14 de enero de 2024

Esteban Magnani

Cooperativas, mutuales y otras organizaciones son esenciales para brindar el servicio a los sectores más desfavorecidos. Un nuevo libro recopila esas experiencias.

En la actualidad el acceso a internet es un recurso necesario para realizar actividades de todo tipo: escolares, laborales, recreativas o también para sacar un turno para renovar el DNI. Estas necesidades esenciales para ejercer la ciudadanía suponen el acceso a internet, pero chocan de frente con la lógica del mercado que piensa exclusivamente en términos de costos: entrar en barrios vulnerables, carentes de infraestructura básica, hacer tendidos de decenas de kilómetros para conectar un pueblo o casas dispersas en una zona rural, por ejemplo, no resulta rentable para las empresas.
Esa brecha está siendo sorteada en diversos puntos del país por organizaciones que combinan la sostenibilidad económica con otras variables que la exceden: el derecho al acceso a una conexión eficaz y de costo razonable, a ser socio de un emprendimiento en el que, en definitiva, se invierten recursos propios, a aprender cómo funciona la tecnología, generar contenidos y comunicarlos.
Este tipo de proyectos, en su mayoría en manos de cooperativas, mutuales y fundaciones sin fines de lucro no siempre tienen visibilidad más allá de quienes participan de forma directa; por eso resulta tan positiva la presentación del libro Conectividad popular. Organizaciones sociales prestadoras de internet en barrios populares y áreas rurales de Argentina, coordinado por Mariela Baladrón, Larisa Kejval y Diego Rossi, de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). En el libro se detallan las características del heterogéneo mundo de las redes populares gracias al análisis de diez casos puntuales distribuidos por todo el país: desde Atalaya Sur, en la villa 20, a la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense, pasando por las cordobesas Nono Libre y El Valle Reinicia o la Red de Internet Comunitaria de Jujuy.
Las problemáticas de cada uno de estos casos es variada y van desde la falta de fondos para la inversión inicial, los desafíos que plantea la ruralidad, la importancia del involucramiento de los vecinos para que no se vandalicen cables o módems en la vía pública a los costos a precio internacional de la conectividad mayorista, por mencionar solo algunas. Cada experiencia encontró su forma de responder a las particularidades y necesidades del territorio.

Un punto de quiebre
A través de los testimonios que aparecen en el libro se ve cómo la pandemia puso blanco sobre negro un problema ya existente: las diferentes realidades del país a la hora de acceder a internet. En ese momento, las redes buscaron la forma de acelerar su crecimiento y desde el ENACOM se ofrecieron líneas de subsidios para facilitar la tarea. En algunos casos las organizaciones con recursos propios prefirieron evitar el engorro y los tiempos largos de este tipo de ayudas.
Uno de los proyectos más numerosos en cantidad de usuarios es el de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense que se formó como sociedad anónima en 1911 para llevar electricidad al pueblo y que en 1954 pasó a ser una cooperativa. Precursora, la organización ya ofrecía el servicio de internet por dial up en 1999 y en 2001 contaba con 5.000 usuarios.
La cooperativa se esforzó por instalar fibra óptica a los hogares para reducir costos y aumentar la velocidad. Entre 2021 y 2022 recibieron Aportes No Reembolsables desde el ENACOM para llegar a otros barrios donde viven 2.500 familias con muy mala conexión. Gracias al tendido de fibra óptica pudieron bajar los precios un 50% y las escuelas y entidades sin fines de lucro no pagan por el servicio. «Hoy en día la cooperativa ya da conexión a 14.000 hogares y comercios», cuenta Pablo Fernández, gerente de Telecomunicaciones de la cooperativa. «Y más allá de que tenemos el 80% de Luján cubierto con fibra, el próximo año pensamos seguir cableando para llegar a los barrios que todavía no cuentan con el servicio y de esta manera cubrir todos los rincones de Luján».

Un caso más reciente es el de Atalaya Sur en la villa 20 de Lugano que tiene más de 30.000 habitantes. El servicio de las empresas no llegaba a muchos de los hogares o, si lo hacía, los abonos que se pedían eran muy altos. Para responder a esa necesidad, se creó Atalaya Sur en 2014 como parte del Proyecto Comunidad, iniciado en 2001 y que cuenta con merendero, ofrece microcréditos y cuenta con una cooperativa de vivienda, entre otras cosas.
El proyecto da servicio a 1.040 hogares y, además, para reducir la brecha tecnológica, da talleres de robótica e impresión 3D. Las capacitaciones que se ofrecen permitieron que los trabajadores responsables del mantenimiento de la red sean vecinos: esto, además de generar trabajo en el territorio, ayuda a reducir la vandalización de los equipos que están en las calles. También cuentan con un portal de acceso a la red en el que se suben contenidos generados por los talleres audiovisuales que se dan. Con respecto al futuro, «la verdad es que estamos ante una situación de incertidumbre», cuenta Manuela González Ursi, una de las coordinadoras del proyecto. «El hecho de que los megas mayoristas no tengan ningún tipo de regulación nos deja muy desprotegidos, porque claramente no se puede recargar o trasladar una devaluación repentina a los usuarios. Así que bueno, el panorama es de incertidumbre».

Ruralidad, federalismo y comunicación
«La red nace para conectar a las radios comunitarias de Jujuy», explica Guillermo Núñez, uno de los coordinadores de la Red Comunitaria de Jujuy. «Y en cada uno de esos lugares hay una comunidad. Por ejemplo, en la radio hay cien personas por semana haciendo sus programas, hay un centro cultural, hay comedor, hay biblioteca. Ahora tenemos licencia y vamos a ver cómo mejoramos el servicio de internet para que podamos sumar más usuarios a la red». En Jujuy, internet se entreteje con las experiencias de las radios comunitarias para conectar un territorio extenso y con gran variedad de topografías.
En Córdoba, entre las sierras grandes y las chicas, se extiende el valle de Paravachasca. Allí distintas organizaciones se conectaron en red para acceder a internet: «Quintana Libre ahora tiene más o menos veinticinco hogares conectados pero, además, es parte de la red de redes de Paravachasca: San Isidro, Los Molinos, La Sierra Anita, Anisacate y otros», enumera Jésica Giudice, presidenta de la ONG AlterMundi, una de organizaciones dedicadas a la conectividad más activas de la Argentina y conocida por su desarrollo del Libre Router, un hardware pensado para las redes comunitarias: «El Libre Router surge desde la dificultad de contar con equipos accesibles y por los costos, principalmente de recursos humanos, de tratar de adaptar los equipamientos del mercado a las necesidades de las redes comunitarias». Hoy en día muchas de las redes se apropiaron de esta tecnología y contribuyen a su mejoramiento, como en otras experiencias de hardware abierto. Quintana Libre, además, se conecta directamente a ARSAT y a su Red Federal de Fibra Óptica que facilitó la posibilidad de contar con una conexión de buena calidad y precio en lugares alejados de los grandes centros urbanos del país.
Recopilar y dar visibilidad a estos proyectos resulta fundamental como insumo para políticas desde el Estado y también para fortalecer redes e incentivar a otros colectivos a seguir ese camino. En la diversidad de estos proyectos, en sus estrategias y su trabajo conjunto se ve que otra forma de conexión es posible.

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