12 de noviembre de 2023
Tras obtener un amplio triunfo, Bernardo Arévalo deberá sortear los obstáculos que el poder concentrado está generando para evitar su asunción a la presidencia.
Balotaje. Arévalo y Herrera fueron elegidos democráticamente con el 60% de los votos.
Foto: Getty Images
Hasta el 14 de enero de 2024 Guatemala vivirá en la incertidumbre. Ese día, el político, sociólogo y escritor Bernardo Arévalo deberá asumir la presidencia de la nación para la que fue elegido, democráticamente, por el 60% de los guatemaltecos. ¿Asumirá? Y si llega a hacerlo, ¿podrá gobernar o gastará su mandato sorteando los obstáculos que el «poder fáctico» le vaya poniendo en el camino?
El triunfo de Arévalo y su Movimiento Semilla fue inesperado e indigerible para las fuerzas que han detentado el poder en Guatemala en las últimas décadas. El impacto ha sido tal que las tensiones políticas y sociales subterráneas afloraron y hoy chocan a cielo abierto. Se trata, básicamente, de dos contendientes: los sectores populares, progresistas, muchos de ellos vinculados con los pueblos originarios, y la élite neocolonial política, empresarial, judicial, militar y mediática (que la sabiduría popular ha bautizado «pacto de corruptos»), asociada con el narco y el crimen organizado, y que cuenta con luz verde de Washington.
Para los guatemaltecos, el apellido Arévalo se hunde en la historia más profunda del país. El padre de Bernardo, Juan José, fue el primer presidente electo democráticamente (1945-1951) y junto con su sucesor, Jacobo Arbenz, inauguró una década de grandes avances económicos y sociales, sobre todo para las clases trabajadoras.
Una curiosidad: Juan José Arévalo se doctoró en Filosofía y Ciencias de la Educación en Argentina (Universidad Nacional de La Plata, 1934) y, en 1936, fue titular de la cátedra recién creada de Literatura en la Universidad Nacional de Tucumán. Como presidente de Guatemala sufrió 30 intentos de golpe de Estado organizados por Estados Unidos. Perder las riendas de América Central era inconcebible para Washington. Como explica el historiador norteamericano Greg Grandin: «En Guatemala, la CIA probó nuevas técnicas de guerra psicológica. Con el fin de generar ansiedad e incertidumbre, plantaron historias falsas en la prensa guatemalteca y norteamericana y organizaron una serie de atentados con bombas en el país». Finalmente, el 27 de junio de 1954, la CIA derrocó al sucesor, Jacobo Arbenz. Fue la primera operación de este tipo en América Latina y la segunda en el mundo, en plena la Guerra Fría. La primera había sido la Operación Ajax, en 1953, para derrocar al gobierno democrático del primer ministro de Irán, Mohamed Mosaddeq.
Persecución
Como su padre, Bernardo Arévalo es un militante comprometido con las luchas populares. Es uno de los fundadores del partido Movimiento Semilla con el que se presentó para las elecciones presidenciales 2023. Triunfó en el balotaje del pasado 20 de agosto con el 60%, 20 puntos más que su rival, la candidata y ex primera dama, Sandra Torres (39%).
La persecución contra Bernardo Arévalo comenzó desde que se conoció su victoria. Un breve resumen puede dar la idea de la maquinaria que puso en marcha el Pacto de Corruptos para boicotearlo. La fiscal general, Consuelo Porras –hoy el pueblo clama en las calles por su renuncia–, ordenó allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por medio de ella, de un fiscal especial y un juez que carecen de jurisdicción en el ámbito electoral se secuestraron urnas y actas oficiales que le daban el triunfo a Arévalo. A pesar de la «reserva» de información, se conoció que fueron amenazados aquellos magistrados del TSE que se negaban a «colaborar».
También como parte de una serie de maniobras inconstitucionales o muy floja de papeles, se suspendió la personería jurídica del Movimiento Semilla y se abrieron investigaciones contra sus diputados en el Congreso de la República. Mientras tanto, los medios hegemónicos no dejaban de desprestigiar al presidente electo.
El escándalo trascendió las fronteras de Guatemala. Luego del cuarto allanamiento al TSE, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, finalmente, informó sobre el «ataque sin fundamento ni motivación clara al órgano electoral, que atenta contra su independencia y autonomía».
Entretanto, el pueblo de Guatemala no fue indiferente a los atropellos contra su derecho a elegir libremente a quién lo presidirá. Desde hace dos meses –con algunas breves interrupciones– el pueblo está en la calle defendiendo a Bernardo Arévalo y a su vice, Karin Herrera, al tiempo que exige la renuncia de Porras.
Paro nacional
En los primeros días de septiembre, estudiantes universitarios, trabajadores y sobre todo los movimientos indígenas expresaron su descontento. Se sumaron inmediatamente sectores populares, clases medias y profesionales de la salud. En el enojo actual anida el presente y el pasado de Guatemala, con una clase dirigente profundamente racista, patriarcal y corrupta; un país con importantes recursos naturales (petróleo, níquel, maderas raras, energía hidroeléctrica), pero donde el 55,2% de sus 18 millones de habitantes vive en la pobreza.
Guatemala, como la mayoría de la Patria Grande, es multicultural y multiétnica, aunque sus clases dirigentes, históricamente, lo han negado. El 56% de la población es mestiza (o ladina, como se llama localmente); el 41,7% es maya y cerca del 2% xinca (indígena no maya). La lengua oficial es el castellano, hablado por el 70% de la población; el 30% restante habla maya u otros idiomas indígenas.
En la actual protesta social, los pueblos originarios han tenido el liderazgo. La Junta Directiva y el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones fueron los convocantes al paro nacional, a movilizarse pacíficamente en defensa de la democracia y a protestar contra el Pacto de Corruptos, encabezado por el presidente saliente, Alejandro Giammattei, la fiscal Porras y una lista enorme de fiscales, jueces, dueños de medios de comunicación y organizaciones de extrema derecha, entre otros.
El respaldo a Arévalo ha tenido también importantes figuras internacionales. Los presidentes Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia) alertaron en distintos foros sobre un posible golpe de Estado en Guatemala. También el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respaldó públicamente a Arévalo.
Estados Unidos (para quien el control absoluto sobre América Central ha estado siempre entre sus máximas prioridades) se mantuvo ambiguo hasta fines de octubre. El cambio se registró el martes 24 de octubre, cuando el subsecretario de Estado, Brian Nichols, llegó a Guatemala y se entrevistó con Arévalo y Herrera.
«Compartimos con el presidente electo nuestro firme compromiso para apoyar el proceso democrático de Guatemala y promover la transición pacífica a su administración el 14 de enero. Espero trabajar más con su equipo cuando asuma el cargo», dijo Nichols.
Una clara política de control de daños en una región que lucha por ejercer políticas soberanas como son los casos de Daniel Ortega en Nicaragua y Xiomara Castro en Honduras. Guatemala limita con México, Honduras y El Salvador, cuyo presidente, Nayibe Bukele, independientemente de la opinión que merezcan sus políticas, ha tenido críticas duras contra Estados Unidos.
Con las declaraciones del enviado estadounidense, puede esperarse que disminuyan las operaciones contra la asunción del presidente electo el próximo 14 de enero. La gran pregunta que queda en el aire es si Arévalo, partidario de la moderación, tendrá la fuerza para cumplir con el plan de acabar con la corrupción, gobernar para las grandes mayorías y evitar la tutela de los estadounidenses. Cuenta con el apoyo popular. ¿Será eso suficiente?