12 de febrero de 2026
El oficialismo logró aprobar en el Senado un proyecto que avanza contra derechos históricos. Las negociaciones, la movilización social y una disputa que sigue en Diputados y en la calle.
En marcha. Una multitud se congregó frente al Congreso para manifestarse contra la reforma.
Foto: NA
Casi 26 años después de la aprobación de la reforma laboral que en su momento impulsó Fernando de la Rúa, el Senado lo hizo de nuevo. Javier Milei consiguió 42 votos para darle media sanción al proyecto que vulnera pilares históricos del derecho laboral argentino y recorta conquistas consolidadas desde mediados del siglo XX.
La encargada de impulsar la iniciativa en la Cámara Alta fue la jefa de bloque de La Libertad Avanza y exministra del Gobierno de la Alianza, Patricia Bullrich. En contra votaron 30 senadores, entre ellos los 28 del interbloque peronista que, al menos, consiguió una postura unificada.
El debate duró 14 horas. La encargada de cerrarlo como líder de la bancada oficialista fue Bullrich. El eje central de su discurso fue señalar que el peronismo «gobernó la mayor cantidad de años» desde la restauración democrática de 1983 y que por lo tanto tiene una «gran responsabilidad en los niveles de informalidad laboral de la Argentina». El otro eje se centró en acusar a la oposición de querer que al país «le vaya mal» para poder «volver al poder».
Del lado opositor, el cierre lo hizo el formoseño José Mayans, presidente del interbloque Popular, donde hoy se aglutinan tres bloques de la galaxia peronista. Mayans sostuvo que el proyecto de la Rosada «es inconstitucional» porque vulnera derechos establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución. Dijo que lejos de «modernizar» hace retroceder al país al «siglo XIX». Su extensa exposición contó con los toques de humor campechano que lo caracterizan. El nudo de su mensaje fue que los problemas de empleo no son producto de la legislación laboral. «No les echen la culpa a los trabajadores. El problema es el modelo económico de Milei».
El proyecto aprobado en el Senado excluye el aguinado y las vacaciones del cálculo indemnizatorio, facilita que el empleador fraccione las vacaciones y crea un banco de horas para reemplazar el pago de horas extras. Son algunos de los derechos que vulnera y que tantas décadas costó conquistar.
Desde el punto de vista político, la media sanción de la iniciativa, que ahora seguirá su debate en Diputados, es un triunfo para el oficialismo. Cuando la sesión arrancó a las 11 de la mañana, el resultado estaba cerrado. En el recorrido hasta ese momento están las claves de lo que ocurrió.
La cocina
En las semanas previas a la sesión de este 11 de febrero, los referentes sindicales de diversas centrales y filiaciones políticas coincidían en algo: la mejor estrategia era lograr postergar el debate de la reforma laboral. La evaluación que hacían, desde La Bancaria hasta Camioneros, pasando por UPCN, era que a medida que transcurren las semanas el Gobierno nacional se debilita, porque la situación social empeora. Por eso –sostenían– Milei lo quería discutir en extraordinarias, aprovechando el clima vacacional del verano.
Si no se lograba ese objetivo de máxima, la segunda opción era tratar de morigerar algunos ejes del proyecto. Fue lo que lograron los gremios respecto de la cuota sindical solidaria y de los recursos para las obras sociales que le brindan salud al 50% de la población.
El Gobierno cedió para que la CGT no pusiera en marcha toda su maquinaria sindical contra la reforma. Para sumar votos de varios gobernadores, a su vez, el oficialismo hizo otras modificaciones. La más importante fue excluir la reducción del impuesto a las ganancias a las grandes empresas, una medida que afectaba de forma directa las cuentas provinciales porque es uno de los impuestos que se coparticipa de manera automática.
El mileísmo aplicó con la reforma laboral la estrategia que suele proponer siempre Federico Sturzenegger: meter todo lo que se pueda por la ventana, aunque no tenga que ver con el tema en debate.
Desde que Bullrich aterrizó en el Senado en diciembre percibió que el proyecto de la Rosada despertaba grandes resistencias. A medida que pasaron las semanas, la estrategia predominante fue lograr la media sanción aceptando modificaciones y mostrar un triunfo político, dejando de lado el purismo ultraconservador de un sector del Gobierno.
Cámara Alta. El proyecto fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra.
Foto: @SenadoArgentina
Hubo, además, otro elemento. Se podría decir que dentro del oficialismo conviven dos lógicas: una orientada a una transformación estructural del régimen laboral y otra atenta a los negocios financieros de corto plazo.
En efecto, uno de los objetivos de este proyecto era socavar los pilares del sindicalismo más potente de Hispanoamérica, que es el argentino. Ese objetivo, podría decirse, quedó debilitado con el mantenimiento de la cuota sindical solidaria y los recursos para las obras sociales. En cambio, lo que sí salió fue el famoso Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para que los fondos de las jubilaciones financien parte de las indemnizaciones por despido. Esos fondos serán administrados por el sector financiero, que de este modo recupera parte del suculento negocio que perdió con la estatización de las AFJP durante el primer Gobierno de Cristina Fernández.
El senador peronista José Mayans calculó que los recursos para el FAL son 3.000 millones de dólares. Saldrán de la plata de los jubilados. Su compañero de bancada, Mariano Recalde, dijo que era un negociado «peor que el de las AFJP». Señaló que «los únicos que ganarán serán los administradores que seguramente serán amigos de Caputo (por el ministro de Economía)». Y que cuando el peronismo vuelva al Gobierno los va a «meter presos».
La calle
Mientras los senadores debatían, la zona del Congreso estuvo desbordada de manifestantes. Algunos marchaban con las columnas de los gremios y otras organizaciones. También había mucha gente suelta. Al clima político caldeado se sumaban los 31 grados de temperatura que el Servicio Meteorológico Nacional había informado a las 15 horas.
Por la calle Bartolomé Mitre, a una cuadra de la Plaza del Congreso, que estaba colmada, una mujer joven sostenía un cartel que decía: «Trabajadores, no esclavos».
A una cuadra, por la calle Montevideo, había un grupo, en su mayoría mujeres, con una bandera y pecheras de Suteba, el gremio de docentes bonaerenses. Las manifestantes cantaban: «Paro, paro, paro, paro general/ paro, paro, paro, paro general».
Había policías de a pie y varios parados junto a sus motos estacionadas. El clima que se respiraba era de una relativa tranquilidad hasta que unos minutos antes de las 16, como si fuera una coreografía preparada, un grupo de encapuchados comenzó a tirar piedras contra los carros hidrantes que estaban detrás de las vallas puestas en la avenida Entre Ríos. ¿Eran infiltrados? Difícil confirmarlo y difícil no sospecharlo.
Luego vino la segunda parte de la coreografía: gases lacrimógenos, corridas, detenciones al voleo. Esa agitación concluyó en la dispersión de una de las marchas más masivas de los últimos tiempos. Sirvió para que algunos medios hablaran de «disturbios» y no de la masividad de la convocatoria. Sin embargo, ese rechazo masivo sigue ahí, aunque se pretenda taparlo, y es la señal de que no está dicha la última palabra.
