15 de febrero de 2026
Pese a la media sanción de la reforma laboral y de la baja de la edad de punibilidad, hechos de corrupción, represión indiscriminada, inflación y persecución a inmigrantes acechan el triunfalismo del Gobierno.
Plaza del Congreso. El oficialismo respondió con una violenta represión las manifestaciones contra la ley de reforma laboral. 100 detenidos y 300 heridos, entre ellos periodistas y fotógrafos.
Foto: NA
El Gobierno terminó una semana que pintaba como de clima nuboso con éxitos legislativos que le permitieron morigerar, o por lo menos correr debajo de la alfombra, algunos datos de la realidad que no son tan auspiciosos. En efecto, la media sanción en el Senado de la regresiva reforma laboral y en Diputados de la baja en la edad de punibilidad y el acuerdo Mercosur-UE le dieron un impulso clave al inicio de un año definitorio para consolidar su proyecto político de cara a su sueño de reelección en 2027.
Todo esto mientras la cifra de la inflación de enero –desprestigiada por la intervención al Indec para insistir con un esquema de medición antediluviano– volvió a crecer. A la vez que saltó a las noticias el caso de Nucleoeléctrica, la empresa estatal que gestiona las centrales nucleares, por el escándalo que envuelve a su ahora expresidente, Demian Reidel, quien debió renunciar antes de que la cosa pasara a mayores. También queda pendiente la cuestión del exabogado del presidente, Diego Spagnuolo, procesado por otro episodio de presunta corrupción, en la ya eliminada Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Medición obsoleta
A modo de recuento, veamos los temas centrales de los medios más visitados durante esta semana. Lo primero sería el anuncio de que la inflación de CABA para el primer mes de 2026 había trepado a 3,1%. Mal augurio luego del portazo de Marco Lavagna por el rechazo del Ministerio de Economía a implementar el nuevo índice de medición, que incluiría los cambios en los hábitos de consumo de los argentinos registrados hasta 2017, y que se venía demorando desde el año pasado a pedido de las autoridades nacionales. Con la medición vieja –consumos de 2002– el martes se anunció que a nivel nacional el IPC (irónicamente bautizado como Índice de Precios Caputo) dio 2,9%. Es decir, nueve meses de trepada de los precios, con un alarmante 4,7% en alimentos y bebidas. Casi en paralelo, se informó que los salarios registrados perdieron desde 2023 un 2,5% de su poder adquisitivo, incluso con la fórmula que el Gobierno pretende mantener in aeternum y que no toma en cuenta el impacto actual, y el que se avizora, de los servicios públicos –agua, electricidad y gas– y el transporte. Para dar esta «batalla cultural», que la Casa Rosada sabe perdida en términos de información verificable, nada mejor que copiar al amigo del norte y lanzar una Oficina de Respuesta Oficial, que, a la manera de la cuenta de X de Donald Trump, salga a la cancha con su versión de los hechos a cargo de un trol libertario que firma en las redes como Juan Doe.
https://twitter.com/RespOficial_Arg?s=20
Lo único que se vio hasta el momento es la caratulación de «FALSO» a artículos de @chequeado, el canal TN, el portal de Perfil, pero no se menciona la réplica de los medios con la correspondiente respuesta. Es que no va por allí el juego que plantea Javier Milei, que se complementa con la derogación del Estatuto del Periodista en el proyecto de reforma laboral aprobado en la Cámara Alta. La verdad, sería la lectura, no debe arruinar un plan económico.
Normativa regresiva
La ley laboral, que hizo traspirar la gota gorda a los negociadores del oficialismo ‒el ministro de Interior Diego Santilli y la senadora Patricia Bullrich‒, salió del Senado con 42 votos a favor y 30 en contra y con medio centenar de modificaciones sobre el proyecto original.
Pese a todo, los votos positivos no invalidan que se trata de una normativa regresiva, que va contra derechos consagrados en la Constitución y en las leyes internacionales. Así lo marca el constitucionalista Andrés Gil Domínguez: «La ley de reforma laboral es objetivamente regresiva en términos normativos para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto es indiscutible. La media sanción del Senado no respetó los mínimos estándares exigibles en términos de deliberación democrática, liberando de esta manera a sus defensores de la carga de argumentar la regresividad votada –escribe el jurista en su cuenta de X–. La progresividad es la idea de que una sociedad camina hacia más dignidad: la no regresividad es la garantía de que no se vuelve atrás sin una razón extraordinaria».
La regresividad se verificó, además, con la violenta represión a una masiva marcha en la que hubo gremios alineados con la CGT y las dos CTA, partidos políticos de izquierda y también miles de ciudadanos de a pie que se unieron a la habitual movilización de jubilados de los miércoles en la porteña Plaza del Congreso. Mientras en Buenos Aires y la mayoría de las ciudades del Interior se realizaban manifestaciones del mismo talante –también reprimieron en Córdoba–, en Santa Fe el Gobierno de Maximiliano Pullaro enfrentaba una rotunda protesta de la policía local que se laudó luego de que se otorgara a los uniformados un incremento salarial que parte de un mínimo de 1.350.000 pesos para un agente.
La represión en la Ciudad de Buenos Aires dejó un saldo de más de 100 detenidos que fueron liberados a las pocas horas y más de 300 heridos, entre ellos, claro, varios periodistas y fotógrafos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó en redes que habían logrado identificar a manifestantes que se enfrentaron con las fuerzas federales. Pero la sucesora de Bullrich pareció más preocupada por implementar otras medidas copiadas del trumpismo, como es la persecución a los inmigrantes. «LOS CONTROLES MIGRATORIOS SE ENDURECIERON. Si sos extranjero e intentas ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país. En esta Argentina: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA», escribió en X, haciendo abuso de las mayúsculas.
La baja en la edad punible también se enmarca en una Argentina de fuerte cuño conservador que el actual mandatario busca amplificar y que en el caso de la «inseguridad» caló en amplios sectores de la sociedad. Se trataría del sencillo expediente de considerar que el castigo desde más temprana edad puede evitar una violencia que se incentiva, desde otro lugar, mediante políticas económicas perjudiciales para las mayorías. Podría decirse, con sorna, que es el sueño neoliberal de destruir lo que queda del Estado de Bienestar para consagrar el estado de malestar general.
Se decía arriba que estos «éxitos» legislativos sirvieron para tapar otros agujeros en el discurso oficial. Por ejemplo, la marcha atrás en la política para las universidades es para destacar. Tras dos masivas movilizaciones en las que no hubo incidentes, el Congreso, por mayoría especial, rechazó el veto al presupuesto universitario. Este viernes se supo que se extenderá el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero y se tratará un nuevo esquema de financiamiento para las universidades, más acorde con el reclamo de la comunidad educativa. Un hecho para tener en cuenta cuando se trate la ley laboral en Diputados.
Controles. A la par de EE.UU., el Gobierno libertario empezó a perseguir a presuntos inmigrantes ilegales. Según la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, «el que las hace, las paga».
Foto: @MinSeguridad_Ar
