1 de enero de 2023

Franco Mizrahi

Con la resolución a favor de la Ciudad de Buenos Aires la Corte concluyó un año signado por pronunciamientos en contra del Gobierno. Pedido de juicio político y conflicto de poderes.

En una de sus últimas resoluciones del año, la Corte Suprema de Justicia duplicó los miles de millones de pesos que recibe la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, medida que se debería hacer efectiva durante el año electoral, y detonó un conflicto de poderes con el Gobierno nacional. Se trató de una nueva resolución cortesana en contra del Poder Ejecutivo en 2022. A través de una medida cautelar, el 21 de diciembre la Corte elevó de 1,4% a 2,9% la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires.
El origen de este diferendo se ubica en enero de 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta firmaron un convenio de traspaso de la Policía de la Nación a la Ciudad. A los pocos días de esa rúbrica, Macri aumentó la coparticipación de CABA del 1,4% al 3,75%. La coartada fue la transferencia de la fuerza de seguridad. Tras llegar a la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández anuló el decreto de Macri y redujo las transferencias a CABA al 2,32% hasta que el Congreso sancionara una ley. Esa ley, que estableció el monto de las transferencias para el pago de la seguridad porteña, se aprobó en diciembre de 2020. Allí se estableció que el porcentaje de la coparticipación debía volver al 1,4% original. Rodríguez Larreta judicializó esas decisiones porque pretende percibir el 3,5% de coparticipación que le otorgó Macri.
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda ordenaron el 21 de diciembre que el Estado Nacional le entregue el 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad. Los cortesanos firmaron esta resolución a tres días del comienzo de las Fiestas y mientras la sociedad celebraba la consagración de la Argentina en el Mundial de fútbol. Tenían el caso en sus manos desde hacía meses.
Tanto Macri como Rodríguez Larreta festejaron lo resuelto por los supremos. «Celebro el fallo de la Corte que le devuelve a la Ciudad lo que le corresponde», escribió el primero en Twitter. «Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible», manifestó el segundo en tono de campaña.
El Gobierno nacional salió al cruce. «Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad», sostuvo Alberto Fernández. Anunció que recusaría a los supremos y presentaría un «pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada». Rápidamente Elisa Carrió denunció penalmente a Fernández por no acatar el fallo. Sin embargo, Fernández volvió sobre sus pasos y aclaró: «Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas». Dispuso luego pagar con bonos a la Ciudad de Buenos Aires.
Los festejos de quienes se beneficiaron con esta decisión y las críticas de quienes se vieron perjudicados expone el falso equilibrio que intentó mostrar la Corte en la resolución que dictó.
La cautelar sobre la coparticipación es el último de una serie de fallos cortesanos que tensaron la relación con el Poder Ejecutivo a lo largo de 2022. Pocos días después del fallo sobre la coparticipación, se conocieron diálogos que podrían comprometer al presidente de la Corte, y Alberto Fernández anunció, con el respaldo de gobiernadores, que pedirá el juicio político de Rosatti. El mandatario aclaró que el pedido se fundamenta en esos diálogos «jamás contradichos» que, de ser ciertos, mostrarían «el vínculo escandaloso entre parte de la política y la justicia» en medio de un «un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la República».

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Seis días antes de expedirse sobre la coparticipación porteña, los ministros confirmaron una condena a 13 años de prisión contra la dirigente social Milagro Sala en el caso «Pibes Villeros». Rechazaron un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente jujeña y así, con un formalismo, dejaron firme una sentencia dictada en 2019 por la Justicia provincial, a la que se acusa de ser maleable a los intereses del gobernador radical Gerardo Morales. Hubo pedidos de dirigentes kirchneristas al presidente para que firme un indulto, pero Fernández sostiene que el caso no aplica para que pueda acudir a ese instrumento.
En los primeros días de noviembre, la Corte firmó otra resolución que provocó una tensión entre poderes. En esta ocasión, el conflicto fue con el Congreso. Ocurrió cuando Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda dispusieron que no era válida la división del bloque de senadores del Frente de Todos que realizó Cristina Fernández en pos de lograr un sillón más para esa fuerza en el Consejo de la Magistratura. Es decir, cuestionaron una decisión de política partidaria. La jugada de la titular del Senado fue una respuesta a la decisión del Alto Tribunal de declarar inconstitucional la conformación del Consejo que regía desde 2006. Esa decisión suprema cambió la relación de fuerzas en ese órgano central para la designación y sanción de jueces. El presidente de la Corte pasó a ser el presidente del Consejo.
Al momento de escribirse este artículo, el Consejo seguía sin constituirse de forma completa porque la Corte no ordena la jura de los cuatro representantes por el Senado. Por el contrario, les tomó juramento a los cuatro diputados y convalidó una división de la oposición similar a la que le cuestiona al kirchnerismo en la Cámara Alta.
En junio de este año, el Alto Tribunal allanó el camino hacia la condena de Cristina Fernández en el juicio de Vialidad al rechazar todos los planteos de la vicepresidenta en esa causa. Los supremos, que no tienen plazos para expedirse, no hicieron lugar a los recursos de la vicepresidenta justo en la previa del alegato de la fiscalía. Seis meses más tarde la vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión en ese proceso y se la inhabilitó de forma perpetua a ejercer cargos públicos.
Fernández respondió a la condena con un discurso vehemente en el que se bajó de la competencia electoral y apuntó al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y a la Corte: «No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted, Magnetto, el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y la Corte Suprema de que me metan presa», afirmó.
La referencia a Magnetto fue por una serie de chats filtrados a principio de diciembre que exponen cómo dos altos ejecutivos del multimedios invitan a cuatro jueces federales, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Marcelo D’Alessandro, a un empresario publicitario y a un exespía relacionado con Horacio Stiuso a pasar unos días en la estancia del magnate Joe Lewis en Bariloche. En los mensajes se observa que intentan encubrir el presunto delito de dádivas en el que habrían incurrido. Todos están imputados en una causa que tramita en la Justicia federal de Bariloche. La forma en que interactúan los involucrados en esa trama da cuenta de cómo funcionan los engranajes de un sector del Poder Judicial al que señala el oficialismo.
Ya el 18 de julio pasado Cristina había apuntado contra los supremos en un posteo titulado «De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia».
El fallo sobre la coparticipación se inserta en esa lógica de golpe y contragolpe entre la Corte y el Ejecutivo que se dio a lo largo de 2022. Sus consecuencias parecieran apenas un adelanto de los choques que se esperan en el año electoral.

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