7 de febrero de 2026

La República Argentina formalizó ante la jueza Loretta Preska la declaración jurada sobre el estado y la ubicación de las reservas de oro del Banco Central. Lo hizo en respuesta a la presión de los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF (Burford Capital), quienes buscan identificar activos embargables para cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares.
De acuerdo a fuentes periodísticas, el Gobierno Nacional fue tajante al señalar que la difusión de datos sensibles sobre las reservas —como custodios, rutas de transferencia o coordenadas exactas— no es una simple cuestión administrativa, sino un riesgo para el país. 
Según el escrito, revelar esta información podría afectar la gestión de liquidez, como complicar el manejo diario de las reservas internacionales; vulnerar la seguridad física, como exponer los movimientos del metal a riesgos externos; y desestabilizar el sistema, como impactar negativamente en la política cambiaria y el respaldo de los depósitos bancarios, detalló NA.
La estrategia de defensa argentina se apoya en la tesis de que el oro pertenece al BCRA y no al Estado Nacional. Al ser una entidad autárquica e independiente, sus activos gozan de inmunidad de ejecución, lo que los vuelve inembargables tanto en la jurisdicción de Estados Unidos como en el Reino Unido y Argentina.