6 de noviembre de 2023
Se abre un nuevo debate: la interrupción voluntaria de la vida, basada en el respeto a la autonomía y la toma de decisiones sobre el propio cuerpo.
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«De esta posición de cuerpo objeto en que me ubicaban los otros yo siento que pasé a ser, con toda esta experiencia, un cuerpo sujeto porque finalmente la vida se basa en el cuerpo». Así se manifestaba la antropóloga Adriana Stagnaro, militante por el derecho a la muerte y paciente con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), quien falleció en el mes de octubre sin haber tenido la posibilidad de decidir cómo morir. Sus declaraciones se dieron en el marco de la mesa de debate «La eutanasia como derecho», que se llevó a cabo el mes de agosto en Diputados. Y agregaba: «El cuerpo situado, atravesado por todas estas dimensiones y condiciones, puede ser valorado solo por la óptica o perspectiva de quien tiene el derecho de decir cuánto sufro: yo».
A lo largo de los últimos 40 años de democracia en el país se debatieron y aprobaron leyes que involucran decisiones personalísimas y respetan la autonomía sobre el propio cuerpo. Hoy, cinco proyectos legislativos, tanto en Diputados como en el Senado, ponen en agenda parlamentaria la conquista de un nuevo derecho: la interrupción voluntaria de la vida.
Una de las iniciativas es el proyecto de Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida presentado por la diputada Mara Brawer, que cuenta con aporte de investigadoras e investigadores del Conicet que integran la Red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida. La propuesta se enmarca a partir de la necesidad de crear un marco legal en materia de eutanasia y suicidio médicamente asistido, «con la convicción de que estas prácticas son derechos que expanden el rango de decisiones posibles de las personas en el final de la vida», tal como lo señala la Red en un documento.
El mismo trabajo da cuenta de que la eutanasia es «el procedimiento médico que consiste en poner fin a la vida de una persona que padece una condición de salud irreversible que le provoca un sufrimiento físico o psicológico profundo y persistente, y que solicita de manera clara e inequívoca la aplicación de este procedimiento», mientras que el suicidio médicamente asistido se diferencia en el acto final de provocar la muerte, que es realizado por la misma persona facilitado por un profesional médico.
Más derechos
En diálogo con Acción, Mara Brawer explica que su proyecto «autorizaría las dos opciones, porque en realidad el concepto es la autonomía de la persona, la decisión sobre su propia vida y su propia muerte en determinadas condiciones y el libre albedrío para elegir el método».
«Se trata, fundamentalmente, de una ampliación de derechos» dice, y detalla que el procedimiento requiere del cumplimiento de ciertos requisitos. «La persona tiene que estar atravesando una situación a causa de una enfermedad grave e incurable, de una lesión o de un padecimiento crónico o grave, progresivo e imposibilitante, o que esté sufriendo intensos dolores o padecimientos psíquicos o una condición de gran dependencia y disminución de su integridad y que a juicio de las personas resulten indignos o intolerables».
Los requisitos para pedir cualquiera de los dos procedimientos son transversales a todos los proyectos presentados, algunos difieren en los tiempos del proceso y Brawer destaca que no existen grandes diferencias: si bien «el debate está en pañales y como toda ley que amplía derechos llevará su tiempo», dice, de todos modos celebra el consenso y resalta la transversalidad. Hay iniciativas presentadas por el diputado Julio Cobos y la diputada Jimena Latorre –«lo firman desde Martín Tetaz hasta Margarita Stolbizer»–, y en el Senado por Alfredo Cornejo. El proyecto de Mara Brawer está acompañado por las firmas de Daniel Gollán, Hugo Yasky, Carolina Gaillard, Gabriela Estévez y Carolina Moisés.
«Sentimos que hay mucho apoyo por parte de la sociedad porque son leyes que afectan en forma directa la vida de las personas: todas tienen una historia de sufrimiento cercano para contar», reflexiona la legisladora, que tiene la expectativa de que este año, desde la Comisión de Salud, se realicen «todas las reuniones informativas necesarias» para dar inicio al debate parlamentario.
Cabe aclarar que en Argentina está vigente la Ley de Derechos del Paciente, mal conocida como ley de muerte digna, que establece el derecho a no extender los tratamientos médicos cuando el paciente tiene una enfermedad irreversible.
Esta norma permite pedir el cese de la intervención médica. En este sentido, Alfredo Cornejo declaró que el proyecto «es superador de la muerte digna, que queda sumamente incompleta y que en muchos aspectos transforma a la muerte digna en bastante indigna».
