31 de enero de 2022
Contraofensiva I. Proceso con sentencia en 2021.
GENTILEZA GUSTAVO MOLFINO
Tras cuatro años de una baja sustancial en el ritmo de las sentencias y demoras en el inicio de los juicios programados, como así también en el trámite procesal de las causas y un 2020 de pandemia, durante el año pasado se dictaron 17 sentencias, «un considerable aumento interanual de las sentencias respecto de 2020, cuando se dictaron 11», detalla el Informe anual estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. El relevamiento señala además que en 2021 se iniciaron 17 juicios, de los cuales 9 llegaron a sentencia, 7 continúan con el debate en curso y uno se suspendió por el fallecimiento de los dos imputados involucrados. En tanto, este año reanudarán sus audiencias causas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Mendoza y La Pampa. Tras la feria judicial comenzarán en Bahía Blanca y en Mar del Plata dos juicios emblemáticos: la megacausa Zona 5 (la más grande de la provincia con 40 imputados entre militares, policías federales y provinciales) y La Huerta (por delitos de lesa humanidad en Tandil y alrededores con 18 imputados), respectivamente. También en Santiago del Estero y San Juan comenzarán juicios. En el primer caso, el imputado es el exjuez Juan Carlos Caballero Vidal, mientras que, en San Juan, un debate oral y público revisará las siete absoluciones dictadas en la Megacausa II en 2017, revocadas dos años después por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación que ordenó un nuevo juicio.
Sin embargo, frente a este panorama que se muestra dinámico en cuanto al inicio e impulso de estos procesos judiciales de la mano de la voluntad gubernamental, a través, por ejemplo, de nuevas herramientas, como el manual desarrollado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que facilitará el acceso a los archivos del fondo documental de la ex SIDE vinculados con causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, existe un flanco en que estos procesos parecen enfrentar mayores dificultades: el que involucra la complicidad empresarial. De acuerdo con el colectivo Andhes, solo 21 expedientes, en los últimos 15 años, revisaron los vínculos de empresarios en secuestros, torturas o desapariciones de trabajadores y sindicalistas durante la última dictadura cívico-militar. Para muestra vaya que, tras 7 años de demoras, a fines de 2021 fueron citados a indagatoria exdirectivos de Mercedes Benz por su participación en crímenes de lesa humanidad contra trabajadores de la automotriz.
