14 de febrero de 2026
Con un debate atravesado por casos mediáticos, el oficialismo avanzó en Diputados con la baja de la edad de punibilidad. Las falacias y omisiones de una reforma que consolida el punitivismo como única respuesta del Estado.
Verdad y consecuencias. Pese a la resonancia pública de los casos, las estadísticas muestran que la participación de niños y adolescentes en el delito es marginal.
Javier Milei se presenta como el topo que quiere corroer el Estado desde el interior. Lejos de minar lo que representa la estructura represiva, el Gobierno no hace más que reforzarla. Pocas horas después de que el Senado le diera media sanción a una regresiva reforma laboral, La Libertad Avanza (LLA) se anotó otra victoria en la Cámara de Diputados: la baja de la edad de punibilidad para adolescentes, que ‒de aprobarse también en la Cámara Alta‒ pasará de 16 a 14 años. «Es cotillón perverso que golpea a los más miserables, con un rango de ciudadanía doblemente incompleta por la exclusión y la minoridad», advirtió Alejandro Slokar, camarista de Casación Federal y titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en diálogo con Acción.
El debate sobre el llamado régimen penal juvenil se hizo a las apuradas. Si bien el Gobierno había planteado la discusión meses antes, su inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias aceleró los tiempos. En cuestión de días, el oficialismo retiró su proyecto, que situaba en 13 años la edad de punibilidad, y lo reemplazó por otro que la llevaba a 14, para consensuar con sus aliados del PRO fundamentalmente.
El proyecto de ley que obtuvo media sanción establece el régimen aplicable para las personas adolescentes desde los 14 hasta los 18 años. Durante el debate se enmendó la propuesta y quedó asentado que estaba prohibido que se las alojara con personas adultas en los mismos centros de reclusión. La pena máxima ‒que inicialmente el Gobierno había querido estipular en 20 años‒ quedó en 15.
En el recinto se dijo que la pena privativa de la libertad debería quedar para delitos gravísimos. Sin embargo, el sistema terminará siendo aplicado por la judicatura de cada provincia y con mucho margen para la arbitrariedad, estiman los expertos.
Impronta tutelar
La discusión sobre la relación entre niños, niñas y adolescentes y el sistema penal siempre es delicada y espinosa. El Gobierno se movió bajo el eslogan de «delito de adulto, pena de adulto», que repitió todo el Gabinete.
Existe consenso en que había que modernizar el régimen penal juvenil, con una impronta tutelar heredada de la última dictadura. En 2024, el Comité de los Derechos del Niño instó a armonizar el sistema juvenil con la Convención de los Derechos del Niño y otras normas, pero dijo que había que mantener la edad mínima en 16 para todo tipo de delitos. En esa misma línea se pronunció Rafael Ramírez Mesec, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que recordó que la noción de tratamiento especial de los menores de edad «nace de la evidencia discutida extensivamente desde la neurociencia, la psicología, la sociología, el estudio del comportamiento y la criminología, entre otros, de que los niños y adolescentes transitan un proceso de desarrollo mental y físico progresivo que los hace proclives a tomar decisiones sin el escrutinio suficiente sobre efectos y consecuencias como lo haría una persona adulta».
Distintas expresiones de la Iglesia Católica ‒como Cáritas Nacional, la Conferencia Episcopal de la Pastoral Carcelaria y la Comisión Episcopal de la Pastoral Social‒ hicieron hincapié en la baja calidad del debate, en el que «predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático».
Cada vez que se produjo un intento de bajar la edad de punibilidad fue acompañado por un caso de resonancia pública. En esta oportunidad fue el de Jeremías Monzón, un chico de 15 años torturado y asesinado por tres adolescentes de entre 14 y 16 años en Santa Fe. Romina, mamá de Jeremías, estuvo reunida con Patricia Bullrich, quien le prometió el impulso de la baja de la edad de punibilidad. La mujer siguió el debate en la Cámara de Diputados desde el recinto.
