23 de marzo de 2026

Daniel Vilá

Entre el colapso económico, la violencia paraestatal y la activa intervención de la embajada de EE.UU., el derrocamiento de Isabel Perón puso en marcha un proceso que abrió la etapa más oscura de la Argentina contemporánea.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que instauró la dictadura cívico-militar responsable de un brutal genocidio no fue sorpresivo ni improvisado. El caos imperante con el que buscaban justificar el asalto al poder jugaba a favor de las fuerzas militares y económicas que conspiraban en las sombras. Los precios mayoristas habían crecido el 145% desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 1975, el circulante monetario se incrementó en 4.214 millones de pesos ley en la última semana de octubre, para cubrir un déficit presupuestario de 180.000 millones y el índice salarial igual a 100 en junio pasó al 48,04 en noviembre y al 40,05 en diciembre. 

Celestino Rodrigo, el ministro de Economía que la derecha peronista y el poder económico habían designado para imprimirle un brusco giro a las políticas distribucionistas, duró solo 45 días en su cargo, derrotado por la movilización de los trabajadores, que obligó a la presidenta Isabel Martínez de Perón a dar una forzada e incompleta marcha atrás, después de una devaluación salvaje que destruyó los salarios. Una semana antes había dimitido su mentor, el siniestro José López Rega.

Por otra parte, se había desatado en el país una ola de violencia que parecía no tener fin. López Rega y sus secuaces, respaldados por la logia italiana P2, crearon la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), una organización terrorista integrada por elementos parapoliciales, cuadros policiales, militares y delincuentes comunes que se proponía proceder a la ejecución sumaria de los miembros de las organizaciones armadas que desarrollaban una intensa actividad. Los escuadrones de la muerte de las Tres A cometieron un millar de asesinatos de sindicalistas, intelectuales, políticos, estudiantes, artistas, sacerdotes y militantes del peronismo revolucionario y la izquierda.

Decreto de aniquilamiento
En febrero de 1975 la presidenta y sus ministros habían firmado un decreto de aniquilamiento que daba inicio al Operativo Independencia diseñado para combatir a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que se había instalado en el monte tucumano. Posteriormente, Ítalo Luder, presidente provisional del Senado en ejercicio del poder debido a una licencia solicitada por Isabel Martínez, firmó otros tres decretos en el mismo sentido, pero con un contenido más amplio destinados a orientar la «lucha contra la subversión» sin atenerse estrictamente a la legalidad y que tenían como objetivo fundamental la destrucción de todas las organizaciones armadas, pero especialmente la de la estructura de Montoneros.

Un mes después, una huelga convocada por la Unión Obrera Metalúrgica de la seccional Villa Constitución, que se extendió durante 60 días con un amplio apoyo popular, permitió aplicar esa metodología en un operativo denominado «Serpiente roja», una violenta represión paraestatal y paramilitar que provocó encarcelamientos, torturas y desapariciones.

En el semestre previo al golpe militar, según refirió el periodista y escritor Marcelo Larraquy en el diario español El País, ya funcionaban seis «lugares de reunión de detenidos» controlados por las Fuerzas Armadas. Por entonces era ostensible que la presidenta no llegaría a completar su mandato. Incluso el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró, negociaba con los uniformados para reemplazarla –aunque no estaba en la línea de sucesión–, pero su solicitud no fue atendida.

Los acontecimientos se fueron acelerando en noviembre. El 3, a las 2:15 Isabel Perón ingresó en la hoy clínica Mater Dei donde se le diagnosticó un síndrome vesicular agudo. Obligado a dar explicaciones durante una interpelación en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Antonio Benítez, aumentó la confusión al afirmar que «la presidenta está alejada del Gobierno, pero no está alejada del poder». Su médico personal, Aldo Solanet, le aconsejó descansar, tomar distancia y «hacer cosas de mujeres». En la calle ya se hablaba de su renuncia a través de una salida concertada y a la presidenta solo la apoyaban la CGT, las 62 Organizaciones –organización sindical peronista liderada por Lorenzo Miguel– y algunas agrupaciones como JP Lealtad, Guardia de Hierro y la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), más conocida como Jotaperra, ubicada ideológicamente en la ultraderecha, que editaba la revista El Caudillo, vehículo de diatribas y amenazas contra sus enemigos.

El 18 de diciembre de 1975 se ejecutaría un intento fallido de golpe de Estado que comandaba el brigadier Orlando Capellini, quien se había adelantado a la decisión orgánica de los comandantes de las tres fuerzas –anticipada en una dura declaración del Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla– y solo contaba con el respaldo de oficiales de la Fuerza Aérea. La semana siguiente el ERP intentaría tomar el cuartel de Monte Chingolo donde sufriría una dura derrota con un costo de decenas de muertos y numerosos desaparecidos, un hecho que marcó el principio del fin de esa organización. Las cartas estaban echadas.

Siempre presentes
En tanto, la embajada de Estados Unidos se mostraba particularmente activa. El Gobierno norteamericano estaba completamente enterado de los planes golpistas. Los documentos del Archivo Nacional de Seguridad (ANS) desclasificados en Washington en 2021 indican que el entonces embajador, Robert Hill, fue protagonista principal en las negociaciones, al punto de haber elaborado un completo informe sobre los planes de los militares, denominado «Posible golpe en la Argentina», para el secretario de Estado, Henry Kissinger, un mes antes de la caída de Isabel Martínez. Además, había recibido personalmente al almirante Emilio Eduardo Massera. El subsecretario William D. Rogers fue sumamente claro respecto de la posición estadounidense: «Es de esperar que (el gobierno militar) sea amistoso con Estados Unidos. Sin embargo, al intensificar la lucha contra la guerrilla, es casi seguro que incurrirá en violaciones de derechos humanos que generen críticas internacionales», dijo.

Otros de los documentos revelan que funcionarios del Departamento de Estado señalaron la perspectiva de un «gobierno militar durante un período prolongado de una severidad sin precedentes» y anticiparon que Estados Unidos reconocería «un nuevo gobierno en la Argentina». Como medida preventiva para evitar sospechas de implicación se resolvió que el embajador Hill abandonara el país una semana antes de concretarse la sublevación.

Dentro de las propias filas partidarias la situación también se interpretaba como insostenible. «La destrucción, tanto de las instituciones como de los pueblos, comienza por la cabeza, al igual que el pescado. Así no llegaremos a 1977, ni siquiera a 1976», sentenciaba el diputado justicialista Carlos Palacios Deheza.
El 23 de marzo de 1976, el vespertino La Razón consignaba: «Es inminente el final. Todo está dicho». No obstante, se realizaban febriles reuniones de dirigentes de distintos partidos políticos en un intento por evitar lo irremediable. Curiosamente, esa misma noche, un grupo de sindicalistas encabezado por el metalúrgico Miguel festejaba eufóricamente que había logrado detener el golpe.
A la madrugada del 24, las portadas de los diarios daban cuenta del esperable acontecimiento. Una de las etapas más trágicas de la historia argentina había comenzado.