27 de agosto de 2026
La realidad de las trabajadoras de casas particulares es alarmante, con condiciones laborales cada vez más precarias y un Gobierno que legisla en su contra.
Miseria. Los valores salariales de referencia permiten verificar que los sueldos condenan a la indigencia a la totalidad del personal empleado.
Foto: Sandra Rojo
Suelen ser identificadas como «la mujer que me ayuda», un modo de restarle importancia a su labor, pertenecen al sector con los salarios más bajos de la economía argentina y constituyen el 14% de la población femenina ocupada. Según el sitio de la asociación civil feminista Ecofeminita, el 80% trabaja «en negro» y los empleadores no las registran porque consideran que la relación laboral se funda en la confianza y en los acuerdos de palabra. Las trabajadoras de casas particulares, de ellas se trata, son mayoritariamente el sostén económico de sus hogares y tienen, por lo general, hijos a cargo. Muchas limpian en distintos domicilios para redondear un ingreso miserable y, si en alguno de ellos prescinden del servicio, sufren un impacto que puede redundar en graves carencias alimentarias. Además, al no estar registradas, se les hace muy difícil acceder a cualquier tipo de créditos. A esas limitaciones se suma, en el caso de las trabajadoras con retiro, el carácter atomizado de la labor, factor que impide unificar reclamos ante los patrones y el Estado, generando así una evidente vulneración de derechos.
Aquellas que trabajan «cama adentro» suelen desarrollar jornadas de hasta 12 horas con el consecuente desgaste físico y a menudo sufren el maltrato de sus empleadores. Según el Estudio Cualitativo Sobre la Violencia y el Acoso en el Sector del Trabajo Doméstico, de la ONG Ela (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), es frecuente que la comida que se les proporciona sea de menor calidad que la de la familia a la que sirven. Si accidentalmente rompen algún elemento del hogar son severamente reprendidas y amenazadas con el despido y abundan los casos en que son sometidas a abusos por sus patrones o sus hijos varones. Proceden de provincias distintas a la de su nacimiento en el 15% de los casos, en contraste con el 10% de la población general, y la proporción se incrementa a más del doble en el caso de quienes llegan de países limítrofes.
Otro grave problema es el del trabajo infantil que, aunque las leyes argentinas y las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo lo prohíben expresamente, está naturalizado sobre todo en las provincias del noroeste, donde niñas de 10 o 12 años se hacen cargo de las tareas de los hogares que las acogen a cambio de casa y comida. La falta de controles y la paulatina desaparición de los sistemas de protección social afecta particularmente a las niñas que ven limitado su acceso a la educación, entre otras cuestiones que impiden su desarrollo integral. Cuando aceptan contar sus experiencias infantiles, la mayoría de las entrevistadas –que exigen el anonimato para no poner en peligro su situación– dicen que nunca tuvieron juguetes y muchas de ellas fueron entrenadas desde muy pequeñas por madres o abuelas para realizar labores domésticas y así colaborar con la manutención de la familia.
Mi madre no volvió
Un testimonio paradigmático es el de la abogada Juana del Carmen Brítez, presidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH) y de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) en Argentina, que ha logrado poner la problemática en la agenda social de la OIT, la ONU Mujeres y otros organismos internacionales. En el sitio de su organización local refiere en primera persona: «Cuando tenía 9 años, mi mamá nos dijo que iba a la verdulería y no volvió. Como hermana mayor, me quedé criando a mis dos hermanos de 7 y 5 años. Mi papá trabajaba en la construcción y apenas lo veíamos. Administrar el hogar, cocinar, limpiar y ocuparme del dinero fue mi realidad desde niña. Mis hermanos y yo nos movíamos como un equipo: al colegio, al club, en el tren… siempre cuidándonos entre nosotros. Cuando mi mamá regresó –años después– y nacieron tres hermanos más, tuve que dejar la escuela secundaria para trabajar como empleada doméstica en un hogar de terceros (tanto en la casa como en el negocio familiar). Así, viví dos formas de trabajo infantil: primero dentro de mi hogar y luego para otra familia. Fui madre de mis hermanos antes de ser niña. No conocí el cine hasta los 18 años. Mi papá me decía que cuando creciera, iba a tener que mantenerlo. ¿Por qué yo y no mis hermanos? ¿Por ser mujer?».
Condiciones laborales
Los valores salariales de referencia de las trabajadoras domésticas son negociados dentro de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp), el organismo oficial del Estado encargado de fijar los aumentos, los salarios mínimos obligatorios y las condiciones laborales para todo el país, la cual está conformada de manera tripartita por funcionarios estatales, representantes de los gremios del sector –el principal es la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp)– y de las cámaras y asociaciones que agrupan a las partes empleadoras. Los correspondientes al mes de junio, que se incrementaron un 1,4% en julio, permiten verificar que se trata de sumas que condenan a la indigencia a la totalidad del personal empleado. Si se toma como referencia el rubro «tareas generales», la categoría más demandada, el personal con retiro percibe $3.733,72 por hora y $458.033 por mes. Sin retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales. Además de este salario básico, los comprendidos en el acuerdo tienen derecho al 1% por año de antigüedad y a un adicional por zona desfavorable para las provincias del sur que equivale al 31% de los salarios mínimos. Pero las condiciones son aún peores, porque en la mayoría de los casos quienes han sido contratados para tareas generales son obligados a realizar otras correspondientes a categorías superiores –que también reciben remuneraciones paupérrimas– tales como cocina o cuidado de niños.
Lejos de visualizarse iniciativas oficiales que apunten al mejoramiento de esta situación que, en ocasiones, linda con la esclavitud, las autoridades gubernamentales han agravado las condiciones del personal no registrado con el dictado de la Ley Bases (27.742) que impuso cambios radicales, pero no en beneficio, sino en detrimento de los ya perjudicados. Así, se procedió a la derogación de la Ley Nacional de Empleo 24.013 y de la Ley 25.323, con lo que se eliminaron las indemnizaciones y multas a favor del trabajador por falta de registro o registro deficiente, y se creó un régimen supuestamente destinado a regularizar a empleados no registrados o mal registrados, para lo cual se condonaron hasta un 70% de las deudas o aportes y contribuciones a la seguridad social, al tiempo que puso en marcha la denuncia simplificada, que teóricamente permite al empleado a demandar la falta de registro ante las autoridades correspondientes. Para ello, se eliminó el costo punitorio para las empresas. Especialistas en el tema son categóricos al respecto: la falta de sanciones directas dificulta absolutamente el reclamo judicial que pudieran efectuar los trabajadores informales y exhibe los verdaderos objetivos de la norma que forma parte del ajuste que padecen todos los trabajadores.