Mara Brawer aclara que el proyecto de muerte médicamente asistida implica una decisión «personalísima» y esa voluntad debe ser manifestada en forma fehaciente porque «de ninguna manera lo puede hacer un tercero; nadie más que uno puede interrumpir su vida». Y aprovecha para señalar la importancia de las llamadas «decisiones anticipadas». «Tanto con la ley vigente como en el caso de que se apruebe la ley en debate es necesario dejar un registro en forma fehaciente sobre cómo y en qué condiciones queremos dar fin a la vida en caso de llegar a esta situación; es importante que las personas hagan decisiones anticipadas para evitar que otros las tomen».
Libertad para decidir
Morir en libertad se titula el libro editado en 2016 por el Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona. Consultada por Acción, la prestigiosa jurista y exjueza de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza Aída Kemelmajer desmenuza este concepto y explica que «la persona tiene el derecho a vivir, a que otro no la prive ilegítimamente de su vida en contra de su voluntad; pero no tiene la obligación de vivir, privada de toda posibilidad de tomar decisiones sobre su proyecto de vida; por eso, tiene libertad para decidir cuándo concluir con ese proyecto; el derecho a morir en libertad». Y agrega: «Hay que tener en claro que la ley no obliga a utilizar la eutanasia, como no obliga a abortar, ni a casarse; todos son espacios de libertad para el ejercicio de nuevos derechos».
Para Kemelmajer, en los últimos años, tanto la legislación como la jurisprudencia de la Corte Suprema dieron pasos importantes en favor de la autonomía personal de los pacientes. Sin embargo, considera que el camino recorrido es todavía insuficiente para quienes desean poner fin a su vida «porque sufren una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico, que les imposibilita llevar adelante su propio proyecto de vida». En estos casos, sostiene, «es necesaria una ley que le permita solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir por parte de los servicios del sistema de salud, obviamente, después de acceder a toda la información necesaria».
Desde el punto de vista jurídico, la doctora en Derecho explica que los diversos proyectos presentados «contienen artículos cuya finalidad es que la ley tenga eficacia, es decir, que no quede en una declaración, sino que se cumpla». En este sentido, dispone que el personal de salud tiene la obligación de garantizarle al paciente trato digno, privacidad, confidencialidad, respeto por la autonomía y acceso a la información.
«De aprobarse, este proyecto será un nuevo hito en el proceso de secularización del derecho, como fueron las leyes de matrimonio civil, la ley del divorcio vincular, la ley del matrimonio igualitario, la de identidad de género, la de interrupción voluntaria del embarazo y tantas otras que siempre contaron con la resistencia de los grupos religiosos fundamentalistas», concluye Kemelmajer y advierte que «ya hay algunas publicaciones emanadas de personas que pertenecen a esos grupos que se oponen a la sanción».
Consensos
Hasta ahora, el tema tiene, además de consenso legislativo, números que revelan el apoyo de la sociedad y la comunidad médica. El vicepresidente de Asuntos Científicos del Conicet, Mario Pecheny, presentó los resultados más relevantes de un estudio que realizó el organismo en los últimos tres años entre 745 profesionales de la salud que atienden pacientes graves. De allí se desprende que el 45% de los profesionales recibió pedido de información sobre eutanasia por parte de pacientes y el 53% por parte de familiares de pacientes; el 31% de los profesionales recibió el pedido de la práctica de eutanasia por parte de pacientes y el 37% por parte de familiares de pacientes, mientras que el 80% de los encuestados está a favor de legislar y el 15% en desacuerdo.
En tanto, una encuesta Nacional del Observatorio Pulsar UBA evidencia que el 72% de los encuestados está de acuerdo con que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas. «El papel de las investigaciones es proveer evidencia de datos a quienes necesitan de estos para tomar decisiones», dijo Pecheny, y señaló que «hay que escuchar a los y las pacientes».
El derecho esencial a decidir cómo, dónde y de qué forma morir ya está en discusión. Un camino necesario para permitir que cada persona, en situaciones límites, pueda decidir con autonomía y plena capacidad, con información y libre consentimiento. Así lo resumía entonces: «Estoy muy emocionada por sentir que lo que en principio pensaba que era un encapsulamiento y la soledad total, y hasta incluso la ilegalidad ante la respuesta de médicos y gente de la salud, ahora es un clamor. Y que puedo hablar libremente de muerte, de vida y de eutanasia». A Stagnaro se le negó la posibilidad de decidir cómo morir, pero su voz abrió el camino.
