9 de febrero de 2026

Con el objetivo de incentivar la formalización de activos que puedan inyectarse a la economía dejando atrás sanciones y «presunción de culpabilidad sobre los contribuyentes», el Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal. El foco estará puesto en la facturación futura, lo que habilita a regularizar ahorros previamente fuera del sistema y utilizarlos sin restricciones para consumo, inversión o financiamiento. Desde el Gobierno destacan que esta herramienta funcionará como un «blanqueo popular permanente», orientado a canalizar hacia la economía formal recursos que permanecían inmovilizados por temor a sanciones o investigaciones retroactivas. La expectativa oficial es que el nuevo régimen genere una inyección significativa de liquidez, impulse la actividad y facilite la expansión de pymes y emprendimientos. La reglamentación también introduce cambios en el plano penal. Se elevaron los umbrales de evasión simple a $100 millones y de evasión agravada a $1.000 millones, al tiempo que se redujo el plazo de prescripción de cinco a tres años. Uno de los pilares del nuevo marco es el Régimen Simplificado de Ganancias, que permitirá tributar sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) requiera explicaciones sobre el patrimonio o los gastos personales.