9 de noviembre de 2026
Personas en situación de calle, vendedores ambulantes y habitantes de barrios populares son el blanco privilegiado de las políticas de «ley y orden» implementadas por el Gobierno porteño y reproducidas en otros distritos.
Saturación. Operativo del Gobierno de la Ciudad en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, el 23 de julio de este año.
Foto: NA
La imagen se viralizó en redes sociales. Un diputado nacional forcejeaba con un grupo de policías de la Ciudad. Pretendían llevárselo detenido por haberse resistido a que incautaran la mercadería –frutillas– que vendía un hombre con discapacidad. Todo sucedió a unos pocos metros del Congreso de la Nación, cuando Horacio Pietragalla Corti salió a buscar su almuerzo. A pesar de que lo intentó, el diputado no pudo impedir que los efectivos policiales cargaran en una camioneta las frutas que el hombre tenía para vender y, de esa forma, ganarse su sustento. Lo que sí consiguió, junto a su abogado, Mariano Przybylski, fue evitar que le hicieran firmar un acta en blanco que después se rellenaría en una comisaría. La escena se repite con asiduidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que gobierna Jorge Macri, quien reitera como latiguillo «ley y orden» ante cada despliegue represivo contra quienes son trabajadores de la economía informal o de subsistencia.
Las redes oficiales presentan a la Ciudad de Buenos Aires como la ciudad más linda del mundo. En la ciudad más linda del mundo no debe haber personas en situación de calle, vendedores ambulantes, actividad sospechosa en los barrios populares y mucho menos piquetes que impidan la circulación de los «porteños de bien».
A mediados de 2023, cuando estaba en plena campaña para reemplazar a Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri sorprendió con una declaración despectiva hacia quienes no tienen dónde vivir: dijo que los cajeros automáticos se habían convertido en los «monoambientes» de algunos. La frase presagiaba una modalidad de intervención en el espacio público por parte de quien hasta entonces había sido el intendente de Vicente López.
La ola violeta
Toda gestión es hija de su tiempo: la de Jorge Macri, también. Su llegada al poder en la Ciudad coincidió con la irrupción de La Libertad Avanza (LLA), de Javier Milei, como fuerza nacional. El control de la calle fue uno de los objetivos prioritarios del Gobierno ultraderechista, que indefectiblemente tenía a la Ciudad de Buenos Aires como escenario privilegiado, por lo que sucede en los alrededores del Congreso o la Plaza de Mayo. Lejos de defender sus competencias o jurisdicción, Macri entendió que no tenía margen para ir contra la ola violeta y se decidió a surfearla.
El jefe de Gobierno porteño terminó adoptando el lema de «ley y orden» con el que firmaba Patricia Bullrich, migrada desde el Pro hacia LLA. Lo de Macri no fue solo apropiación de un discurso tradicionalmente conservador, sino una forma de ponerse en pie de igualdad con una figura que podría desembarcar como contendiente electoral.
Para 2027, año en que habrá elecciones ejecutivas, Jorge Macri prevé un aumento del presupuesto en seguridad del 21%. La partida para la policía viene directamente detrás de las que se asignan para educación y salud en territorio porteño.
Según cifras oficiales, el sistema integral de seguridad pública de la Ciudad cuenta con 32.000 agentes. De ellos, 28.500 pertenecen a la Policía de la Ciudad. En lo que va de 2026, Macri propició la incorporación de 2.274 efectivos de la fuerza, que este año cumple diez años desde su creación.
«Desde la política de seguridad, este año nos concentramos en mantener el orden público que se restableció en la Ciudad desde el inicio de la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri. Prueba de esto son los casi 1.000 desalojos de propiedades usurpadas, el fin de los piquetes y los acampes, el desarme de ferias ilegales y el accionar de los manteros y la lucha contra la mafia de los “trapitos”», dijo el 21 de octubre pasado Horacio Giménez ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Giménez es el ministro de Seguridad de Macri desde marzo de 2025. Retirado de la Policía Federal Argentina (PFA), había estado al frente de la Policía Metropolitana en 2013, cuando reprimió en el hospital neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda. En sus primeros tiempos en la PFA, Giménez había estado destinado al Operativo Independencia y a la represión contra los obreros de Villa Constitución, según detalló el periodista Raúl Kollmann en Página/12.
