17 de enero de 2026

Federico Lorenz

Líder de la independencia congoleña, su proyecto emancipatorio fue truncado por un asesinato encubierto por las potencias. Una historia que cobra actualidad ante las renovadas estrategias del poder global.

La noticia circuló durante semanas de manera imprecisa, como si el mundo necesitara tiempo para asimilarla o, más bien, para administrarla. Patrice Lumumba había muerto el 17 de enero de 1961, pero durante meses nadie supo ‒o nadie dijo‒ exactamente cómo, dónde ni bajo qué responsabilidades. En el Congo recién independizado, el silencio fue una forma más de violencia. En las capitales occidentales, una estrategia.

Lumumba había llegado al poder con una legitimidad incómoda. No era un intermediario confiable del orden colonial ni un heredero de las estructuras belgas. Su autoridad se había construido en la experiencia directa del dominio: el racismo institucional, la explotación económica, la reducción del africano a menor de edad político. Cuando habló el 30 de junio de 1960 en la ceremonia de independencia, rompió el protocolo. Frente al rey Balduino, que celebraba la supuesta misión civilizadora de Bélgica, Lumumba habló de golpes, de humillaciones, de trabajos forzados. No improvisó: interrumpió una narrativa. Desde ese momento, dejó de ser simplemente el primer ministro del Congo y pasó a ser un problema.

Rápida y frágil
La independencia congoleña fue rápida y frágil. Bélgica se retiró sin desmontar los mecanismos de control económico ni formar una administración capaz de reemplazarla. El ejército se amotinó, las provincias ricas amenazaron con separarse, las potencias extranjeras comenzaron a medir riesgos. En ese escenario, Lumumba insistió en algo elemental: que la independencia debía incluir el control efectivo de los recursos y la integridad territorial. Esa insistencia lo colocó en el centro de una tormenta.

La secesión de Katanga, impulsada por élites locales con apoyo belga y corporativo, fue decisiva. Allí estaban el cobre, el uranio, los minerales estratégicos que habían alimentado la economía colonial y el poder militar occidental. Para Estados Unidos, que leía cada crisis africana a través del prisma de la Guerra Fría, la posibilidad de que un líder imprevisible controlara esos recursos era inaceptable. Lumumba no se definía como comunista, pero estaba dispuesto a pedir ayuda a la Unión Soviética cuando Occidente se la negaba. Eso bastó.

Documentos desclasificados décadas después muestran que, ya en el verano de 1960, la administración estadounidense consideraba a Lumumba un «riesgo» que debía ser neutralizado. El presidente Dwight Eisenhower expresó en reuniones privadas su deseo de que fuera «eliminado», en un lenguaje deliberadamente ambiguo pero políticamente claro. La CIA recibió instrucciones para actuar. Desplegó recursos, agentes y contactos. Financió opositores y mantuvo una relación estrecha con el coronel Joseph Mobutu, entonces jefe del ejército congoleño, que en septiembre de 1960 encabezó el golpe que derrocó a Lumumba. Estados Unidos reconoció rápidamente al nuevo poder de facto. 

Lumumba fue arrestado, liberado por presiones internas, y vuelto a capturar. Hubo incluso planes concretos para asesinarlo mediante métodos encubiertos, que finalmente no se ejecutaron. Lumumba no debía volver al centro de la escena. Cuando fue trasladado a Katanga, en enero de 1961, Estados Unidos no apretó el gatillo, pero sabía lo que ocurriría. Bélgica tuvo un rol directo en la ejecución; las autoridades secesionistas actuaron como brazo local. En la lógica de la Guerra Fría, la pasividad activa fue una forma de intervención. Lumumba fue fusilado, su cuerpo destruido, su muerte ocultada.

El encubrimiento fue tan importante como el crimen. Durante meses se difundieron versiones falsas sobre una fuga o un linchamiento espontáneo. La ONU, presente en el Congo, fue incapaz ‒o no estuvo dispuesta‒ a impedir el desenlace. La responsabilidad estadounidense quedó diluida en una red de intermediarios, decisiones tácitas y silencios convenientes. Con el tiempo, esa responsabilidad emergió parcialmente. Comisiones parlamentarias en Estados Unidos reconocieron operaciones encubiertas destinadas a derrocar a Lumumba. Bélgica admitió su «responsabilidad moral». Nadie asumió una culpa plena. La historia quedó fragmentada, como el país que Lumumba había intentado mantener unido.

Volver hoy sobre su muerte no es un ejercicio de ajuste de cuentas tardío. Es una manera de pensar cómo opera el poder cuando se enfrenta a proyectos de soberanía que no controla. Lumumba no cayó por sus errores ‒que los tuvo‒ sino por lo que representaba: la posibilidad de que un país africano definiera su destino sin tutelas.

En ese sentido, ciertas expresiones recientes de la política exterior estadounidense, particularmente durante la presidencia de Donald Trump, resultan reveladoras no por su complejidad, sino por su franqueza. La idea de que los países existen en función de su utilidad estratégica, el desprecio explícito hacia regiones consideradas marginales, la naturalización de la agresión como forma legítima de negociación, recuperan una lógica antigua. 

Trump no organizó golpes de Estado en África ni diseñó asesinatos políticos; pero su manera de entender el mundo ‒jerárquica, transaccional, poco sensible a las historias coloniales‒ ayuda a comprender por qué Lumumba sigue siendo una figura incómoda. Un dirigente que hablaba de dignidad, de control de recursos, de igualdad soberana sigue desafiando un orden internacional que prefiere previsibilidad antes que justicia.

La tentación de convertir a Lumumba en un mártir puro es comprensible, pero empobrece la historia. Fue un político atravesado por urgencias, contradicciones y decisiones difíciles. Precisamente por eso su muerte importa. No fue la eliminación de un símbolo abstracto, sino de una experiencia concreta de gobierno que intentó torcer un destino prefijado. El Congo posterior fue un largo recordatorio de ese fracaso impuesto. Décadas de autoritarismo, saqueo y violencia no pueden explicarse solo por la ausencia de Lumumba, pero tampoco sin su eliminación temprana. 

El costo de aquella decisión fue colectivo y duradero. Hay algo profundamente actual en esta historia. No porque se repita de la misma manera, sino porque plantea una pregunta persistente: ¿qué ocurre cuando un país periférico intenta ejercer una soberanía que incomoda? 

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