Historia | 90 años después

Nicaragua y Estados Unidos: dominar sin escándalo

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Federico Lorenz

El 7 de febrero de 1936, Washington reconoció al Gobierno de Anastasio Somoza y legitimó una dictadura que duraría 40 años. Un gesto sin estridencias basado en lógicas políticas que resuenan en el presente. 

Visita oficial. Somoza con el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en Washington DC, 1939.

El 7 de febrero de 1936, el reconocimiento diplomático de Estados Unidos al nuevo Gobierno nicaragüense no ocupó grandes titulares. Sin embargo, ese acto selló algo profundo: el inicio del somocismo como régimen y como época. A veces, la historia gira por decisiones aparentemente menores que ordenan el campo de lo posible. Ese reconocimiento no puede entenderse sin mirar dos años hacia atrás, a la noche del 21 de febrero de 1934, cuando Augusto César Sandino fue asesinado en Managua. El somocismo no comenzó con una elección, lo hizo con un crimen.

Sandino era el símbolo vivo de una derrota inconclusa para Estados Unidos. Había combatido contra la ocupación militar, obligando a negociar una retirada. Cuando los marines se fueron en 1933, Sandino quedó como una presencia incómoda. Estados Unidos había ocupado Nicaragua de manera intermitente desde 1912, pero hacia fines de los años 20, el costo político de esa presencia empezó a pesar. La resistencia de Sandino convirtió a Nicaragua en un problema.

La solución fue retirar a los marines sin desmontar el andamiaje construido. La pieza clave era la Guardia Nacional de Nicaragua, creada en 1927, entrenada y dirigida por oficiales estadounidenses. Su misión era mantener el orden tras la retirada. Sandino entendió el peligro y exigió su disolución al negociar la paz. No fue concedida.

La permanencia de la Guardia, con Anastasio Somoza García al mando, convirtió la retirada en una transición peligrosa. El poder real no estaba en la presidencia civil, sino en una fuerza armada autónoma. El asesinato de Sandino tras una cena en la Casa Presidencial fue una decisión política, no un exceso. El mensaje fue brutal: no habría espacio para soberanías alternativas.

Estados Unidos no ordenó el crimen, pero su accionar no fue neutral. La Guardia que lo ejecutó había sido entrenada, financiada y legitimada por Washington. Somoza actuó con la certeza de que no sería sancionado. Y no lo fue. El silencio posterior funcionó como aval.

El 7 de febrero de 1936, Estados Unidos reconoció el nuevo Gobierno encabezado por Somoza. No fue una adhesión entusiasta, sino una aceptación pragmática. Somoza garantizaba orden, alineamiento y continuidad. En un mundo que se tensaba hacia la guerra, Nicaragua debía ser una retaguardia confiable. La democracia, en ese esquema, era un lujo secundario.

Así comenzó el somocismo: un régimen sostenido por la Guardia Nacional, legitimado por elecciones controladas, enriquecido por el uso patrimonial del Estado y protegido por una relación privilegiada con Washington. La familia Somoza gobernó durante más de cuatro décadas. La clave fue siempre la misma: ser útil.


Ordenar el campo
La política exterior estadounidense respondía a una lógica regional: evitar liderazgos autónomos, garantizar estabilidad a cualquier costo. El somocismo ofrecía una «solución» simple a problemas complejos. No prometía justicia social, pero aseguraba que nada se desbordara.

Mirar hoy ese 7 de febrero de 1936 obliga a pensar el reconocimiento internacional como acto político, no como trámite neutral. Reconocer es legitimar, ordenar el campo, establecer quién es interlocutor válido. Las formas del imperialismo han cambiado, pero ciertas lógicas persisten: se habla de gobernabilidad, seguridad, control migratorio. Los países valen por su utilidad, la legitimidad se mide en términos de alineamiento.

La pregunta de fondo sigue siendo similar: ¿quién decide qué gobierno es aceptable? ¿Bajo qué criterios? ¿Con qué consecuencias a largo plazo? El somocismo no fue un accidente histórico. Fue una solución política coherente con un orden regional desigual. Entender su origen implica asumir que la estabilidad impuesta suele tener costos diferidos, que se pagan más tarde y casi siempre por los mismos.

Recordar el 7 de febrero de 1936 es una invitación a mirar con atención esos momentos en los que el poder se presenta como normalidad. Allí donde no hay escándalo ni épica, pero sí decisiones que modelan décadas. A veces, la historia no empieza con un golpe, sino con un reconocimiento. Y ese gesto, discreto y burocrático, puede ser más duradero que cualquier ocupación militar.

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