22 de junio de 2022

Otro manifestante indígena murió durante la represión ordenada por el gobierno de Guillermo Lasso contra las protestas que se extienden en todo el territorio de Ecuador, elevando a dos la cifra de víctimas mortales al cabo del noveno día de paro nacional. Los jefes militares, en un claro posicionamiento, alertaron sobre lo que consideran un «serio riesgo para la democracia» y culpan de las protestas al «narcotráfico y el crimen organizado». Un llamado de una Comisión Convocante –que nuclea a unas 300 organizaciones de la sociedad civil- podría desembocar en una nueva ronda de negociaciones en vista de que el diálogo entre las partes está roto desde la semana pasada. A las protestas iniciales se sumaron estudiantes y trabajadores con marchas y bloqueos de rutas. El paro afecta a las actividades en las grandes ciudades y a los vuelos internacionales y locales. Leonidas Iza, el líder de la mayor organización indígena, pidió al Gobierno «dar una respuesta que permita abrir la discusión» sobre los reclamos de su Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), entre los que destaca la reducción del precio de los combustibles, ampliar plazos para pagar sus deudas financieras, limitar la expansión petrolera y aumentar el presupuesto para la salud y educación intercultural. En primer lugar, ahora, está el reclamo de poner fin a la represión. Seis provincias ecuatorianas se encuentran bajo estado de excepción, que le permite al gobierno movilizar militares e imponer un toque de queda nocturno de siete horas.