9 de marzo de 2023
Los datos sobre la violencia narco en Rosario son escalofriantes y una muestra de lo que viene sucediendo hace ya bastante es que desde septiembre de 2020 funcionan tres fiscalías dedicadas exclusivamente al fenómeno de las balaceras, una palabra que hasta no hace tanto se escuchaba solo en series y películas dobladas en México. La jefa de esa sección es Valeria Haurigot, quien se hizo conocida en los medios nacionales luego de que el local del suegro de Lionel Messi fuera baleado, a las pocas horas de que el presidente Alberto Fernández pronunciara en el Congreso de la Nación el discurso inaugural de sesiones del año 2023 y en el que, en el marco de sus críticas a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, atribuyera a ese poder del Estado la demora en designar jueces federales en la provincia de Santa Fe que servirían para combatir el crimen organizado. Haurigot indicó en alguna de sus intervenciones que en lo que va del año se ha registrado un homicidio por día en enfrentamientos entre bandas. El más espeluznante, el de un niño, Máximo Jerez, de 11 años, que quedó en medio de una balacera. El ataque al supermercado de los Rocuzzo levantó sospechas de todo tipo porque tuvo todas las características de una maniobra destinada a generar efectos mediáticos inmediatos, como efectivamente ocurrió, no solo en el país sino en todo el mundo, y nombraba al intendente local, Pablo Javkin. También despertó, en un año electoral, reacciones en diversos sectores de la dirigencia política que pronto acudieron a emitir mensajes de campaña en torno a las más disímiles salidas para una situación que no nació durante esta gestión a nivel provincial o nacional sino que se arrastra desde hace más de dos décadas y cruza todas las gestiones. Es así que se vieron escenas que se viralizaron en memes de burla, como la recorrida de un conductor televisivo junto a la diputada provincial Amalia Granata por el barrio del establecimiento baleado donde alguno de los vecinos le recordó que nunca había estado en esa zona desde la última elección y que, además, vive en Buenos Aires. Luego se supo que el chaleco que lucía la legisladora no era equipamiento de seguridad antibalas sino para el juego de Paintball. Tuvo que salir a explicar que había sido un «modo simbólico» de mostrar el grado de violencia que se vive en esa ciudad. Otra situación fue la del diputado bonaerense Diego Santilli, que «casualmente» pasaba por el lugar con los auriculares del canal ya puestos. Desde el oficialismo, la crisis rosarina llevó al ministro de Seguridad Aníbal Fernández a cometer algunos traspiés, como cuando dijo que «los narcos ganaron». O el propio presidente Fernández cuando desde Salta indicó que «algo hay que hacer» por los rosarinos. En ese sentido, la oposición también encontró canales de expresión para las distintas posiciones que atraviesan a Juntos por el Cambio en esos temas. Así, mientras la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich (2015-2019) proponía sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico, el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se desligaba –en el contexto de su interna por la precandidatura presidencial– declarando que «el Ejército no está preparado para combatir a los narcos, tenés que tener gente entrenada para eso. La Gendarmería está mucho más cerca en el entrenamiento». La propuesta de Bullrich encontró eco en los sectores de la sociedad más cercanos a la ultraderecha y críticas desde quienes recuerdan que, por ley, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interior. Pero además, los datos de la participación de militares resultan dramáticos en casos similares en México y Colombia, donde quedó un tendal de víctimas sin haber solucionado el problema de fondo e incluso agravándolo. Desde los propios uniformados hubo críticas que no llegaron a trascender –por razones obvias– contra los dichos de Bullrich, alertando contra intentos de «manchar al Ejército» en delitos de los que luego los civiles encontrarán la manera de no hacerse cargo. El martes 7 de marzo el primer mandatario anunció el envío de 300 efectivos de Gendarmería Nacional y 100 de la Policía Federal. Lo más destacado fue, sin embargo, la orden de despliegue de tropas del cuerpo de Ingenieros del Ejército para realizar tareas de urbanización en los barrios marginales de Rosario. Patricia Bullrich encontró otro hueco para la crítica: «No es prioridad construir casas, sino evitar que sigan masacrando a los rosarinos». El miércoles, desde Rosario, Aníbal Fernández dijo que «es imperioso llegar hasta el hueso».
Organismos de derechos humanos, en tanto, cuestionaron la convocatoria. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró que esa iniciativa es un hecho grave y «muestra el fracaso político para resolver con seriedad la violencia urbana y la limitación a un abordaje punitivista del problema».
No se ignora que el narcotráfico arrastró a varias cúpulas de la policía provincial, que hay implicados miembros del servicio de Justicia de todos los niveles, pero además, que el resultado de esos delitos es una fortuna que luego es ingresada al circuito legal mediante esquemas de lavado de dinero.
