2 de octubre de 2026
Alex Karp, CEO de Palantir, sorprendió al sugerir la necesidad de nacionalizar a las empresas que desarrollan inteligencia artificial generativa. Detrás de una supuesta preocupación por la seguridad se esconde la eventual cobertura estatal ante un colapso financiero.
Karp. Administra Palantir, empresa creada por Peter Thiel, uno de los proveedores que más ha crecido en la administración Trump.
Foto: Getty Images
Los pedidos de nacionalización de las grandes empresas suelen venir desde la izquierda más radical y se podría decir que, además, ya nadie habla de eso. Por eso llamó la atención que Alex Karp, el CEO de Palantir y conocido por su retórica dura, sugiriera que el mejor camino para las grandes empresas de IA Generativa (IAG)sería la nacionalización. Durante una entrevista de la semana pasada en el canal estadounidense CNBC, con su habitual intensidad y vehemencia –que lo llevan a interrumpirse a sí mismo constantemente– aseguró: «Creo que su postura es que estas empresas tienen que ser nacionalizadas porque, si no se nacionalizan, todos y cada uno de mis clientes van realizar demandas».
¿Qué está diciendo Karp realmente? ¿Qué se lograría nacionalizando la industria en la que EE.UU., tanto Estado como sus empresas, parece haber apostado a todo o nada? Es necesario repasar la evolución de este creciente conflicto para comprender qué está en juego.
No es la regulación
El argumento de Karp sobre la nacionalización como único camino razonable se suma a otras declaraciones críticas respecto de los modelos centralizados de IAG de OpenAI y Anthropic. Karp sabe de lo que habla porque es el responsable de Palantir, creada por su viejo amigo Peter Thiel, uno de los grandes inversionistas en IAG. Esta empresa utiliza distintas herramientas de IA para organizar grandes cantidades de información que sus clientes tienen dispersas; de esta manera logra reunir en una sola plataforma todo lo que sus clientes saben sobre su negocio o, en caso de los usos estatales, sobre un área. Cabe recordar que Palantir es uno de los proveedores que más ha crecido durante la administración Trump gracias a contratos con el servicio migratorio (ICE) o el servicio fiscal (IRS), entre otras reparticiones del Estado, además del aparato militar. Es sabido que fue uno de los encargados de planificar el bombardeo a Irán y el secuestro de Nicolás Maduro. Para llevar adelante estas tareas Palantir utiliza servicios de IAG de otros proveedores como Anthropic. De hecho, esta última empresa tuvo un conflicto legal con el Gobierno cuando se negó a permitir que sus modelos de IAG tomaran decisiones autónomas cuando manejan armas letales.
El problema que tanto Karp como otros grandes empresarios (incluido nada menos que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, empresa socia de OpenAI) están empezando a comprender es que cada vez que usan los servicios de IAG están compartiendo sus datos más sensibles, su «IP» como la llama Karp, es decir, su «propiedad intelectual». Además, cada interacción con esos modelos los mejora, por lo que la información se incorpora al conocimiento del modelo. Según Karp, sus clientes están «descubriendo que su competidor en la oficina de al lado tiene toda su información».
Los desarrolladores de IAG aseguran que todos los datos utilizados para entrenar a los modelos están anonimizados, es decir, que no se sabe de quién son y que nunca un documento cargado se compartirá con otras empresas. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, una farmacéutica discute con una IAG una nueva fórmula para un medicamento? ¿O si Palantir consulta cuáles son los puntos más débiles de las defensas iraníes y luego los iraníes le preguntan a ese modelo cuáles son los puntos más débiles que sus enemigos pueden atacar? La misma pregunta se puede reponer sobre el uso de datos sobre ingresos, costos, métodos de organización, campañas de marketing, ideas artísticas o lo que sea. ¿Cómo saber que esa dialéctica con un modelo de IAG no termina mostrando algo que luego se comparte con un competidor?
Este problema no tiene salida en los modelos centralizados. Pese a las promesas, lo cierto es que los modelos de IAG funcionan dentro de cajas negras en las que no se sabe bien qué pasa. Por otro lado, las empresas utilizan todo tipo de documentos, sin discriminar ni filtrar, para entrenar sus modelos. Para peor, las corporaciones tienen un largo historial de usar mentiras para seguir con sus negocios, por lo que resultaría ingenuo creerles.
Frente a este problema, Karp, junto a muchos otros tecnócratas, firmó una carta pidiendo que no se prohíba una alternativa a los modelos centralizados: los modelos de pesos abiertos. Este tipo de IAG son más pequeñas, baratas, se instalan en servidores locales y, si uno quiere, puede no conectarlos a la red. Y si lo hace porque necesita más capacidad de procesamiento, puede decidir no compartir determinada información. El problema es que los más exitosos de estos modelos provienen de China, lo que genera un problema tanto económico como de seguridad, según argumenta el Gobierno de EE.UU.
A Karp, en definitiva, le preocupa exponer la información sensible de sus clientes, algo que puede generar un sinnúmero de demandas. Según él, es necesario «limitar la responsabilidad, tanto frente a la empresa como frente a los riesgos», y «se debe transferir el negocio al Gobierno». Como empresario, puede tener preocupación por no ser demandado por sus clientes, pero la nacionalización no resolvería el problema de fondo de que datos sensibles terminen en manos de competidores y los clientes dejen de usar sus servicios completamente. ¿Puede haber otras razones?
Bailout II
En noviembre del año pasado, la jefa de finanzas de OpenAI Sarah Friar dijo en un evento, como al pasar, que las empresas de IA deberían contar con garantías del Estado para sus ambiciosas inversiones. Rápidamente, todos interpretaron que estaba hablando de un posible rescate (bailout) en caso de que las cosas no salieran acorde al plan. Sam Altman, CEO de OpenAI, y el Gobierno de los EE.UU. salieron a negar explícitamente esa posibilidad. El ultimo «bailout», duramente criticado por Trump en su campaña de 2016, lo hizo Barak Obama para salvar a los bancos y fondos de inversión luego de la explosión de la burbuja de préstamos subprime de 2008.
En la actualidad, con un sinnúmero de señales de que el negocio de la IAG centralizada y carísima de estas empresas no podrá recuperar lo invertido, los inversores están preocupados. ¿Cómo podría resolverse esto antes de que todo estalle y el costo sea aún peor? Claramente, la nacionalización de estas empresas por «cuestiones de seguridad» sería una excelente opción para los inversores y las empresas que le pasarían el problema al Estado y a los contribuyentes. No es eso lo que dice Alex Karp, pero no es difícil suponer segundas intenciones.
Donald Trump ya dio numerosas señales de que su apuesta por la IAG no tiene marcha atrás. Es una cuestión de Estado, necesaria para no ser, según él, superado estratégicamente por China. De hecho, cuando recientemente los empresarios líderes de la IAG pidieron bajar el ritmo del desarrollo para evitar sorpresas negativas, se negó. Todo el «marketing del apocalipsis» reciente también contribuye a la idea de que este desarrollo es demasiado poderoso para dejarlo en manos de privados. Tal vez el problema no sea tanto su «peligro» para la humanidad, sino que solo da pérdidas desde sus comienzos y nada indica que se volverá rentable en el futuro. Un rescate del Estado norteamericano disfrazado de preocupación por la seguridad podría ser la salida más elegante disponible en este momento. No es que haya muchas más a mano.