Las estadísticas muestran que la participación de niños, niñas y adolescentes en el delito es marginal. Según un informe del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT), al 31 de diciembre de 2024 había 4.119 niños, niñas y adolescentes incluidos en el ámbito penal juvenil. De ellos, 865 están alojados en dispositivos de privación de la libertad o de restricción de libertad ‒estos son espacios en los que cuentan, por ejemplo, con salidas transitorias‒. Solo cuatro están en arresto domiciliario. Los 865 jóvenes en condiciones de encierro representan el 0,6% de las personas privadas de la libertad a nivel nacional. Casi el 60% de quienes están encerrados lo están por delitos contra la propiedad y 13,9%, por delitos contra las personas.
En todo el país hay 62 dispositivos de privación de la libertad, 27 de restricción y 75 de abordaje. Algunas provincias carecen de ellos. En la provincia de Buenos Aires, los lugares de encierro tienen una ocupación casi plena: 96,8%, según los datos aportados por el CNPT.
«El eje de la reforma no está puesto en mejorar o resolver la situación de vulneración de derechos de las niñeces; solo se focaliza en endurecer la respuesta frente al delito, porque también se habla de incrementar penas reformando el Código Penal. Es alimentar la voracidad punitiva, de castigo, clasista, de un sector de la sociedad sobre los niños o jóvenes pobres sindicados como el enemigo a neutralizar. Si realmente quisieran abordar el delito juvenil deberían atacar las causas y no únicamente las consecuencias que produce», remarca a este medio Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Reclamo. Especialistas y organismos internacionales cuestionan los principales puntos del proyecto aprobado en Diputados.
Foto: Getty Images
Para la tribuna
Para el integrante del organismo de monitoreo contra la tortura en la provincia de Buenos Aires, se trata de una «reforma para la tribuna». Y afirma que hay pibes menores de 16 años detenidos. En territorio bonaerense se registran 477 jóvenes alojados en distintos dispositivos: de ellos, 68 tienen menos de 16 años y son los que cometieron los delitos más graves, como homicidios o violaciones. La CPM describe hace años que son sometidos a malos tratos, con escaso acceso a la educación o formación laboral. «El problema de estas reformas, que exacerban el punitivismo planteando soluciones fácticas, es que el sistema se endurece y detiene cada vez más a quienes son clientes habituales, que son los jóvenes pobres con derechos vulnerados», afirma.
Martín Casares, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia en el Gobierno de Mauricio Macri y actual secretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), no ve con malos ojos la reforma que se aprobó, pese a la diferencia de la que había impulsado Cambiemos. «Me parece bien la baja a los 14 y que la pena privativa de la libertad haya quedado para los delitos gravísimos. Sin embargo, tiene que quedar claro que el objeto del proceso no es castigar: es lograr la reinserción social mediante la responsabilización de ese chico que cometió el delito. El verdadero impacto sería que los pibes que empiezan cometiendo delitos leves no asciendan en la espiral. Este proyecto tiene peligros porque al bajar la edad para todos los delitos del Código Penal pueden colapsar las instituciones que deben dar respuestas. Tampoco prevé un tratamiento para el niño considerado inimputable», afirma en diálogo con Acción.
Para Slokar, es evidente que el Gobierno les responde a las infancias con la amenaza penal mientras no asegura los derechos mínimos. «Es la perversión de la llamada “ciudadanía tramposa o negativa”: los menores solo son visibles para el poder público cuando hay que castigarlos. De este modo queda clausurada la dimensión positiva de ciudadanías ‒como los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)‒ y subsiste únicamente el costado punible: el niño solo es sujeto pasible de ser detenido, juzgado y castigado, pero no sujeto titular de prestaciones y protección. El Estado solo aparece para buscarlos en patrullero, bajarlos a declarar al juzgado y depositarlos tras las rejas. Hasta entonces el Estado siquiera sabía de su existencia y jamás brindó asistencia, a pesar de su deber», afirma el camarista federal.
«Sin atender las causas y solo las consecuencias, podrán bajar la edad hasta la lactancia. Pero estarán a la derecha de Jorge Rafael Videla ‒concluye Slokar‒, que también la había llevado a los 14 con el argumento de la participación de menores en actos de “subversión”, hasta que la misma dictadura terminó retrocediendo».
