2 de mayo de 2026
En su último informe anual, que acaba de publicarse, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre los retrocesos que se registran en el país en materia de acceso a derechos, libertad de expresión y la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Las principales variables: ajuste, represión y deterioro de la vida democrática, tal es el cóctel que viene implementando Javier Milei desde que llegó al Gobierno, una situación que puede impactar en el ámbito internacional.
Todos los años, la CIDH publica su informe anual, en el que repasa lo que sucedió en la región, detalló Página12. Argentina supo ser durante décadas un ejemplo en derechos humanos. No obstante, según el reporte, actualmente el país está entre aquellos por los cuales más solicitudes de intervención se recibieron y, en muchas de ellas, se denunciaban violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
La CIDH sostiene que Argentina enfrenta desafíos relevantes en materia de independencia judicial y sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos frente al cierre o la reestructuración de programas dedicados a género, diversidad, memoria histórica y pueblos indígenas, entre otros.
Uno de los temas que generó alarma en el sistema interamericano fue la decisión de Milei de nombrar a dos jueces en comisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación —Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo—.
Pero no sólo eso, también la CIDH puso el ojo en el contexto económico y la desprotección de los más vulnerables: “Se observaron retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas. Asimismo, se presentaron reformas legales e iniciativas en materias de seguridad ciudadana y movilidad humana, entre otros temas, que amenazarían la vigencia de los derechos humanos”, alertó el organismo.
Al recorte brutal y cruel se le suma que, cuando los afectados salen a reclamar por sus derechos, la represión que sufrieron durante la mayor parte del año pasado corrió por cuenta de Patricia Bullrich —y que continúa su número dos, Alejandra Monteoliva—. “Se reportaron desafíos para la participación ciudadana, que forma parte esencial de la vida democrática”, resaltó la CIDH en un pasaje que confronta con la línea de La Libertad Avanza (LLA), que equipara una protesta con un delito.
