9 de octubre de 2026
El Gobierno nacional apeló el fallo de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario y lo obligaba a cumplir con la normativa. El recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano rechaza la decisión del juez Martín Cormick que dejó sin efecto el Decreto 759/2025 por considerar que causa un «gravamen irreparable». Para el Gobierno, la sentencia causa «agravios concretos y de significativa gravedad institucional» ya que ordena la ejecución de la ley «sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable y sin dar adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional». En ese sentido, apuntan que el cumplimiento de la normativa «proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas», ya que acusan que no identifica una «fuente de financiamiento específica y suficiente». Desde la cartera comandada por Pettovello cuestionaron la improcedencia del amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dado que no es una «vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos».
