6 de octubre de 2020
Si realizamos una mirada en retrospectiva, e intentamos recordar lo sucedido allá por el mes de marzo de este año, el tiempo transcurrido probablemente se parezca bastante a una eternidad. La irrupción de la pandemia en Argentina provocó (como en todas partes del mundo, por cierto) una especie de paréntesis, que implicó situarnos en otro contexto, con otras prioridades, y con nuevas incertezas e interrogantes sobre el futuro. Mucha agua ha corrido bajo el puente… y la política nacional no podía resultar una excepción.
En aquellos meses de marzo y abril parecía poder convertirse en realidad un anhelo difícil de lograr en Argentina: la unidad nacional. El consenso generado en torno a las medidas sanitarias, y el temor frente a los hechos que por ese entonces azotaban gravemente a países como Italia y España, abonaron la esperanza de enfrentar colectivamente el acecho del COVID-19. Los aplausos en los balcones al personal de salud convalidaban esa expectativa.
Lamentablemente, ese espíritu unitario no duró demasiado. Los aplausos en los balcones mutaron en cacerolazos, mientras que el acompañamiento de la oposición política fue súbitamente abandonado para transformarse en convocatorias a manifestaciones públicas permanentes en contra del Gobierno. El mote de «infectadura», acuñado por referentes políticos opositores, marcaba una inclinación por romper lazos con la estrategia del Gobierno.
En medio del mar de acontecimientos vertiginosos que signaron la política argentina desde marzo, es necesario señalar dos momentos en los cuales las fisuras en el sistema político resultaron notorias.
El primero de ellos se produjo en junio: el anuncio de expropiación de la cerealera Vicentin. La oposición reaccionó con furia, manifestándose en defensa de la empresa, pese a que (o quizá, porque) esta había incurrido en vínculos potencialmente fraudulentos con las autoridades del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri.
El segundo hecho trascendente remite a agosto, cuando el presidente Alberto Fernández, por medio de un decreto, declaró a las telecomunicaciones como «servicio público». Nuevamente, la reacción opositora resultó intolerante, aunque esta vez con un protagonismo creciente de los medios de comunicación dominantes, algunos de ellos involucrados en el decreto presidencial.
La reacción ante tales medidas, pese a una supuesta división entre «duros» y «blandos», no encontró fisuras en la oposición. El ataque al Gobierno fue cada vez mayor a partir de entonces, acicateado en forma constante por los medios dominantes. Ni siquiera el contexto pandémico logró moderar la virulencia en el discurso de la oposición política y mediática.
La ofensiva contra la actual administración a partir de entonces ha sido creciente. La protesta policial de comienzos de septiembre, más allá del legítimo reclamo, implicó la presencia, inaceptable en democracia, de efectivos con armas frente a la quinta presidencial. Luego, la Corte Suprema de Justicia, en un gesto político y corporativo, se arrogó la potestad de injerir en decisiones correspondientes al Poder Legislativo, otorgando un «per saltum» al recurso impuesto por tres jueces trasladados a la Cámara Federal por decisión de Mauricio Macri. Mientras que los medios dominantes y economistas del establishment no cesan la presión por una devaluación, ante la compleja situación financiera heredada del Gobierno anterior.
Lejos ha quedado el mes de marzo. La unidad nacional ya no resulta un horizonte posible. En una coyuntura dramática a nivel global, en Argentina se enfrentan dos modelos de país, de Estado y de economía. La oposición política, mediática y judicial, pese a los resultados electorales de 2019, no parece aceptar la decisión ciudadana frente a dicha disyuntiva. Por eso el conglomerado opositor se ha orientado hacia un curso de acción desestabilizador. La derecha argentina ha pasado a la ofensiva. Ante ese escenario, el desafío para el Gobierno y las mayorías sociales es doble: defender la democracia y ampliar derechos.
