5 de mayo de 2026

La diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito judicial exigiendo la inmediata detención de Manuel Adorni, acusándolo formalmente de intentar manipular a un testigo clave antes de su declaración. Según la denuncia, Adorni contactó al contratista Matías Tabar, quien reveló que el funcionario pagó 245.000 dólares por la remodelación de su casa, instantes antes de su testimonio bajo juramento, le ofreció el contacto de su «equipo» y además intentó borrar los mensajes intercambiados con el trabajador. Para la denunciante, esta maniobra constituye un riesgo procesal grave, inminente y completamente comprobable, encuadrado como un claro entorpecimiento de la investigación en curso. La diputada pidió aplicar la famosa «doctrina Irurzun», un antecedente jurídico muy utilizado entre 2017 y 2018, figura sostiene que las personas que aún conservan amplias cuotas de poder (como es el caso de un jefe de Gabinete en ejercicio) «tienen la capacidad estructural y residual de obstaculizar el trabajo de la Justicia», lo que justifica dictar una prisión preventiva como medida cautelar.