1 de marzo de 2026

El país se acerca al fenómeno socioeconómico de la estanflación. Esto no ocurre como consecuencia de una crisis cíclica, sino como un hecho claramente provocado por el plan económico libertario del Gobierno.

Mientras se acelera la inflación, a pesar de la engañosa estadística que el INDEC sigue sosteniendo tras la intervención suscitada luego de la renuncia de Marco Lavagna, ya se percibe instalado el proceso recesivo, con más de un año de caídas consecuentes en consumo, en los principales rubros de producción y una tasa promedio de utilización de capacidad instalada industrial del orden del 50%. De allí que Argentina ahora se sitúa en el primer lugar de estanflación sostenida, superando a Venezuela y Turquía.

A este panorama se incorpora la desconfianza empresaria y de una buena parte de la ciudadanía a raíz de la brecha entre el índice publicado y lo que proyectaría el mero cambio de base de ponderación a partir de la encuesta EPH de 2017/18, la que arroja un mínimo de 296% de inflación acumulada en los 26 primeros meses de gestión libertaria. Esto significa un 30% aproximado de diferencia con los índices publicados.

Así, no existe la derrota de la inflación enarbolada como bandera por el Gobierno. Por el contrario, esta se acelera: desde julio de 2025 hasta el primer mes del corriente año viene creciendo sostenidamente, en un marco de recalentamiento de precios de alimentos básicos, como así también de una nueva ola de tarifazos de servicios públicos e indexación de alquileres, entre otros rubros de servicios «atados» al IPC.

Con datos oficiales, y sobre el ítem de asalariados registrados, en el período comprendido por los 26 meses de gobierno mileista, de las 14 ramas industriales analizadas, 11 perdieron empleos.

En dos años la motosierra libertaria fulminó casi 22.000 empleadores y nada menos que 290.000 trabajadores perdieron su empleo. Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), lo explica claramente a raíz del debate sobre la «reforma laboral» y el relato de que efectivamente esta ley actúe como generadora de empleo: «Muchos empresarios están sensibilizados por el impacto de los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores. Esto afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y, por lo tanto, achica aún más el mercado interno, por lo cual que a las pymes nos pega de lleno».

Acuerdo desigual
Antes de que pudiera aplicarse efectivamente la «reforma laboral» ya viene verificándose un récord de procesos preventivos de crisis, verdaderas antesalas de concurso y quiebras hasta alcanzar esta nueva fase de grandes empresas que anuncian su cierre definitivo, como lo conocimos en la crisis de la Convertibilidad.

En ese marco recesivo y de complejos horizontes para la producción nacional, nos anoticiamos del acuerdo comercial con Estados Unidos, que conlleva una real pérdida de soberanía: no existe la reciprocidad para nuestro país. Argentina, en la mayoría de los puntos del documento, se compromete con estos tres tipos de acciones: deberá, eliminará o permitirá.

Cabe resaltar que, a partir de este acuerdo, las obligaciones reales de EE.UU. se reducen a solo dos, que comparte con similares de nuestro país. En cambio, los compromisos contractuales para Argentina ascienden a 113. Es un espejo de las leoninas condiciones del recordado tratado Roca-Runciman, suscripto con Inglaterra en 1933.

Lo concreto es que el sector que recibiría beneficios más significativos, el de la exportación de carnes seleccionadas, ya estaría generando y proyectando sensibles aumentos internos en la canasta alimenticia, a partir del incremento en el precio de la carne.

Todo indica que se profundizará el ajuste hacia la «ex clase media tal como la conocimos», el amplísimo sector de donde pretenden quitar la mayor parte de la disputada riqueza.

A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, se reedita la política que en esos tiempos pergeñó el ministro José Alfredo Martínez de Hoz: apertura indiscriminada de importaciones, el fraude de la plata dulce, vaciamiento del mercado interno y quiebra masiva de empresas con el consecuente desempleo. Lo paradójico, a raíz del sensible impacto que significó en estas semanas el cierre de FATE, es la coincidencia entre lo que manifestó Martínez de Hoz en aquellos tiempos de la dictadura: «Da lo mismo producir acero o caramelos» y lo señalado por el actual secretario de Producción, Pablo Lavigne, quien manifestó: «Ni neumáticos, ni bananas», sugiriendo que Argentina no debería producir neumáticos, al igual que no produce bananas, defendiendo la apertura indiscriminada que sobrevuela como una espada de Damocles sobre la economía argentina en cada repetición trágica de los ciclos neoliberales en nuestro país.

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