17 de octubre de 2026
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a más de 40 organizaciones estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, pidieron la intervención de relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Comité de los Derechos del Niño tras el accionar de las fuerzas de seguridad que ni siquiera dejaron que terminara el acto por la quinta marcha federal universitaria en la que se le reclamaba al Gobierno que cumpliera con la ley que aprobó el Congreso y con los fallos que firmó el Poder Judicial.
Carros hidrantes, gases lacrimógenos lanzados a mansalva que incluso ingresaron al Congreso y al anexo de la Cámara de Diputados, periodistas golpeados y heridos en piernas, tórax y brazos, además de dos estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda: uno de catorce años y otro, de 17 aprehendidos, ese fue el triste saldo. Según detalló Página 12, a los chicos los tuvieron retenidos en Montevideo y Sarmiento. El mayor, a quien imputaron por resistencia a la autoridad, fue liberado con mayor rapidez, pero deberá afrontar una causa penal. Al más chico lo tuvieron alrededor de dos horas, estimó Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) denunció que durante la jornada del jueves hubo un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza. El órgano avisó que se encontraba documentando irregularidades en el operativo y posibles vulneraciones de derechos. Para el CELS, las últimas represiones del Gobierno tienen características similares.
Por esto, a última hora del viernes, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal por el accionar que desplegaron la PFA, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de la Ciudad. En la presentación —encabezada por Pérez Esquivel, Barrancos y Roberto Cipriano García—, se estima que unos 800 efectivos participaron del operativo. Hay un relevamiento que indica que 50 trabajadores de prensa sufrieron algún tipo de herida o afectación; lo mismo que quince integrantes de la CPM.
Más temprano había ingresado en Comodoro Py la denuncia de dos funcionarios que dependen de Monteoliva, Germán Pugnaloni (enlace con el Poder Judicial) y Lisandro Franco (director nacional de Normativa). La presentación, que no identifica a manifestante alguno, era por resistencia y atentado a la autoridad, lesiones y daño.
