12 de septiembre de 2026
Julieta Caggiano es una de las integrantes del Observatorio de Tierras, creadores del mapa de extranjerización del país que fue clave en la lucha contra la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Su diagnóstico.
El que no salta es un inglés, sí, pero el suelo argentino en manos extranjeras tiene el mismo tamaño que toda Inglaterra. Aquel 15 de julio, el país entero vio la corrida de Messi y el cabezazo de Lautaro Martínez, pero el Observatorio de Tierras (espacio de investigación y análisis de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET) viene siguiendo desde mucho antes un partido que la patria celeste y blanca pierde y por goleada: el de su soberanía territorial. Y vienen relatando esa disputa con un extenso y riguroso mapa, que dimensiona minuciosamente el desarrollo de la problemática. Julieta Caggiano, socióloga, una de las integrantes de la organización, celebra de todas maneras que el Gobierno nacional haya dejado de lado la reforma a la Ley de Tierras en el Congreso, y lo define como «una gran victoria popular».
Los ecos de ese triunfo, sostiene Caggiano, empujaron al presidente Milei a impostar la súbita adhesión a la causa Malvinas: «No es un giro malvinero del presidente, es un manotazo de ahogado para salir de la difícil coyuntura, que también se le presentó tras la derrota legislativa del 6 de agosto. Es un oportunismo político alineado con los intereses de Estados Unidos y con la agenda que le marca Trump».
–¿Cómo analizás lo que pasó con la ley?
–Creemos que nosotros (el Observatorio) tuvimos que ver en el sentido de que intervenimos en el debate público con información certera y con una herramienta que la gente pudo apropiarse, e incluso que muchos medios y periodistas también pudieron tomar para elaborar sus propios discursos. Pero eso que estaba tomando fuerza en el verano y discutiéndose por varios lugares se planchó. Todo cambió cuando la sesión del 15 de julio se pospone. Fue lo del partido Inglaterra-Argentina, los jugadores sacan esa bandera («Las Malvinas son argentinas») que toca una fibra popular de elaboración de la cuestión de soberanía, de las causas nacionales. Creemos que a los senadores hasta les dio un poco de vergüenza tener que votar eso. Y a la vez empalmó con un trabajo legislativo de muchas organizaciones que están ahí adentro, que empezaron a querer armar estrategias de ver si se podían dar vuelta algún que otro voto. Ese trabajo previo fue tomado por el pueblo en sus manos. La calle terminó de torcer voluntades y esa parte de la ley cayó.
«Creo que la gran victoria del Observatorio fue instalar el nombre de Ley de Extranjerización y no el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.»
–Hubo también allí una batalla cultural, de sentido, ¿no?
–Totalmente. Creo que la gran victoria del Observatorio fue instalar el nombre de «Ley de Extranjerización» y no el de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». Junto a la herramienta del mapa, fue un concepto que pudo calar y caló.
–¿Se habrá rendido el Gobierno?
–No creo, esto es solamente un hito dentro de una larga lucha que tiene que ver con nuestros recursos estratégicos, con nuestros bienes naturales estratégicos, y qué destino y uso van a tener en las próximas décadas. Esto ni siquiera tiene que ver solamente con el Gobierno de Javier Milei, tiene que ver con una estrategia más amplia y de más largo plazo. Todo se vino profundizando desde los 90. Cuando en 2011 se sancionó la Ley de Tierras, hizo de dique de contención, pero ya había muchos lugares que estaban altamente transferidos. Eso no se fue para atrás porque las leyes no son retroactivas, pero congeló una situación muy preocupante en algunos lugares.
–¿Cómo pudieron llevar la discusión a los ojos porteños? Quiero decir, a lugares donde la idea de trabajar la tierra es lejanísima…
–Hay una discusión que siempre está atravesada por el tecnocentrismo, absolutamente. El mapa ayudó muchísimo a ponerle tamaño al problema. Cuando vos hablás con alguien de Buenos Aires, por ahí te dice, «bueno, ¿y cómo es esto?». Sin embargo, cuando hablás con alguien que vive cerca de la Cordillera o en zonas fronterizas, claramente ve el problema. ¿Por qué? Y, porque se tiene que ir, porque ya no puede alquilar, porque ya no puede vivir ahí, porque le obstruyen pasos y caminos, porque hay desalojos todo el tiempo, porque esas grandes empresas funcionan como economías de enclave. No se trata de un empresario que quiere venir a invertir en un tambo, son otro tipo de inversiones, son una economía que se instala en un lugar y la actividad que tiene es puramente extractiva. Entonces genera poca mano de obra, pocos puestos de trabajo, de mala calidad. Y muchas veces evade, porque el Estado argentino solamente controla en base a declaraciones juradas. No hay un control de todos esos espacios. Por ahí controlan espacios estratégicos como puertos.
