22 de junio de 2024

Luciana Rosende

Miles de adolescentes sin cuidados parentales reciben acompañamiento y sustento económico del PAE. Atrasos en los pagos y denuncias de vaciamiento hacen temer sobre su continuidad.

Yamila Tato tiene 22 años, tuvo un bebé a los 15 y perdió a su mamá a los 16. Sin un padre presente, quedó sola en el mundo con un hijo. Así ingresó a un hogar, donde vivió hasta los 18. Salió agradecida con el lugar donde le tocó pasar los tres últimos años de su difícil adolescencia, con ganas de independizarse junto a su hijo y con una ayuda concreta: la del Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE), que contiene a jóvenes sin cuidados parentales en su salida a la vida adulta. Hoy, ese programa está inmerso en la incertidumbre.

El PAE está cumpliendo siete años. Quedó formalmente constituido con la sanción de la Ley 27.364, el 31 de mayo de 2017. Consta de dos etapas: en la primera –desde los 13 años– un referente adulto acompaña a adolescentes que crecen en hogares y residencias; en la segunda –a partir de los 18, cuando egresan– suma una asignación económica mensual equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil, hasta que cumplen los 21 años (o hasta los 25 si siguen estudiando). Su implementación en 2019 implicó que el Estado no les soltara la mano a chicos y chicas como Yamila, cuyos derechos ya habían sido vulnerados y que, hasta entonces, quedaban en completo desamparo cuando alcanzaban la mayoría de edad. 

Desde que comenzó el Gobierno de Javier Milei, el PAE –como otras políticas públicas destinadas a infancias– fue alcanzado por la motosierra. Retrasos en los pagos, falta de respuestas ante los reclamos y «vaciamiento», según describen referentes desde el Colectivo PAE, que se conformó para visibilizar la situación.

Futuro incierto 
«Hay incertidumbre sobre la continuidad. Entendemos que no es tan sencillo discontinuarlo, ya que hay una ley con la que se rige. No hemos visto ningún proyecto para derogarla ni ningún decreto que lo haga, pero estamos atentos a que eso esté en la agenda del Gobierno nacional y salir a luchar contra eso. Porque es un derecho conquistado y le da cierto respaldo a jóvenes que tienen una historia sumamente compleja. Con una vulneración de derechos histórica», remarca Sebastián Serrano, coordinador del PAE en el municipio bonaerense de San Martín.

«Según dichos que nos llegaron, no de manera oficial, los recursos económicos para que el Programa siga funcionando están; pero guardados sin ser utilizados», añadió. Se ejecuta una lógica comparable a la del almacenamiento de millones de toneladas de alimentos, mientras los comedores reclaman recursos.

Desde Capital Humano, ministerio del que depende el PAE, no hubo respuesta sobre el tema. Las y los jóvenes que reciben la asignación mensual cobraron en los últimos días de mayo lo correspondiente a marzo. No solo lidian con el atraso: también con un cambio de esquema que implica no poder planificar sus gastos, porque ya no cuentan con fechas de cobro pautadas. Para quienes crecieron sin familia y deben lograr autonomía a edades tempranas, la planificación es un factor clave.

«Que se interrumpa o se atrase perjudica, porque implica no poder pagar cosas que tengo contempladas. No poder comprar cosas de comida. Porque si bien trabajo, con la realidad económica actual no alcanza y el PAE ayuda a sobrellevarlo. En este atraso mi referente –junto con otros– estuvo a full trabajando para poder conseguir alimentos, para darnos aunque sea una caja. Porque hay chicos que quedaron en situación de calle o no tenían para comer», lamenta Yamila.

Además, la joven alerta: «Falta personal, faltan referentes. Hay muchos trabajando sin haber cobrado desde diciembre. Muchos renunciaron. Y no se estuvieron dando nuevas altas en el Programa: los chicos que egresaron en estos meses estuvieron totalmente desamparados». Recién en los últimos días la Subsecretaría de Políticas Familiares anunció el envío de altas correspondientes a marzo. 

«Me cambió la vida»
«El PAE ha logrado cambiar vidas porque ha sabido responder a las necesidades concretas de quienes viven una etapa bajo protección del Estado», destacan Mariana Incarnato y Dana Borseze, de Asociación Civil Doncel, que trabaja por los derechos de infancias sin cuidados parentales. «Desde la puesta en marcha de este programa creado por ley escuchamos recurrentemente a jóvenes que son parte afirmar “el PAE me cambió la vida”. Actualmente, más de 3.500 adolescentes y jóvenes de las 24 jurisdicciones de la Argentina incluidos en el PAE cuentan con acompañamiento técnico y con un apoyo económico», escribieron de cara al séptimo aniversario de la ley. Y enfatizaron: «Es fundamental que la inclusión de adolescentes y jóvenes continúe sostenidamente. No debe haber retrocesos sino ampliaciones».

Incarnato y Borseze describieron, además, dos hitos que representó y representa el Programa: «En primer lugar, ha sido una ley que se gestó y diseñó con escucha y participación de los propios adolescentes y jóvenes que egresaron de la protección. Hoy podemos celebrar la consolidación de un colectivo nacional de adolescentes y jóvenes titulares del PAE que se ha aglutinado para seguir participando y exigiendo que esta política pública responda a sus necesidades. En segundo lugar, el acompañamiento y la extensión de la protección más allá de los 18 años les ha brindado por primera vez la “posibilidad de elegir”: pueden elegir seguir estudiando, con quién vivir o qué trabajos quieren hacer».

Yamila eligió: cursa el primer año de la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, trabaja como empleada administrativa y vive con su hijo de casi siete años. El PAE, asegura, tuvo un rol importante para que pudiera llegar adonde está. «Cambió mi realidad al momento de egresar. Sin eso tal vez hubiera ido a un hogar de adultas, por no tener a dónde ir. Es horrible eso, porque una necesita independizarse. Yo necesitaba vivir sola con mi hijo. Sin el apoyo del PAE no lo habría podido hacer».

Porque conoce lo que implica, sale a defender su continuidad. Para quienes acaban de egresar o aún están en hogares, saber que el Programa tambalea genera «angustia y preocupación». Pero, asegura Serrano, «no les sorprende, hay que decirlo. A lo largo de su vida sufrieron muchas vulneraciones. Cuando los amenazan con arrebatarles algo, los enoja y preocupa, pero no los sorprende. Es repetir una vez más lo que les pasó en la vida: contar con derechos y de repente dejar de contarlos. Es repetir un acto de vulneración. Solo que en este caso es por parte del Estado nacional, que debería ser el primer garante de sus derechos».

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