El nuevo marco contempla un conjunto de iniciativas y herramientas impositivas para estimular la inversión, pero las entidades del sector piden que se protejan las fuentes laborales, se controlen las importaciones y se estimule el mercado interno.
9 de noviembre de 2016
Diagnóstico. La norma fue impulsada por el gobierno para clausurar la discusión sobre la defensa del empleo y el consumo. (Horacio Paone)
Casi cuatro meses después de su aprobación en el Congreso, el gobierno reglamentó algunos de los artículos incluidos en la Ley Pyme, una iniciativa que se gestó al calor de la emergencia ocupacional y que el oficialismo transformó –según la oposición– en un proyecto vaciado de su contenido original. El programa aprobado en julio pasado se compone de una serie de beneficios impositivos (ver recuadro) pensados más para grandes empresas que para pequeñas y medianas, ya que está basado en el concepto de estimular la oferta y no en proteger la demanda interna y el empleo. Las principales deducciones tendrán además impacto recién a mitad del año próximo y poseerán carácter transitivo.
«Se la usó como excusa para cortar la discusión en un momento en que el tema era mantener las fuentes laborales. El resultado fue un proyecto que nada tiene que ver con las demandas pymes actuales», explicó el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Eduardo Fernández.
El Poder Ejecutivo reglamentó el mes pasado la ley que creó el Programa de Recuperación Productiva para pequeñas y medianas empresas, aprobada por el Congreso en julio pasado. A través del decreto 1.101 publicado en el Boletín Oficial se reglamentan puntualmente los Títulos II, III y V de la Ley Nº 27.264. La norma avanza con un tratamiento impositivo especial a los sujetos que encuadren en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Sin embargo, según explica Fernández, las medidas están pensadas más para empresas medianas (grado II) –más cercanas a la facturación de las grandes–, con hasta 45 millones de pesos mensuales de facturación. Mientras que la ley es publicitada por el gobierno como una reparación a las pymes para que puedan seguir creciendo y generando puestos de trabajo.
Vaivén legislativo
La norma se aprobó en tiempo récord y logró un amplio consenso en ambas cámaras, pero se quedó a medio camino de las necesidades del segmento que genera ocho de cada diez puestos de trabajo. «La ley fue algo histórico, porque se atendió el pedido de las pymes de hace muchos años. Siempre se puede pedir algo más», sostuvo el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, quien destacó medidas como la eliminación del Impuesto a la Ganancia Presunta y el diferimiento del IVA por 180 días. «Así van a tener este pedal para calzar con sus facturas», agregó.
El proyecto oficial ingresó para clausurar la discusión que se tenía en la primera parte del año respecto a la protección de las fuentes de trabajo y el mercado interno. Desde distintos bloques de la oposición se presentaron proyectos, uno de ellos fue el del Partido Solidario que impulsaba crear el Plan de Asistencia Nacional a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que constaba de un conjunto de herramientas para garantizar su sustentabilidad económico-financiera y preservar sus niveles de empleo durante 180 días, con posibilidad de prórroga. «El gobierno presenta esta iniciativa y echa por tierra la discusión de la doble indemnización», explicó Fernández. En respuesta al lobby de las grandes corporaciones, el gobierno se interpuso a esas propuestas y adujo que era un problema para las pymes. «Es un error haberlo pensado como parte del problema. El objetivo era tener un sistema productivo que genere y mantenga puestos de trabajo, frene las importaciones, defienda las economías regionales y mantenga el empleo», agregó el titular de APYME.
Finalmente, el Congreso aprobó una ley que no atiende a la actual situación de las pymes, sino a un programa tradicional de largo plazo para aumentar la inversión sobre la base de reducción de impuestos. «La actual ley está pensada a partir de un diagnóstico que no existe, porque está planteada para incentivar la oferta. En este momento, el problema no es la falta de inversión, sino de demanda. No necesitamos un incentivo para ampliar el personal, sino para ver cómo mantener las nóminas actuales», explica el economista Jorge Marchini.
«Sobre la situación actual de las pymes, en diez meses de este modelo socioeconómico hay hechos irrefutables. Hubo un retroceso del nivel de actividad, con una fuerte caída del mercado interno. Todo esto deriva de una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, y una caída de la demanda. También hubo un cambio relativo en los patrones de consumo y la competencia con las importaciones alcanzó un nivel inmanejable», destacó Fernández. Para mejorar esta situación, según explica Marchini, es necesario reflotar la idea de emergencia pyme.