«Esto es solamente un hito dentro de una larga lucha que tiene que ver con nuestros recursos estratégicos, con nuestros bienes naturales estratégicos.»
–Pero tampoco alcanza con eso…
–Y, miremos en nuestro mapa a Misiones: aparece en color rojo toda la zona a la vera del río Paraná. Eso está controlado mayormente por una sola empresa, Arauco. Y controlan los puertos, las salidas, incluso la selva misionera, que no existe más, es todo monocultivo de pino y eucalipto. Entonces eso seca los arroyos, las nacientes. El municipio de Puerto Libertad tiene el 85% de la tierra extranjerizada. Y el intendente quiere destinar 10 hectáreas para hacer un parque industrial y le tiene que pedir permiso a la empresa. Y no se lo dan.
–Estos enclaves superpoderosos tienen muchas banderas, incluso argentinas. ¿Por qué permitirle a unos sí y a otros no? Podría pensarse que terminan siendo lo mismo.
–No, no son lo mismo. Hay diferencia de tamaño e influencia. La de (Joe) Lewis es la sexta economía de Inglaterra. Yo no sé si nosotros tenemos terratenientes de esa talla. Un, por decir, Elon Musk, Peter Thiel, empresas como la Black Rock. La Barrick Gold. Hay magnates internacionales que tienen más poder que algunos Estados. Además, una cosa es tener los terratenientes que vos ya conocés, que tenés acá, y que si surge un conflicto lo dirimís en tu Justicia. Y otra cosa es tener magnates con mucho poder que se instalan en territorios estratégicos y donde si hay un conflicto el tribunal es Nueva York. No es lo mismo. Al conflicto que trae la concentración y la extranjerización le agrega una capa todavía de más anonimato, opacidad, y de poca capacidad o nula capacidad de intervención local.
–Hablando de dimensiones, ustedes llevan una lucha ampliamente desigual. De un lado, el capital concentrado en un puñado de personas, sus recursos, sus bancos, sus abogados… Del otro lado, un grupo de egresados de la UBA.
–(Sonríe) No pensamos en eso. Somos unos convencidos de que la universidad pública tiene un rol social muy importante y hay que intervenir. Es muy importante poder intervenir en un contexto de saqueo total, de destrucción de la ciencia y técnica de la universidad argentina, del salario nuestro, pero también de todos los argentinos. Queremos recuperar el rol de la investigación en ciencias sociales también, que muchas veces parece que no sirve para nada porque no genera un producto tangible. Estamos con un deterioro salarial tremendo, pero tenemos que intentar tener tiempo para desarrollarnos en medio de una hiperespecialización de la disciplina. A nosotros en el CONICET se nos exige, además, participar en congresos, viajar. Pero nadie te paga un viático, un pasaje. Antes había fondos, pero este Gobierno los destruyó.
«Somos unos convencidos de que la universidad pública tiene un rol social muy importante y hay que intervenir. Es muy importante.»
–¿Cómo es la tarea práctica del Observatorio para hacer su mapa?
–Nosotros pedimos datos al Registro Nacional de Tierras Rurales a través de las diferentes leyes de acceso a la información pública. Cruzamos esos números con lo que conocemos de presencia de empresas extranjeras, sus proyectos. Y nos nutrimos también de lo que nos dicen las comunidades originarias.
–¿Cómo creés que evolucionará el conflicto?
–Es un conflicto sobre el cual cada vez hay más conciencia, pero que todavía no se tradujo en un programa o proyecto alternativo. Quizás hay muchos esbozos y muchas herramientas. Nosotros tenemos cosas, nunca en nuestra historia tuvimos una red de 54 universidades nacionales, que pueden agregar valor, que puede pensar en algunas alternativas. Necesitamos plantear preguntas sobre las tierras: ¿cuánto se queda el Estado argentino? ¿En qué lo distribuye? ¿Cuánto queda de beneficio para esas poblaciones locales? ¿Qué límite se pone? Si es gente que está incumpliendo nuestra ley, ¿se puede avanzar en recuperar o no ciertos territorios, ciertos accesos a recursos estratégicos? Me parece que ahí hay como un camino a recorrer interesante.
–Y necesario.
–Creo que la representación política debería levantar el guante de un pueblo que dijo que le importaba discutir este tema.