Cuando Macri anunció en redes sociales que sería el reemplazante de Waldo Wolff, escribió: «Es tiempo de policías».
Avenida de Mayo. El diputado Pietragalla Corti interviene para evitar que la policía le incaute los cajones de frutillas a un vendedor discapacitado.
Foto: redes sociales
Ventanas rotas
Las definiciones que Giménez dio ante legisladores son compatibles con una mirada criminológica que se conoce como «broken windows» (ventanas rotas), que sostiene que la existencia de signos visibles de desorden o abandono (como una ventana rota) genera un entorno propicio para que ocurran más delitos. En ese marco se inscriben, por ejemplo, los desalojos que se hacen por vía administrativa –aduciendo un posible derrumbe–, sin necesidad de darle intervención al Poder Judicial.
Durante la gestión de Giménez, se desplegaron los operativos que se conocieron como «Tormenta Negra»: el primero fue en mayo de este año y el segundo en septiembre. En todos se propició la movilización de alrededor de 1.500 efectivos policiales e incluyeron el uso de drones y hasta de un helicóptero para que se desplazara el jefe de Gobierno y mostrara su control territorial en quince barrios populares o «villas».
Oficialmente, «Tormenta Negra» es presentado como un operativo de saturación. Según datos que aportó el propio Giménez, durante 2026 se hicieron 1.431 operativos de saturación, en los que 792 personas resultaron detenidas y 4.485 fueron imputadas por distintos delitos.
La oposición sospecha que estos operativos se diseñan comunicacionalmente y después van al Ministerio de Seguridad para que se los ejecute, como forma de instalar a Macri como una de las caras de la derecha. Para Andrés La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, el de «ley y orden» es un dispositivo comunicacional que pone bajo sospecha a determinados grupos sociales. «Es un discurso de odio en los términos de Naciones Unidas, porque justamente pone un manto de sospecha sobre determinadas poblaciones de nuestra ciudad: barrios populares, migrantes o aquellos que viven de la economía de subsistencia», sostiene el legislador peronista.
En su oficina tienen registros que indican que en 2025 el Gobierno de la Ciudad realizó 666 operativos que se presentan como de «ordenamiento urbano». Hubo trece megaoperativos contra la venta ambulante y se estima que unos 19.000 vendedores fueron desplazados, perdiendo, de esa forma, sus medios de vida. A esa forma de intervención se suman los controles que la policía hace en los ingresos a la Ciudad. Lo curioso es que el 83% de los policías que miran como sospechosos a quienes llegan desde la provincia de Buenos Aires residen allí también.
«Creo que hay que dimensionar que Jorge Macri quiere imponer un Estado policial y racista en la Ciudad de Buenos Aires sobre las personas más vulnerables de la sociedad y sobre la juventud en particular, haciendo una operación de construirlos como enemigos a combatir. Las campañas de ley y orden no son solamente propaganda electoral como parte de su interna con LLA; se están pagando con la represión en los cuerpos de los más humildes, quitándoles la última fuente de subsistencia, como los vendedores ambulantes, dejando en la calle a miles de familias. Los operativos «Tormenta Negra» son una política represiva, racista que no veíamos realmente hace años. Trabajé 20 años como operadora social en las villas, hablo con las familias y me cuentan que a los chicos les cuesta dormir por la noche por el terror de que vuelvan a darse alguno de estos operativos», relata Alejandrina Barry, exlegisladora porteña y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
Las cosas podrían ponerse peores. A principios de octubre, Macri presentó un nuevo Código Contravencional que deberá votar la Legislatura. En la normativa se contemplan arrestos de hasta 90 días para cuidacoches y multas más altas para quienes vendan en la calle que para quienes manejen alcoholizados.
La retórica de ley y orden está lejos de ser exclusiva del primo del expresidente Mauricio Macri. En General Pueyrredón, Guillermo Montenegro –exjuez federal y creador de la Policía Metropolitana– hacía campaña mostrando cómo desalojaba a personas en situación de calle. Todo era perfectamente filmado y subido a redes sociales.
En Chubut, gobernada también por el PRO de Ignacio Torres, un jubilado de 77 años fue detenido y acusado de tentativa de hurto por intentar llevarse un trozo de queso, 150 gramos de salame y una lata de atún sin pagar. Son postales de una Argentina cada vez más desigual y cruel, en la que la pobreza, según cifras oficiales, alcanza a casi un tercio de la población.
