2 de agosto de 2024
El cierre de una veintena de oficinas del Senasa, en el marco de los recortes estatales, pone en peligro el control de la inocuidad y la calidad de los agroalimentos.
Sede. El organismo se autofinancia y en 2022 le aportó al Estado argentino 12.000 millones de pesos.
Foto: www.gob.ar
Sigue el ajuste. A través de la Resolución 683/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno cerró 20 oficinas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En concreto, locales en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Misiones, Salta, San Luis y Santa Fe.
En territorio bonaerense, para citar algunos ejemplos, la oficina de Berisso pasó a integrarse a la de La Plata, la de Capilla del Señor a depender de la de San Andrés de Giles, la de Coronel Rosales quedó integrada a la de Bahía Blanca, la de Henderson a la de Daireaux y la de San Nicolás a Ramallo.
El titular del organismo, Pablo Cortese, adjudicó la medida a la necesidad de «mejorar la coordinación, economía y eficiencia del servicio» y consideró que «dicha baja no afectará la prestación del servicio en los territorios».
Si es un problema de números, cabe destacar que el Senasa se autofinancia y que en 2022 le aportó al Estado argentino 12.000 millones de pesos. En cuanto a la afectación de los servicios territoriales, sus trabajadores alertan que la reducción trae aparejado menores controles y, por consiguiente, la aparición de un mayor riesgo sanitario.
Del campo a la mesa
Por definición, el Senasa es «un organismo descentralizado, con autarquía económica-financiera y técnico-administrativa y dotado de personería jurídica propia, dependiente de la Secretaría de Bioeconomía y del Ministerio de Economía de la Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia».
También, como responsable de planificar, organizar y ejecutar programas y exportaciones de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, además de agroalimentarios, fármaco-veterinarios y agroquímicos y fertilizantes, tiene entre sus competencias el control del tráfico federal y de las importaciones.
En diálogo con Acción, Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE y trabajadora del sector, señala que el cierre de los espacios territoriales del Senasa para el funcionamiento del organismo «es muy complejo» porque, justamente, «estar presentes en cada rincón del país permite el control que se lleva adelante en animales vivos y vegetales, desde la producción del alimento hasta su consumo final en la mesa de los argentinos y de las argentinas o hasta su empaque para la exportación». Pero también implica la desaparición de controles internos «independientemente de si se echan o no trabajadores y trabajadoras», agrega Cabezas, y explica que tienen que ver con la posibilidad de llevar una trazabilidad en el control desde la producción del alimento hasta su consumo.
Ante el avance de la eliminación de mecanismos de vigilancia del consumo interno por parte de este Gobierno, la preocupación no es menor, aunque desde ATE vienen denunciando hace tiempo un «doble estatus fitosanitario» para el control alimentario en el país, que se manifiesta con inspecciones más severas para la exportación que las que se hacen hacia adentro. «La decisión de avanzar en provincializar o municipalizar los controles del consumo interno o directamente pasar a una suerte de ayuda de control privatizada, donde los mismos controlados sean los que se controlan, no lleva a nada bueno, porque en términos generales, en algún momento falla», considera Mercedes Cabezas.
Temores. Desde ATE advierten que «de levantarse las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado».
Foto: @SenasaAR
Pero, además, provincializar o municipalizar, hace que las reglas sanitarias no sean parejas. Al ser autónomos los municipios y las provincias, la responsabilidad le cabe al Estado nacional.
«Los animales vivos pasan de un campo a otro y ante la posibilidad de una infección o de una enfermedad zoonótica, no es posible determinar si el contagio es de un campo de consumo privado o uno de exportación», ejemplifica Cabezas.
Modelo en el mundo
El Senasa cuenta con la habilitación de la Organización Mundial del Comercio, encargada de controlar las normas necesarias para exportar a los otros países y otorgar las certificaciones para el comercio internacional. Desde ATE advierten que «de levantarse las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado».
«Los países le compran a Argentina porque el estatus zoofitosanitario es modelo en el mundo y obviamente eso lo hacen sus trabajadores y trabajadoras», añade Mercedes Cabezas y apunta que tener menos personas «es directamente proporcional a que aparezcan problemas en el control de los alimentos y por lo tanto que sea susceptible a la aparición de enfermedades y al poco control que podemos tener sobre las situaciones epidemiológicas en el país».
La diputada provincial por Buenos Aires de la UCR-Cambio Federal Evolución, María Belén Malaisi, presentó un proyecto en rechazo a la resolución, considerando que «un país como la Argentina, que se caracteriza por la producción de alimentos que deben reunir condiciones mínimas de salubridad, más el necesario control de calidad de los productos que los individuos consumen, cerrar oficinas del organismo (…) es un desacierto mayúsculo». Consultada por Acción, Malaisi reafirma que el cierre de las oficinas «afecta por la competencia que tiene el Senasa en el control del tráfico federal y de las importaciones y exportaciones de los productos y de los subproductos». Y agrega que esta medida «puede llegar a tener, además de un impacto en las fuentes de trabajo, otros a nivel de política sanitaria». «Nosotros tenemos que ser garantes de las condiciones mínimas de salubridad y del control de la calidad de los productos que se consumen», añade la legisladora e insiste en que «cerrar oficinas de este organismo, que es el responsable de planificar y ejecutar programas y planes específicos que reglamentan la producción, realmente es una barbaridad y un desacierto».
Vigilancia epidemiológica
Desde hace más de un siglo, la definición «una sola salud» resume el concepto de que la sanidad animal, la salud de los seres humanos y de las plantas son interdependientes y se vinculan con los ecosistemas en los que viven. Bajo este enfoque, la sociedad y los Gobiernos se comprometen a comprender, anticipar y abordar los riesgos de salud mundial.
No es arbitrario entonces pensar que el cierre de las oficinas del Senasa, y la consecuente relajación de controles, atenta contra la vigilancia epidemiológica.
En este punto, Mercedes Cabezas advierte sobre la necesidad de tener una mirada consciente «respecto de no desguazar un organismo fundamental para la sanidad de la población» en tanto recuerda los orígenes de la última pandemia y subraya que «en la Argentina no aparecen epidemias porque hay un control acabado de las situaciones epidemiológicas que pueden aparecer derivadas de los alimentos o de los animales vivos».
De relajarse la vigilancia, cada país y cada frontera –el Senasa también se ocupa del control sanitario de los límites entre países vecinos–, los riesgos serán mayores.
«Ya antes de que apareciera este Gobierno intentando relajar todo tipo de controles, las fronteras no tenían la cantidad de personal que necesita para llevar adelante un control acabado y eficiente», señala Cabezas y subraya que si bien el país sigue siendo un modelo, las inspecciones que no se hacen desde el Senasa son de riesgo.
«Lo que está pasando ahora es que se están relajando los controles en función de una política sanitaria que, por lo que entendemos, intenta, desde la privatización y desde la delegación de funciones indelegables del Estado Nacional, dejar de vigilar lo necesario para el buen vivir de nuestra población», concluye.
