión de las Fuerzas Armadas, que decía que solo podían actuar ante agresiones estatales externas, y les dio la potestad de controlar objetivos de valor estratégico. En ese momento, el CELS había dicho que, por la vaguedad, esto podría ser incluso la Plaza de Mayo. El abogado Claudio Pandolfi, docente de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), considera que por la descripción que hace el proyecto no sería ilógico pensar que los militares podrían ser desplegados en un aeropuerto o en un hospital ante una huelga de trabajadores.
La exministra de Seguridad, Sabina Frederic, sostiene que hay algunos elementos innovadores –e igualmente peligrosos– en la propuesta oficial, que trascienden los intentos del pasado por borrar la diferenciación entre Seguridad y Defensa. «Un ejemplo de esto es que las Fuerzas Armadas realicen operaciones no convencionales –o sea, por fuera de la Convención de Ginebra–. Este tipo de operaciones son las que se están llevando a cabo en el hemisferio norte –tanto en Gaza como en Ucrania o en Irán–. Implican el uso de software que permite atacar sin que haya un ejército convencional que se atribuya esos ataques», señala.
Todo indica que Milei busca seguir las recetas que hace tiempo impulsa Washington –como la militarización de la seguridad– y las más recientes –que son las que promueve Donald Trump en su remozada guerra contra el terrorismo, que ahora pasa a estar encarnado por disidentes y migrantes–. La prensa, como ya advirtieron distintas asociaciones, estará también en la mira. Si el Ejecutivo considerara que un medio o periodista tiene vínculos con países extranjeros, podrá acusarlo de orquestar una campaña de desinformación. El resultado podría sería una condena de entre cinco y doce años de cárcel.
