25 de abril de 2026
La Justicia Federal de Río Gallegos dispuso este viernes frenar en la provincia de Santa Cruz la aplicación de la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El fallo, dictado por el juez Claudio Marcelo Vázquez, coincidió con la entrada en vigencia de la adecuación de la normativa tras su publicación en el Boletín Oficial.
La resolución responde a una acción de amparo ambiental promovida por la Municipalidad de El Calafate —puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares y al monumental glaciar Perito Moreno— bajo el impulso del intendente Javier Belloni y el Concejo Deliberante local, informó Telesur. A la demanda se sumaron legisladores provinciales y nacionales, quienes exigen la nulidad de la reforma sancionada en el Congreso el pasado 9 de abril.
El magistrado fundamentó este freno judicial en el principio de “peligro en la demora”, aclarando que la medida se mantendrá vigente hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. El texto advierte que habilitar “actividades extractivas en áreas de alta fragilidad ambiental generaría impactos de imposible recomposición”.
La resolución judicial obliga al Estado Nacional a abstenerse de autorizar y/o ejecutar actividades que puedan afectar glaciares y el ambiente periglacial. En la práctica, esta orden paraliza de inmediato cualquier trámite administrativo o proyecto productivo que pretenda ampararse en la reciente reforma.
Vázquez subrayó que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce. El fallo invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional y el principio de “no regresión”, blindando la integridad del inventario nacional realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que la reforma pretendía delegar a la potestad de las provincias para habilitar proyectos mineros “caso por caso”.
A este escenario se suman nuevas acciones legales como el amparo colectivo presentado por la provincia de La Pampa, que promueve la nulidad absoluta de la norma impulsada por el Ejecutivo.
