14 de noviembre de 2026
La Auditoría General de la Nación (AGN) incluyó en su Programa de Acción para 2027 la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las concesiones más sensibles para el gobierno de Javier Milei, luego de un proceso de adjudicación marcado por irregularidades, polémicas y evidencias de que detrás del consorcio ganador existían socios ocultos como el Grupo Neuss.
Según informó Ámbito Financiero, el plan de acción fue aprobado por el Colegio de Auditores, aunque falta el paso final que debe dar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. El contrato de concesión con la empresa belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus, ahora bajo la lupa, se firmó en julio pasado tras una adjudicación exprés.
El Ministerio Público Fiscal, en una presentación rubricada por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, constató «una grave vulneración al principio de transparencia debido a la carencia de parámetros objetivos para la calificación de ciertos aspectos de las ofertas técnicas».
Por esto, consideró que la «ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo, habilitando la posibilidad de que los criterios de calificación sean adaptados de forma subjetiva o arbitraria con posterioridad a la apertura de los sobres, lo cual lesiona directamente la libre competencia».
El proceso licitatorio descartó en sus etapas previas a las demás corporaciones internacionales que manifestaron interés en la Hidrovía. La compañía brasileña DTA Engenharia quedó fuera de competencia en la primera fase debido a que su propuesta resultó «inadmisible» por falta de garantías, mientras que la empresa Dredging Environmental & Marine Engineering NV (DEME) quedó relegada al segundo puesto con 162,14 puntos totales frente a los 186,2 obtenidos por el consorcio ganador, detalló el portal C5N.
A mediados de mayo, el Gobierno desoyó la denuncia penal presentada ante la Justicia de Comodoro Py para que se investigara la licitación pública por la Hidrovía, que se había sumado a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La Fundación por la Paz y el Cambio Climático exigía que se investigara una presunta maniobra de direccionamiento en la futura licitación, que incluía en la acusación a la empresa Jan De Nul, quien finalmente se quedó con el negocio.
