7 de septiembre de 2022
El contexto previo del ataque de Sabag Montiel a Cristina Fernández, la reacción popular y las respuestas de los distintos sectores políticos.
Acuerdo. El Congreso emitió un repudio consensuado entre oficialismo y oposición.
FOTO: NA
El intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue el punto culminante de un proceso de degradación de la política y la comunicación mediática que se fue macerando desde hace tiempo y al que amplios sectores de la sociedad reclaman poner freno antes de que la escalada de violencia derive en consecuencias funestas para los argentinos.
La tensión de estas últimas semanas fue en aumento a medida que el fiscal Diego Luciani iba desgranando su acusación en la causa Vialidad. La respuesta en las redes de la vicepresidenta, impedida de hacerlo en el estrado como había solicitado, sirvió para demostrar que su centralidad en la política nacional sigue intacta, al punto de que los mismos medios que fustigaban su uso frecuente de la cadena nacional transmitieron la extensa exposición… en cadena.
Tras varios días de manifestaciones de apoyo en la esquina de su vivienda, el 1 de septiembre Fernando «Teddy» Sabag Montiel apretó dos veces el gatillo de una pistola Bersa calibre 32 a diez centímetros de su rostro. Por milagro, el arma no se disparó. La vicepresidenta reconoció más tarde que no se había dado cuenta de nada. Pero las imágenes de la Televisión Pública y del celular de uno de los presentes llevaron escalofríos a la población. Cualquiera sea la consideración que se tenga cobre Cristina Fernández de Kirchner, fue lo más cerca que alguien estuvo de matar a una personalidad de esa estatura política en la historia de la democracia argentina y eso afecta a todos.
El siguiente capítulo de este drama se produjo a los pocos minutos, en relación con la postura que los distintos sectores expresaron en torno al ataque. Desde la calificación que los medios le daban al incidente, en ciertos casos con un tono de desconfianza o describiéndolo, sin datos, como un hecho policial. La más expresiva fue la diputada provincial santafecina Amalia Granata, que directamente lo consideró un acting para conseguir votos en el 2023. Otros fueron más remisos a condenar el hecho, como la lideresa del PRO, Patricia Bullrich, el radical porteño Martín Tetaz, o el «libertario» Javier Milei. Hubo coincidencia, en cambio, en todos los sectores de la izquierda, la UCR y representantes del partido de Elisa Carrió en repudiar el atentado, dato no menor. Porque la fisura dentro de JxC, que había estallado con la represión frente a la casa de CFK, se profundizó luego de ese jueves dramático. Con la exministra de Seguridad del macrismo lanzada en una lucha en contra de la «tibieza» de muchos de los propios.
La masiva marcha del 2 de setiembre en todo el país tiene pocos antecedentes en la historia argentina, que si de algo se puede jactar es de utilizar las calles en forma pacífica para expresar sus disputas políticas. El sábado 3, en una sesión especial, el Congreso emitió un comunicado de repudio consensuado entre oficialismo y oposición. El texto dejó afuera, para lograr los votos de la oposición, temas que sin embargo son cruciales y explican el trasfondo para el ataque, como las alusiones a los discursos de odio tanto de dirigentes como de medios de comunicación.
Aún así, la bancada del PRO abandonó al recinto donde se trató el documento ni bien se votó. «No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar la oposición política, el Poder Judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente venimos escuchando», argumentó el jefe del bloque, Cristian Ritondo.
Racionalidades
El expresidente Mauricio Macri, en tanto, que tuvo el reflejo de condenar de inmediato el atentado, luego fue virando hasta hablar de una «cacería de enemigos simbólicos a los que les atribuye, sin ninguna racionalidad, la instigación al ataque». La disputa por la «racionalidad» no es un tema menor. Cristina Fernández había alertado, antes del jueves 1, que la oposición intentaba resolver sus diferencias internas compitiendo por quién es más duro en contra del peronismo y de ella en particular. «No tenemos gente racional frente a nosotros», había dicho horas antes del ataque. Esa misma mañana su hijo, el diputado Máximo Kirchner, había dicho «están viendo quién mata al primer peronista».
No sería a manos de fuerzas de seguridad que se produciría este intento de magnicidio, sino de un personaje marginal, con simbología nazi grabada en su piel en forma de tatuajes. La causa fue declarada bajo secreto de sumario por la jueza María Eugenia Capuchetti en una causa que investiga el fiscal Carlos Rívolo. Los primeros datos muestran a Sabag Montiel como un extraño personaje muy ubicuo junto a móviles de Crónica TV y de perfil contrario al Gobierno nacional. El 4 de septiembre, una joven que en alguna emisión de ese canal aparece como su novia, fue detenida por la Policía Federal. El celular del hombre, de 35 años, habría sido bloqueado en circunstancias dudosas por el personal a cargo de su custodia.
Los discursos de odio forman parte de la degradación de la política y los medios que se potenció desde la pandemia de coronavirus. Así lo marcó un usuario de las redes sociales el ironizar que para la política es un delito más grave tocar un pecho femenino en un zoom que pedir la muerte de la vicepresidenta. Hacía referencia al diputado salteño del FdT Juan Emilio Ameri, expulsado de su banca hace dos años, y al caso del neuquino Francisco Sánchez, del PRO, quien escribió en un tuit que «doce años de prisión (como Luciani reclamó para CFK) por robar impunemente es poco (…) merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria». La Constitución Nacional de 1994 adhirió al Pacto de Costa Rica, que prohíbe la pena de muerte en cualquier circunstancia.
