30 de noviembre de 2024

La Iglesia Católica expresó este viernes su “más profunda preocupación ante la disolución por decreto del Fondo de asistencia directa a las víctimas de trata de personas” creado por ley 27.508 de 2019 y puesto en funciones en octubre de 2021.  Lo hizo a través de la Comisión de Justicia y Paz, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), y más precisamente del equipo eclesiástico dedicado al tema que entiende que la norma democrática que lo creó “representaba una demanda auténtica de víctimas y sobrevivientes, promovida por el Poder Ejecutivo y votada en el Congreso con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil”, detalló Página12. Para el organismo eclesiástico la medida adoptada por el gobierno representa un “retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas”, según se afirma en el comunicado.
A su vez, la Iglesia cuestionó los argumentos oficiales para el desfinanciamiento ya que el Poder Ejecutivo sostuvo en el Boletín Oficial que comunicó la medida que “resulta oportuna la disolución de los citados fondos fiduciarios en el contexto económico actual, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”. Frente a ello el “Equipo No a la Trata” de la Iglesia Católica aseguró no comprender “la mención del contexto económico actual, ya que los fondos no salen del erario público” sino que se trata de “la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y del lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas”.